No solo el COVID está matando la cultura

Dijo el cantautor turolense Joaquín Carbonell en la entrega de la Medalla al Mérito Cultural de Aragón, en 2019, que «sin consumidores de cultura, solo crece el desierto». 

Con su memoria quería empezar este artículo, por su reciente fallecimiento tras un mes de lucha contra el COVID-19. Y también porque su expresión parece más vigente que nunca. Son días históricos para la gestión cultural en España. Los cambios de rumbo, nuevos actores en el tablero y conflictos históricos sobre la mesa auguran un nuevo paradigma global para la gestión de Cultura y para los profesionales y creativos de este sector. 2020 será sin duda un hito y en el futuro se recordará como la fecha de inicio de un proceso, bien hacia la autofinanciación y fondos privados, bien hacia un modelo sostenible de cooperación pública. 

Como se ha señalado recientemente en las calles de toda Europa, ante la omnipresente ineficiencia por gestionar estos cambios y la dimensión estructural de la crisis generada por la pandemia es posible un escenario terrible, se teme una caída en bloque del sector. 

En este sentido, el 17S ha sido el punto de inflexión a raíz del movimiento #AlertaRoja  que programó manifestaciones en más de veinticinco ciudades de España y que ha reivindicado mediante campañas de sensibilización, de imagen, y especialmente con su ambicioso Manifiesto, la supervivencia de los pequeños y medianos artistas y negocios culturales.

Respaldado por el tejido micro-empresarial y asociativo, que ha decidido actuar como nunca antes en nuestra historia reciente, este asociacionismo espontáneo ha recordado al movimiento #Occupy de 2011 y al histórico 15M en España, del que nació toda una nueva política y también toda una nueva crítica institucional.

El 3% que aporta el sector cultural al PIB  no se asemeja a los estándares europeos ni refleja la realidad de una economía sumergida que sigue muy presente

El ministro de cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha sido inmediatamente el epicentro de las críticas desde el sector, desde el comienzo de la crisis, hasta el punto de que La Acadèmia Catalana de la Música ya pedía su dimisión en abril. El ministro, por su lado, aunque apenas escapa de sus zonas de confort, no tardó en responder a la manifestación y la misma tarde del 17S, a pesar de estar con los Reyes en la Biblioteca Nacional inaugurando la exposición de Miguel Delibes, ya tenía preparado un comunicado para lanzar con un perfecto timing. En él instó a dejar a los espectáculos culturales al margen de la categoría de “ocio nocturno”. La reacción fue rápida, pero llegaba tarde. Aquella misma noche, su defensa en una entrevista fue en la misma línea: correcta pero tímida, afirmando que este sector aporta apenas un 3% del PIB. Un comentario que parecía insinuar restar importancia al asunto. Algo inapropiado, ya que, como sabemos, la cifra no se asemeja a los estándares europeos ni refleja la realidad de una economía sumergida que sigue muy presente, entre otras cosas por las dificultades para constituir la mayor parte de las actividades profesionales de este sector en un ámbito de normalización legal. 

El movimiento #AlertaRoja ha vuelto a anunciar, en consecuencia, nuevas acciones para estos días; cansados, quizá, de buenas palabras. Las últimas fueron el pasado 22 de septiembre, cuando el Senado aprobó una declaración institucional por la que ha pedido al Gobierno que la Cultura sea considerada como "bien esencial". Más argumentos de autoridad sobre la mesa y pocas acciones en curso, con siete meses de crisis por la pandemia. 

Si la pregunta ya nos rondaba en las cabezas, esta última noticia nos lleva a la necesidad de abordarla más ampliamente: ¿cuál es el papel que están cumpliendo realmente las instituciones públicas en la promoción y defensa de la Cultura? ¿En qué medida podrán reaccionar? ¿Debe la Cultura, desde abajo, establecer mecanismos para su autodefensa -como ya está ocurriendo-?

La Economía de la Cultura: las reacciones regionales ante el COVID-19

La Economía de la Cultura es un área de especialización cada vez más importante y su principal problema histórico siempre fue la diversa naturaleza de los eventos que abarca. El espectro de instrumentos de la política cultural ha sido definido y redefinido infinidad de veces desde sus principales teóricos (Adam Smith, Robbins, Marshall, Keynes, Baumol…), así como el papel del Estado. Pero no hay que irse tan atrás; también destacan estudios más actuales sobre el estado de la cultura, como el que elaboró la Fundación Alternativas en 2019. 

España es un Estado en el que, como el Gobierno central ha repetido hasta la saciedad estos días, las comunidades tienen la mayor parte de las competencias, incluidas las que aquí atañen en materia de Cultura. Este año, en pleno confinamiento, se pusieron manos a la obra y sembraron el terreno de informes y propuestas de subvenciones extraordinarias para este nuevo escenario. Luego, han pasado un verano sin la responsabilidad de gestionar fiestas locales y ahora en otoño retomarán lo que tal vez ha sido un baúl de promesas a corto plazo. 

Es necesaria una reconceptualización sobre qué es ocio (nocturno, de festejos, de tradiciones, etc.) qué es cultura, qué es patrimonio, y cómo gestionar cada sector

Son estos informes oficiales documentos densos, poco autocríticos, planteados en un sentido positivo y siempre con prudencia. En buena medida, estos informes tienen un enfoque predominantemente mediático. Recientemente se han dejado ver varios casos. Por ejemplo, el I Informe Anual de la Cultura del ayuntamiento de Santiago de Compostela, aunque el documento haya servido más como herramienta de autopromoción (poniendo por delante ese 5,2% del PIB de la comunidad, por encima de la media española). 

O el II estudio sobre 'La Cultura en Castilla y León’, elaborado por la Fundación Jesús Pereda de CCOO, donde sí vemos una sutil crítica institucional por la tendencia de los ayuntamientos a "hacer trampas" en la inversión de los presupuestos para cultura, al orientarlos en su mayoría a festejos y a los toros, y animar a su vez a considerarlos “eventos de ocio”. 

Una reconceptualización necesaria pero aún humilde sobre qué es ocio (nocturno, de festejos, de tradiciones, etc.) qué es cultura, qué es patrimonio, y cómo gestionar cada sector, más diferenciadamente. 

El desamparo de la Industria Musical

Sorprende que entre los órganos directivos de la Secretaría General de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte siga sin existir un aparato que se centre en la Industria Musical. 

Aún no se ha preparado un protocolo para los grandes espacios escénicos, por no hablar ya de los pequeños

Y aunque tengamos al frente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), sorprende también la inactividad: aún no se ha preparado un protocolo para los grandes espacios escénicos, por no hablar ya de los pequeños. O el modo tan anacrónico en que esta institución celebró el pasado Día de la Música (20 de junio), haciendo uso de herramientas de streaming para teñir el día de religiosidad, con el Coro Nacional de España, interpretando el 'Réquiem de Fauré' en memoria de las víctimas del Covid-19. Es representativo que el Día de la Música quedase marcado con una santa misa funeral. 

A pesar del deseado lenguaje inclusivo que se promovía desde el Manifiesto de Alerta Roja, el sector musical en particular merece una mención aparte, siendo quizá uno de los más perjudicados por el COVID-19. 

Sin embargo, volvemos a las fuentes oficiales para contradecir decisiones ministeriales: ¿cómo ha podido el Ministro de Cultura y, en general, la Administración, descuidar la Industria Musical cuando, según su propio Anuario de Estadísticas Culturales de 2019 la primera actividad cultural del país es el consumo de música? Siendo además un agravante, la predominancia en el sector musical de la economía sumergida. Como decíamos, ese 3% del impacto del Sector Cultural en el PIB no encaja con la realidad. El sector cultural llega a abarcar en otros países (con los que podríamos asemejarnos), hasta el 10% del PIB, con casos de obligado estudio, como el crecimiento superlativo de las exportaciones culturales de Corea del Sur en la última década.

Saneamiento de SGAE y nuevos tiempos para las entidades de derechos de autor

Las raíces de la SGAE en la política española son tan profundas que no podíamos evitar su mención. Y es que, el monopolio de la SGAE de más de un siglo, podría ser historia: mientras lees estas líneas, la Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA) se convierte en una realidad. La entidad que quiere plantar cara a SGAE cuenta desde el 31 de agosto con la autorización del Ministerio de Cultura para desarrollar su actividad. La SGAE no ha tardado en presentar un recurso contencioso administrativo contra esta decisión del Ministerio, y en concreto, contra José Manuel Rodríguez Uribes. 

Mientras la SGAE continúa con descaradas luchas oligopólicas y juicios, su papel en la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) sigue siendo el de una entidad sin capacidad participativa tras haber sido expulsados en 2019 (con muy buenas palabras, por supuesto), pero precisamente por incumplimientos. El ambiente está caldeado, a pesar de la actitud tan calmada por la que se caracteriza al nuevo presidente de la CISAC, Björn Ulvaeus (reconocido por ser miembro de ABBA), quien tendrá que retomar en octubre esta cuestión, entre muchas otras de las reflejadas en el informe anual de la confederación y el plan a seguir para las instituciones culturales en tiempos de pandemia.

La Cultura debe ser segura pero también debe resolver mejor la dualidad de estar protegida y a su vez, ser libre

En definitiva, lo resumo así: las instituciones deben ser más autocríticas, para permitir que la cultura pueda seguir funcionando. La Cultura debe ser segura pero también debe resolver mejor la dualidad de estar protegida y a su vez, ser libre. Libre de que las instituciones hagan uso de ella para revestirse de legitimidad, de solemnidad, de patrimonialidad o de autoridad.

A pesar de todo ello, la presión social no es ineficaz, como hemos visto recientemente con la bajada del IVA cultural de 2018 (en el cine, claro), la creación del Estatuto del Artista a principios de 2019 (aunque aún no efectivo), o la anunciada reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Centro Nacional de Difusión de la Danza. Proyectos políticos como tal nunca faltan, claro... Pero la lucha en las calles de #AlertaRoja acaba de abrir el debate y lo ha hecho como nunca antes; por la puerta de atrás.  

Si para afrontar estos nuevos tiempos necesitamos más cultura que nunca, no permitamos que haya artistas en la extrema pobreza 

El mensaje se ha repetido bastante: para afrontar estos nuevos tiempos necesitamos más cultura que nunca. De acuerdo: entonces no permitamos que haya artistas que sigan subsistiendo en la extrema pobreza por hacer aquello en lo que realmente creen. Los artistas están muriendo; y en buena medida, los están matando. No esperemos a acudir a sus misas. Hay que exigir a las administraciones que les protejan.