Nada es lo que parece

Cuando todos anticipábamos una recuperación vigorosa tras el desplome provocado por el covid, los datos del INE apuntan, por segundo trimestre consecutivo, a una ralentización que nos vuelve a situar en los puestos de cola europeos. Es decir, crecemos, pero el acumulado de lo que llevamos de año nos sitúa en un escaso 2,5%, muy alejado de todas las previsiones para el conjunto del año, incluida la del Gobierno. A este ritmo, no regresaremos al PIB pre pandemia hasta finales de 2022, habiendo perdido tres años más la desviación existente entre regresar a 2019 y lo que hubiéramos avanzado en ese tiempo, de no haberse cruzado la pandemia.

Lo más llamativo es que la principal causa de la diferencia entre lo esperado y lo realizado radica en aquello en lo que (casi) todo el mundo estaba de acuerdo: las políticas anti Covid, más las de apoyo a las rentas de familias y autónomos, estaban creando una importante masa de "ahorro embalsado" que saldría disparado en cuanto las restricciones se fueran abandonando gracias a la vacunación. Pues no. Las familias españolas han mostrado un comportamiento muy prudente en cuanto a su gasto en consumo (recordemos que el consumo representa en torno al 60% del PIB), incluso con dos trimestres en negativo en lo que llevamos de año. Por el contrario, las exportaciones se mantienen muy bien, a pesar del crecimiento en los costes laborales Unitarios lo que, en teoría, debería deteriorar nuestra competitividad exterior.

Pronósticos: ¿acierta alguien?

A posteriori, podemos encontrar tres explicaciones para el freno al consumo que estamos viviendo. La primera, las incertidumbres existentes respecto a la evolución de la pandemia, con repuntes y avances muy lentos en la vacunación mundial, unido a algunos alarmismos exagerados respecto a la situación del país ("nos encaminamos a la quiebra (…) tendrán que rescatarnos") empujan el vector de la prudencia en las familias que han visto crecer sus ahorros durante estos meses.

La segunda, que la política de apoyo a rentas ha hecho crecer el endeudamiento de algunas familias, mayormente de autónomos, incrementando el riesgo de lo que el Banco de España llama "deterioros latentes" cuando llegue la hora de devolverlos. La tercera explicación puede estar en el impacto negativo de la inflación sobre la renta real de las familias y el valor de sus ahorros, afectando, de nuevo, a sus expectativas. Según acaba de hacer público la OCDE, la renta familiar real per cápita ha caído por ello este trimestre en toda la zona.

Durante estas semanas, además del punto anterior, otro asunto ha traído de cabeza a los economistas: las cifras de empleo. Resulta que, a pesar de la mencionada ralentización de la recuperación, la ocupación se está disparando en España hasta niveles históricos. Así, la EPA nos dice que los ocupados han superado ya los 20 millones, cifra que no sólo es superior a la de 2019, antes del covid, sino que nos devuelve al máximo que existía en 2007, antes de la crisis financiera, aunque con una tasa de paro que hoy, casi duplica a la de entonces. Estos datos indican que, por primera vez en nuestra historia, el empleo estaría creciendo más que el PIB (sin derogar la reforma laboral del PP) lo que, adicionalmente, significaría una importante (y preocupante) caída en la productividad de nuestra economía.

Es decir, un lío al que nuestras mejores cabezas están intentando darle explicación. Algunos, viendo además la positiva evolución de otras variables como la recaudación tributaria, seguimos pensando que el INE acabará revisando al alza nuestro PIB de 2021. Esperemos que lo haga en el próximo trimestre y no dentro de dos años.

Decidir si la apreciable subida de precios que señala el IPC es, o no, inflación, consume también muchas energías a nuestros analistas y decisores, por su gran relevancia: si es inflación (subida generalizada y persistente de precios), en lugar de repunte temporal de algunos costes, como la energía, entonces los Bancos Centrales tendrían que poner fin a sus permisivas políticas monetarias y, mediante un encarecimiento del crédito, intentar ponerle fin aunque ello significara sumir a la economía mundial en una recesión inducida. Nuestro último IPC presenta una diferencia tan grande entre el índice general (5,5%) y el llamado subyacente o más estructural (1,4%) que tenemos que retrotraernos a finales de los años 70 del siglo pasado para ver algo similar, que avalaría la idea de que vivimos una subida puntual de algunos precios.

El economista jefe del BCE ha dicho, en esta línea, que esta subida de precios es "muy inusual y temporal" y se explica por los cuellos de botella que han aparecido en suministros claves, unido al aumento en los costes del transporte marítimo (cada contenedor cuesta diez veces más que antes y el tiempo de espera se ha duplicado). Si no hay indiciación salarial (inflación de segunda ronda), el IPC puede ir disminuyendo durante los próximos meses y, así, seguiremos manteniendo el apoyo de liquidez tan generoso que están dispensando los bancos centrales en esta pandemia sin, por cierto, haber disparado la inflación, según decían los libros de texto que ocurriría.

Hay gente que tiene ansiedad anticipatoria y ya está preocupada por lo que ocurrirá el día después. La crisis sanitaria ha disparado los déficits y las deudas públicas hasta cifras nunca vistas y, en algún momento, habrá que poner en marcha políticas de ajuste ya que con la simple evolución del ciclo no será suficiente para reconducirlos a niveles aceptables y compatibles con la disciplina del euro, sólo temporalmente suspendida. En nuestro caso, es conocido el gran impacto cíclico del déficit público que hace creíble la evolución prevista por el Gobierno desde el 11% en 2020 hasta el 4% en 2023, año a partir del cual, se piensa que volverá a ponerse en vigor los planes de control en la eurozona.

Dos problemas asociados a este asunto: calcular a cuánto asciende el déficit estructural, inmune a la recuperación, como consecuencia de las medidas permanentes puestas en marcha en este periodo (Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo) y que algunos sitúan en el entorno del 5% del PIB y, por otro lado, la necesidad de reducir la deuda pública que exige tener superávits primarios en el Presupuesto. Ambos objetivos, reducir el déficit estructural y la deuda en términos absolutos, requerirán, sin duda, de medidas de ajuste vía mayores ingresos o/y menores gastos. En su momento, es decir, en la próxima legislatura y según vaya el debate europeo sobre la anunciada revisión de los criterios de estabilidad.

Mientras tanto, todos temblando sobre otro asunto importante y no previsto: la mencionada crisis de suministros que actúa como un verdadero shock de oferta y cuyo impacto negativo sobre la recuperación está asumido. Y todo ello al margen, claro, de lo que se acuerde en la COP26 de Glasgow, si es que se acuerda algo y si es que luego, los Gobiernos consiguen cumplirlo. Lo dicho: tiempos confusos, en los que nada es lo que parece.

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