¿Puede el preconcurso de acreedores ayudar a sobrevivir a las empresas tras el estado de alarma?

La crisis económica ya ha comenzado. Instituciones y organismos ya han hecho sus previsiones en cuanto a la profundidad de la crisis y la recuperación. El Gobierno estima una caída del 9,2% del PIB para este 2020 y que la tasa de paro llegue al 19%. Pero los negocios, comercios y las pequeñas empresas ya lo están empezando a notar. Muchas se han visto obligadas a cerrar durante este confinamiento y a realizar ERTES a sus trabajadores. La pregunta es ¿puede el preconcurso de acreedores ayudar a sobrevivir a las empresas tras el estado de alarma?

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las empresas concursadas disminuyeron un 19,8%, hasta sumar 974 procedimientos de quiebra. El INE explica que la declaración de estado de alarma ha limitado la actividad de los Juzgados en la segunda quincena de marzo. Debido a ello, durante el primer trimestre se registró una disminución en la tasa de respuesta de los Juzgados que podría afectar a los datos provisionales de esta estadística.

Sin embargo, se espera que en los próximos meses, cuando se recupere la actividad habitual de los Juzgados, el número de concursos de acreedores aumenten. De hecho. según los expertos de AdiósAMisDeudas, este proceso legal aumentará este años un 200% debido a la crisis económica provocada por la COVID-19. 

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por el Derecho Concursal que se lleva a cabo cuando una persona física o jurídica entra en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a todos sus pagos. Sin duda alguna, “representa una solución efectiva para muchas empresas en este momento”, aseguran desde AdiósAMisDeudas.

Según explican, el número de empresas que se han acogido o se acogerán al concurso de acreedores en este 2020 es altísimo. ¿Por qué? Porque este procedimiento legal ayuda a que personas de todo el país le puedan hacer frente a sus deudas sin sufrir complicaciones que afecten negativamente a su actividad laboral, lo que resulta muy conveniente para muchos españoles en este escenario del coronavirus.

Rubén García-Quismondo, socio director en Quabbala Abogados y Economistas, señala que “el concurso de acreedores no es un fracaso y menos en esta situación, es aprender a gestionar una empresa”. García-Quismondo confía en que la mayoría de las empresas saldrán adelante tras esta crisis, “el 85%-90% de nuestro tejido empresarial saldrá adelante”.

La pandemia ha provocado en España una grave crisis económica con la paralización de industrias, el cierre de comercios, y la amenaza del empleo de millones de personas

Quabbala Abogados y Economistas avisa de que se producirá un "colapso" del sistema judicial español al calcular que se presentarán entre 50.000 y 60.000 concursos de acreedores como consecuencia del impacto del Covid-19, en niveles similares a los de la crisis de 2008. Por ello, ve necesario implementar medidas de orden profesional y procesal para preparar al sistema judicial. García-Quismondo señala que para los próximos meses se prevé "esa cantidad o una mucho mayor en un periodo de meses".

Desde AdiósAMisDeudas coinciden con el abogado y aseguran que cuando se levante el estado de alarma, aumentará el número de empresas y particulares que intentarán aprovechar los beneficios del concurso de acreedores. Por esta razón, la situación del COVID-19 ha sido clave para que muchas personas de todo el país se interesen en este procedimiento judicial.

SOLUCIONES PRECONCURSALES

Los expertos coinciden en que el impulso de soluciones preconcursales evitará la quiebra en las empresas por la COVID-19. Además, consideran que las empresas viables o solventes, que estén atravesando una situación de pérdidas, deberán potenciar las soluciones preconcursales para evitar la quiebra.

Para Villoria Rivera, socio en Clifford Chance, “el administrador debe activar todas las medidas para no llegar a concurso”, mientras que Amanda Cohen Benchetrit, magistrada mercantil y asesora de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, señala que “los deudores deben acogerse al marco de reconstrucción preventiva para que puedan exponer su insolvencia inminente”. Ramón Juega Cuesta, socio en Eudita, destaca que “las empresas se podrán acoger al nuevo plan de viabilidades ya que la suspensión de pérdidas que se produzcan en el ejercicio 2020 se contabilizarán igual”.

María Enciso, coordinadora del Congreso de Derecho Concursal de Lefebvre, explica que “la pandemia ha provocado en España una grave crisis económica con la paralización de industrias, el cierre de comercios, y la amenaza del empleo de millones de personas”. Una afirmación que comparte Bernardo Gutiérrez de la Roza, socio de ONTIER, quien añade que la COVID-19 ha generado un “impacto enorme en la salud de las personas, en las arcas públicas y, en la salud de las empresas”. En opinión del experto concursal, estamos viviendo una “crisis cuyo efecto directo e inmediato será impactante para las empresas”.

Entre las decisiones del Gobierno de España para hacer frente a esta situación, se encuentran diversas medidas relativas a los procesos de insolvencia como el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia. Aquí destacan medidas como la recuperación de la figura del reconvenio; el aplazamiento de un año del deber del deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores; la posibilidad de presentar una propuesta de modificación o una nueva solicitud a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado; y el permiso a las empresas y autónomos que se encuentren en estado de insolvencia para no solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

Al respecto, Enrique Sanjuán y Muñoz, magistrado especialista mercantil de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección especializada en Mercantil) afirma que “el impacto de estas medidas afecta a la apertura de las empresas; aunque es necesario una normativa intermedia para afrontar este nuevo período”, pues serán meses de incertidumbre. Por su parte, Diego Comendador, presidente de ASPAC, señalaba que “todas estas medidas pueden ser mejorables para poder hacer frente al escenario de avalanchas de concursos cuando se levante el estado de alarma”.

Para proteger a los autónomos y a los particulares no es suficiente la puesta en marcha de medidas legislativas extraordinarias, sino que también es necesario organizar y aplicar procedimientos que impulsen la recuperación económica de estos colectivos, en las mejores condiciones y el menor tiempo posible.