Opinión de Jordi Sevilla

¡Es el cutrecapitalismo, estúpidos!

El economista Jordi Sevilla habla esta semana del mercado laboral español y de la precariedad de los asalariados del país

Imagen de archivo de una oficina del Inem

Imagen de archivo de una oficina del Inem / economia

Jordi Sevilla

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Nunca hemos sido capaces de ofrecer trabajo a todos los ciudadanos que quieren trabajar en España y nunca hemos sido capaces de proporcionar un trabajo digno a todos los que trabajan. Este es el núcleo real de nuestros problemas laborales, que no se resuelve cambiando la legislación, sino el aparato productivo de nuestro país. Necesitamos más empresas, mejores empresas y empresas más grandes.

Mantener, durante cuatro décadas, un paro que duplica la media europea es la prueba de lo primero, como el hecho de que el 48% de los asalariados viven una situación de precariedad, según el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante que lo ha medido, en colaboración con CCOO mediante siete indicadores y tres dimensiones, es prueba evidente de lo segundo. Por ejemplo: casi la mitad de los 300 millones de horas extraordinarias que se contabilizan al año, no son retribuidas por el empresario.

Nuestro aparato productivo, público y privado, es escaso para la población que tenemos y contiene una parte sustancial del mismo altamente ineficaz. Junto a empresas globales que compiten con ventaja en los mercados internacionales, subsisten otras que solo son rentables trampeando las normas y precarizando a los trabajadores. Ese último tejido empresarial mal formado y poco preparado forma parte de ese 37% de empresas españolas que, según el DESI (indicador europeo de digitalización) tiene un nivel de intensidad digital "muy básico" y de ese 85% de pymes españolas que, según COTEC, no desarrolla ningún tipo de actividad de I+D+i. Recordemos que, si la renta per cápita española está a escasos nueve puntos de la media europea, nuestra inversión en I+D per cápita no llega ni a la mitad.

Dos datos más abonan la tesis: el 98% de nuestras empresas tiene menos de 50 trabajadores y dan trabajo al 42% de los ocupados. Y un 21% son microempresas (menos de diez). Esto quiere decir que más de dos millones de trabajadores, no tienen órganos de representación colectiva en sus empresas y otros cuantos millones, aunque eligen delegados sindicales, no tienen reconocido la existencia de un comité de empresa lo que, sin duda, incrementa la discrecionalidad del poder del dueño. Segundo dato, conocido pero olvidado: con la misma normativa en todo el territorio, existe en España una amplia disparidad de situaciones laborales que va desde una tasa de empleo del 56,7% en una Comunidad, al 44,5% en otra. O en una tasa de paro máxima del 20% en una zona y una mínima del 9% en otra.

Problema estructural

No estamos pues ante un problema en el mercado de trabajo originado por nuestra legislación laboral, ni que pueda encontrar solución por mucho que la reformemos. Estamos ante uno de los más claros y graves problemas estructurales de nuestra economía que afecta al conjunto de la vida social. Y añado tres datos más, conocidos, pero que desaparecen de un debate político demasiado mediatizado y superficial. Primer dato, el 40% de los más de tres millones de parados que tenemos, no percibe ningún tipo de prestación. Segundo, aunque hemos acabado 2021 con el mismo número de ocupados que teníamos en el récord de 2007 (más de veinte millones), tenemos ahora dos millones más de inactivos y parados que entonces. Tercero, para conseguir 840.000 ocupados netos más, en 2021 ha hecho falta realizar 18 millones y medio de contratos iniciales, prueba de la rotación e inseguridad en que vive una parte importante de nuestros trabajadores.

Estamos ante uno de los más claros y graves problemas estructurales de nuestra economía que afecta al conjunto de la vida social

En España hay dadas de alta en la Seguridad Social más de un millón trescientas mil empresas. De ellas, aquellas que se consideran medianas (más de 50 trabajadores) y grandes (más de 250 trabajadores) suman unas 30.000 y dan empleo a algo más de la mitad de los asalariados. Más allá de estas empresas, más allá de las empresas gacela de rápido crecimiento, de las start-ups, de los unicornios… existe un ancho mar de pequeñas y medianas empresas, no todas ellas suficientemente profesionalizadas, digitalizadas, ni con una gobernanza moderna, ni una sólida estructura de financiación, ni que asuma la innovación, la lucha contra el cambio climático o tengan una gestión de personal a la altura. Ahí, más en la economía total o parcialmente sumergida, es donde podemos encontrar ese volumen de empresas deficientes, demasiado abultado, que tira para abajo del crecimiento de la productividad y del bienestar de todos.

Malas empresas, buenos negocios

Se ha dicho que somos un país con demasiadas malas empresas, aunque con muy buenos negocios. Nuestra baja productividad diferencial podría encontrar su explicación aquí, junto al hecho de que en los últimos años el sector servicios, intensivo en mano de obra no muy cualificada, es el que está experimentando un mayor crecimiento. Seguir mirando para otro lado, intentando ocultar esta realidad, visible día a día conforme la inspección de trabajo o de hacienda muestra que son casos menos aislados de lo que creemos, bajo un discurso enérgico de emprendimiento y creación de empleo, en abstracto, no es nada positivo para España.

Tenemos un capitalismo dual, con un núcleo de empresas modernas, competitivas, globalizadas, un turbocapitalismo con un comportamiento nómada por el mundo y, en el otro extremo, el cutrecapitalismo, un grupo importante de empresas y trabajadores necesitados de un empujón claro para ponerlos a la altura de los tiempos. Si es posible. Por hacernos una idea de la magnitud de lo que hablo: supongamos que circunscribimos los problemas a solo una cuarta parte del tejido empresarial y de la población activa. Tendríamos que pensar en que casi seis millones de trabajadores (incluyendo los parados) y unas 325.000 pymes tienen un desempeño y unas cualificaciones muy por debajo de lo requerido hoy. Que no se va a corregir solo. Que utiliza la chapuza y la ilegalidad para mantenerse a flote, si es necesario. Y que actúa como una rémora sobre el conjunto del país, convirtiendo el asunto, por tanto, en una cuestión de política pública.

No hablo, por tanto, de esas 20.000 empresas que cierran o entran en quiebra de promedio anual (2021 fue malo), frente a las 92.000 que se crean anualmente. Ni hablo del clásico debate entre público y privado. Ni siquiera hablo de aquel "capitalismo de amiguetes" que se puso de moda hace unos años. Hablo de que, si queremos incrementar nuestra productividad, la renta per cápita y el bienestar ciudadano, deberíamos ir a donde está el principal obstáculo: ese 25% de cutrecapitalismo que venimos arrastrando desde hace décadas, como herencia de un pasado pícaro y castizo, un tiempo del que inventen ellos, y que mejor nos empeñamos en dejar atrás. Eso, también es una política de Estado. 

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