La Administración Pública necesita urgentemente una estrategia clara sobre nuevas tecnologías

Actualmente atravesamos un profundo cambio de paradigma que ha traído consigo una circunstancia y es que, novedades tecnológicas que hace diez o veinte años solo preocupaban a los especialistas, sean de interés generalizado para toda la sociedad.

La Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en el día a día, la gestión de los datos que generamos como usuarios de múltiples apps móviles y de servicios por internet, su privacidad y su uso para fines distintos -para los que dimos autorización al entrar- y, por supuesto, la seguridad de nuestras actividades cibernéticas son algunos de los componentes de este nuevo escenario. Algo que preocupa de manera transversal a toda la sociedad: tanto a particulares, como empresas y, claro está a las administraciones públicas.

Como ciudadanos, además, empleamos una buena parte de nuestros ingresos en la financiación de los servicios públicos que provee el Estado, así como las administraciones locales, y estamos en nuestro derecho de velar, e incluso exigir, porque la calidad tecnológica de los procesos que se desarrollan desde los sistemas de información públicos sea máxima. 

Al fin y al cabo, unos niveles óptimos de eficiencia de los procesos que involucren nuevas tecnologías son un vector más de servicio ciudadano. Y se sitúan a un nivel parecido al de garantizar la seguridad e integridad física o la supervisión económica correcta de los caudales públicos. 

El sector público tiene inmensas posibilidades de crear tecnologías que ayuden en el día a día de la vida de los pagadores de impuestos que vivimos en este país

Hay dos vectores desde los que se analiza la importancia del correcto uso de la tecnología en las administraciones públicas. El primero es desde la necesaria garantía de la privacidad y uso correcto de los datos que generamos como ciudadanos. El segundo es desde el aprovechamiento de las inmensas posibilidades que tiene el sector público de crear tecnologías que ayuden en el día a día de la vida de los pagadores de impuestos que vivimos en este país.

Empezando por el primer punto, nos sorprenderíamos si alguna vez las administraciones públicas nos dieran un USB con todos los datos que han recolectado sobre nosotros. Desde nuestros datos académicos, escolares o universitarios, hasta la mayoría de nuestros registros de salud desde que nacemos, así como toda la información fiscal, tributaria y punitiva que hemos generado en nuestra vida ciudadana. 

De este modo, algunas veces las administraciones realizan cruces de datos y, sin nuestro consentimiento, pueden proceder al embargo de una cuenta bancaria cuando no pagamos una multa de tráfico. Tienen un inmenso archivo informacional de todos los datos que generamos en nuestro día a día, desde que llegamos a este mundo, incluyendo cuántas veces y a dónde viajamos, las infracciones o no que cometemos, o el registro civil de nuestra vida personal. Si quedaba algo en papel, en los últimos años se está procediendo a digitalizar todo. 

Es por esta razón, que es un derecho ciudadano exigir que las medidas de seguridad que se proyecten sobre esta información sean de la máxima calidad. Está muy bien formular la RGPD pero son los poderes públicos los primeros que tienen que garantizar que el uso de los datos que tienen de cada ciudadano es veraz, fiable y consistente en el largo plazo. Desde dos puntos de vista: un uso apropiado por parte de la Administración Pública que respete derechos y no vulnere la privacidad de ningún ciudadano y, por otro lado, poner todas las murallas a los ciberdelincuentes que tratan de aprovechar tan suculenta fuente de información para cometer crímenes cibernéticos de todo tipo: desde suplantación de identidades, fraudes, robo de datos médicos, blanqueo de capitales, o uso indebido de la información personal, fiscal, y tributaria de cada ciudadano.

Son los poderes públicos los primeros que tienen que garantizar que el uso de los datos que tienen de cada ciudadano es veraz, fiable y consistente en el largo plazo

Por otro lado, el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos tienen una inmensa capacidad potencial en usar sus ingentes recursos para desarrollar sistemas, aplicaciones y tecnologías que ayuden, faciliten y mejoren la vida de sus ciudadanos y tax-payers (pagadores de impuestos). La adopción paulatina de tecnologías que hace 20 años eran ciencia ficción, no pueden sino optimizar costes en la gestión de las administraciones públicas, así como hacer más eficientes muchos procesos que produzcan una vida mejor y más feliz a los residentes en este país. 

Por ejemplo: sistemas de Inteligencia Artificial que regulen el tráfico y modulen los increíbles atascos que se forman en ciudades y carreteras en días clave. Además de usar drones para la imposición de infracciones, se pueden usar para monitorizar y gestionar el flujo de coches por unas vías u otras en días difíciles y avisar a los ciudadanos por dónde ir o no. También el control de los niveles de polución está muy relacionado con los niveles de tráfico y ahí hay también muchas iniciativas que se pueden automatizar en tiempo casi real con las opciones tecnológicas que tenemos hoy en día. 

Otro ejemplo: la adopción paulatina de las iniciativas de salud electrónica para desatascar y ahorrar costes a los sistemas de salud -hay múltiples ejemplos que se podrían dar aquí, que nunca sustituyen a la labor de un médico o cirujano, pero que evitan farragosos procesos redundantes que solo producen ineficiencias: control de diabéticos con una app, control de hipertensos con una app, videoconsulta para preguntas que no requieran un desplazamiento a un centro de salud, muchos otros-. 

Y cómo no, garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas (aeropuertos, tráfico aéreo, centrales de energía, redes eléctricas, autopistas) para estar a salvo de eventualidades y de caídas de servicio fortuitas o malintencionadas. 

Por ello es necesario enviar una invitación a los gestores públicos. Son ellos quienes deben pensar en grande -en términos tecnológicos- y dejar volar la imaginación para aprovechar las inmensas posibilidades que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance. La mayoría de las veces no cuesta más dinero, sino que solo requiere más talento. 

*Stella Luna de María es CEO de Pentaquark