Estudiar una carrera ya no te protege del riesgo de pobreza

La esperanza de progresar suele ser el motivo por el que muchos continúan sus estudios más allá del bachillerato. Pero ¿sabías que más de un millón de personas con título universitario está en riesgo de pobreza en España? La promesa de realizar estudios universitarios aparejada a encontrar trabajos de calidad se ha desvanecido.

Gran parte de las personas en riesgo de pobreza son españolas, en concreto, el 81%, y muchas de ellas cuentan con un nivel educativo medio o alto. En total, el 13,8% tiene estudios superiores y el 56%, estudios medios. Lo que supone, según el sociólogo, investigador de EAPN y autor del informe ‘El Estado de la Pobreza’, Juan Carlos Llano, una ruptura con “el estereotipo dominante sobre las personas en situación de pobreza”. Niños en la pobreza, personas mayores en la pobreza, universitarios en la pobreza, titulados en la pobreza. En nuestro imaginario asociamos pobreza y miseria, pero esta “identificación es radicalmente falsa”, advierte.

En total, el año pasado 12,3 millones de personas, el 26,6% de la población, se encontraba en riesgo de pobreza en España. A pesar de haberse producido un descenso, quienes se encontraban en esta situación empeoraron aún más si cabe sus condiciones de vida. En palabras de Llano, “los datos muestran un claro empeoramiento de la situación de los grupos más vulnerables. Han aumentado las desigualdades basadas en la renta, en el género, en la edad y en la discapacidad”.

Así se desprende del estudio “El Estado de la Pobreza. España 2018 VIII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión” presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebra cada 17 de octubre. Este informe, basado en el estudio de la evolución del indicador de referencia AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), ofrece una visión global sobre el impacto que la pobreza y la exclusión tiene sobre la población en España.

Y es que en los últimos diez años ha aumentado el número de titulados universitarios en riesgo de pobreza: son 320.000 personas más. “Desde el año 2012 se incrementa ininterrumpidamente el porcentaje de personas pobres mayores de 16 años que cuentan con educación superior”, recalca Juan Carlos Llano. A pesar de que, según sus palabras, “está más que probado que el nivel educativo tiene estrecha relación con los logros en la vida laboral y profesional”, los cimientos para luchar contra la pobreza se debilitan. “Las bases sobre las que hemos edificado la protección contra la pobreza, el trabajo y el nivel educativo, siguen siendo importantes, pero han perdido potencia”, indica.

Pero volvamos a este 13,8% que tiene estudios superiores. ¿Cómo se explica? Ante esta cuestión, el autor del informe incide en que las razones de la pobreza “no dependen del esfuerzo personal”, sino que son “estructurales”. En palabras de Llano, “la propia existencia de titulados universitarios pobres lo demuestra: han estudiado, que era lo que se les pedía y lo que iba a asegurarles condiciones de vida dignas, sin embargo, son pobres. Si entendemos que la pobreza depende de las políticas, el consejo sería votar”. El doctor en Psicología e investigador en WorkForAll (Universidad de Oviedo), José Antonio Llosa, coincide con él: “Se vuelca la responsabilidad de una situación estructural sobre los hombros de personas individuales, sin acudir a la raíz de las problemáticas que atraviesa la juventud en la actualidad”.

Trabajadores… ¿empobrecidos?

Trabajadores… ¿empobrecidos?Aparte de las tasas de paro, se suma la precariedad en el empleo, que ha aumentado en los últimos años. A pesar de que las personas con nivel educativo superior cuentan con una renta media mayor que quienes tienen estudios básicos, trabajar ya no es sinónimo de vivir en condiciones dignas; en muchas ocasiones esta premisa no es excluyente a la hora de hablar de pobreza. Es uno de los retratos que la crisis ha dejado a su paso: el de los trabajadores pobres. El 14,1% de las personas ocupadas en España se encuentra en riesgo de pobreza. Estos datos sitúan a España como el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de trabajadores pobres, una situación que resulta “tan desgastante como el desempleo” en términos de salud mental, según José Antonio Llosa.

“Hasta hace muy poco a la formación universitaria se le presupuso el desarrollo posterior de un empleo en condiciones dignas. Hoy ese presupuesto no existe y la formación superior no necesariamente se traduce en empleos de calidad. La promesa de que una carrera universitaria conllevará un ‘buen empleo’ no existe”, ratifica Llosa.

En términos generales, esta situación produce “un retroceso social, ya que la actual generación de jóvenes es la primera que vive y vivirá peor que sus padres desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, recalca. La precariedad en el empleo provoca una “ruptura de expectativas”, que da lugar a un “clima de frustración entre la juventud titulada española”. No obstante, no todo es negativo: esta situación “seguramente será motor de cambio”. Según Llosa, ante estas circunstancias, “la juventud -y la población en general- no se mantiene impasible”.

Queda apenas un año para que cumpla el plazo de la Estrategia Europa 2020, cuyo objetivo es que la Unión Europea consiga un crecimiento “inteligente, sostenible e integrador” y cuyo compromiso de España es reducir -entre 2009 y 2019- entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Lo conseguiremos?

Estar en riesgo de pobreza, ¿dónde acudir?

Estar en riesgo de pobreza, ¿dónde acudir?Aparte de los servicios sociales de cada comunidad autónoma, existen numerosas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que ayudan a amortiguar el golpe de la pobreza en nuestro país. Desde el punto de vista particular, se puede solicitar un certificado o informe de persona en riesgo de exclusión, que acredita esta situación y da acceso a bonificaciones fiscales. También existen ayudas y subsidios que se pueden solicitar a través del Servicio Público de Empleo Estatal, cuya cuantía depende de la situación personal.