COVID-19: ¿Son suficientes las medidas fiscales establecidas por el Gobierno?

Moratorias de pagos, prestaciones por cese de actividad o créditos son en general,  algunas de las ayudas que el Ejecutivo tiene en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria. 

Lo que sí es cierto es que Hacienda “no perdona” y la obligación de pagar los impuestos sigue en pie aunque haya una pandemia; tanto para las empresas como para las personas físicas. 

"La COVID ha hecho evidente la falta de previsión de futuro de las empresas"

Sin ir más lejos la campaña de la Renta de 2019 continuó en pie y los autónomos estaban obligados a pagar el IVA correspondiente tanto al primer trimestre como al mes de marzo, siendo la única ayuda la posibilidad de presentarlo hasta el mes de mayo y una prórroga de su pago hasta seis meses. 

Otras medidas dirigidas a los trabajadores por cuenta propia es la prestación por cese de actividad extraordinaria y la reducción de las cuotas (100% en julio, 50% en agosto, 25% en septiembre); de las cuales se ha beneficiado el 45% de los autónomos, según el último Barómetro del mes de agosto realizado por ATA; algo que no ocurre en la prestación ordinaria que se podía pedir a partir del 1 de julio, la cual ha solicitado tan solo un 5,1% de los encuestados.

En este sentido, los trabajadores por cuenta propia suspenden las medidas establecidas por las Administraciones Públicas, siendo la nota media de las mismas de un 3,68.

Medidas en línea con el resto de países europeos

Según un estudio realizado por el Think Tank Bruegel, especializado en economía, “las respuestas iniciales a la crisis del coronavirus fueron muy similares en todos los países europeos”, siendo la principal medida para ayudar a los trabajadores la introducción o ampliación de esquemas inspirados en el de Kurzarbeit “que Alemania utilizó para luchar contra las consecuencias laborales de la Gran Recesión”. 

Aunque las medidas difieren dependiendo del país, los aspectos esenciales son similares como la obligación de las empresas a mantener los contratos de sus empleados y estos aceptar un pequeño recorte salarial; que el gobierno pague la mayor parte de los costes de estos empleados; permitir que se trabaje a tiempo parcial o que el estado pague la proporción del tiempo no trabajado (en el caso de España, en situación de ERTE una parte era pagada por la compañía y el resto hasta llegar al 70% por el SEPE).

A pesar de las similitudes de las medidas establecidas por los Estados Miembros, otro estudio del instituto europeo desprende que España es uno de los países en el que las medidas inmediatas, entre las que están las prestaciones y la cancelación de impuestos, suponen un 3,7% del PIB; muy por detrás del 8,3% de Alemania y el 8% de Reino Unido; aunque cerca del 4% de media entre los 8 países estudiados. 

En cuanto a los aplazamientos, nuestro país ocupa el último puesto, suponiendo este tipo de medidas un 0,8% del PIB (9,7 mil millones de euros en total, según los últimos datos de junio); por detrás de Grecia y Reino Unido; con unas medidas de aplazamientos de pagos que equivalen al 1,2% y 2,3%; respectivamente.

Por último, en cuanto a las ayudas, en las que entran la asistencia de liquidez o las líneas de crédito a través de los bancos nacionales; en nuestro país equivalen al 9,2%. En este aspecto, España se encuentra muy por encima de otros países como Hungría, que no ha dedicado nada a este tipo de medidas; y Grecia con un 2,1%.