FALTA DE TRANSPARENCIA
Facebook recibe su mayor multa en Europa: 10 millones de euros
Italia sanciona a la red social por explotar económicamente los datos de sus usuarios sin su información ni consentimiento. Según la OCU, esta multa allana el camino a la demanda iniciada en España
La autoridad italiana de la competencia (AIC) ha impuesto a Facebook una multa de 10 millones de euros por la falta de transparencia en el uso de datos y su explotación económica sin la información y el consentimiento de los usuarios, según ha informado hoy la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).
Se trata de la sanción más alta impuesta hasta ahora en Europa contra Facebook a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, por el que se cedieron datos de millones de usuarios a diferentes empresas sin su consentimiento.
De este modo, la AIC considera probado que Facebook informaba de forma engañosa a los usuarios en el proceso de alta, al no advertir al activar la cuenta de la cesión con fines comerciales de los datos suministrados y sólo incidir en el carácter gratuito del servicio.
Además, considera que Facebook ha incurrido en una práctica agresiva por ejercer una influencia indebida en los consumidores registrados al transmitir, de forma inconsciente para ellos, sus datos a sitios web o aplicaciones de terceros con fines comerciales.
Demanda en España
Según la OCU, esta sanción facilita el camino de la demanda iniciada en España, que esta organización presentó el pasado mes de octubre. En ella, se exige a Facebook una compensación de, al menos, 200 euros para todos los usuarios en España.
Esta demanda se enmarca dentro de la campaña #misdatosonmios iniciada por las organizaciones hermanas de consumidores de Bélgica (Test-Achats), Italia (Altroconsumo), Portugal (DECOProTeste) y OCU, que han suscrito más de 150.000 usuarios en Europa, 42.000 de ellos en España.
Sin embargo, tal y como han expresado hoy desde esta última organización en un comunicado, lamentan que España ningún organismo reúna las competencias que tiene la AIC, dispersas en diferentes organismos y que la legislación no permita sanciones millonarias para evitar los abusos de empresas contra consumidores.
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