"No se entiende que muchas CCAA estén contratando al profesorado extra para solo un trimestre"

El inicio del curso escolar 2020-2021 ha venido cargado de polémica. La pandemia ha exigido la toma de unas medidas que aseguren que la vuelta al cole de los más pequeños y los docentes se da con las mayores garantías desde el punto de vista sanitario.

Un mes después, y en plena segunda ola del virus, analizamos cómo está la situación junto a Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, miembro de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.

Qué evaluación hacéis desde la Plataforma de la vuelta al cole?

Estamos asistiendo a un comienzo de curso que está siendo muy, muy complicado y el esfuerzo que están haciendo tanto el profesorado y los equipos directivos, como las familias y el alumnado creo que es digno de alabanza.

Observamos con mucha preocupación como los centros educativos se están enfrentando a una situación sin parangón y en muchas ocasiones con poco apoyo de las diferentes instituciones educativas. Y pongo un ejemplo: en algunas CCAA los centros, ante la dificultad de contactar con los comités de salud y seguridad, tienen que decidir si aíslan o no un aula. Imagínate lo que puede significar que a un equipo directivo (que ya de por sí están sobresaturados de trabajo) le pides que haga las veces de autoridad sanitaria con unos protocolos que además, en muchas ocasiones, son difusos y carentes de claridad.

¿Y cómo se soluciona esto?

Desde la plataforma ya instamos al Ministerio de Educación y las diferentes administraciones educativas a ponerse manos a la obra y garantizar una presencialidad segura en todos los niveles educativos. Evidentemente, en una situación de crisis sanitaria como esta, la presencialidad segura del alumnado en el centro es uno de los fines a alcanzar, pero requiere de unos medios que también le hemos expresado al Ministerio.

Entre otros, la reducción significativa del número de alumnos/as por aula para que se pueda mantener la distancia de seguridad establecida (no más de 15); la contratación de 150.000 docentes para atender las aulas que se crean como consecuencia de la reducción de ratios; atender a la diversidad y a aquel alumnado más rezagado, etc. Hemos llegado incluso a indicar el origen del dinero requerido: asignar a educación el 10% de los fondos asignados.

La realidad es que hasta hoy la contratación del profesorado requerido no llega ni a un tercio de lo que nosotros habíamos recomendado"

Pero la realidad es que hasta hoy la contratación del profesorado requerido no llega ni a un tercio de lo que nosotros habíamos recomendado, la reducción de ratios está siendo muy desigual en función de niveles educativos y territorios y una parte no desdeñable del alumnado solo puede asistir a las aulas de manera parcial o directamente por vía telemática. En resumen, queda mucho por hacer.

¿Aún hay margen para actuar al respecto?

Parece que la pandemia va a estar entre nosotros mucho tiempo y, por tanto, somos optimistas y creemos que no solo hay margen de mejora, sino que es obligado mejorar. Hay que ser conscientes de que todo lo que hagamos ahora no solo va a salvar vidas y evitar riesgos entre el alumnado, las familias y el profesorado, sino que marcará el futuro de una generación en términos de desarrollo personal, educativo y laboral. Si asumimos esta afirmación como cierta, no se entiende por ejemplo que muchas comunidades autónomas estén haciendo contratos al profesorado extra solo para un trimestre. ¿No es obvio ya a estas alturas que ese profesorado debería mantenerse en los centros educativos al menos todo este curso escolar?

Existen una enorme cantidad de aspectos a mejorar más allá de los ya mencionados: los protocolos de actuación en los centros, los mecanismos de apoyo a las familias cuando sus hijos están en cuarentena, las ayudas al alumnado más vulnerable, los planes de formación del profesorado, la infraestructura de los centros, las becas para ayudar al alumnado y sus familias…. Sin embargo, a nuestro juicio, una de las claves del cambio está en permitir participar en la toma de decisiones a los propios integrantes de la comunidad educativa. Es asombroso lo poco que se ha tenido en cuenta a esta plataforma o a las organizaciones que, recordémoslo, son representantes de la comunidad educativa en la toma de decisiones.

Una de las claves del cambio está en permitir participar en la toma de decisiones a los propios integrantes de la comunidad educativa"

Esta pandemia ha dejado ver de una forma más evidente, al igual que en el sistema público de salud, algunas deficiencias que se venían arrastrando en la escuela pública. ¿Cuáles son las más urgentes?

Bueno, por todos es sabido la infrafinanciación histórica que la educación pública sufre. Claro, esta situación supone un cuello de botella que traba que las deficiencias que se vienen arrastrando de lejos, puedan ser resueltas.

Pero urge también avanzar en la inclusión educativa y en garantizar la igualdad de oportunidades, y para ello fortalecer el sistema público de enseñanza, evitando actuaciones fraudulentas como el cobro de cuotas a las familias, o injustas como la desviación de dinero a través del cheque guardería, bachillerato, etc. Urge la derogación de la LOMCE que es injusta y regresiva, y la reforma de los currículos, democratizar los centros educativos y avanzar hacia una inclusión real, promover un sistema de becas más justo, y desde luego, mejorar las condiciones del profesorado.

Con la llegada de la segunda ola de la pandemia, parece que hemos aprendido más bien poco de la experiencia vivida durante los meses de confinamiento. ¿Cuál es la situación en la escuela pública?

Es un poco sorprendente sí, que después de la experiencia vivida desde marzo del curso pasado, nos sorprenda una segunda oleada. Yo creo que la comunidad educativa está respondiendo con mucha responsabilidad, aunque con pocos medios. Se plantearon planes de contingencia en cada una de las Comunidades Autónomas que contemplaban, aunque con algunas diferencias, escenarios de presencialidad completa o “nueva normalidad”, escenarios mixtos y escenarios de teledocencia.

Sin embargo, muchas administraciones han optado por iniciar el curso con un escenario de semipresencialidad más como forma de ahorrar recursos que como necesidad; y a pesar de empezar de esta manera, ni siquiera se han establecido mecanismos para facilitar al alumnado que lo requiera o al profesorado los medios digitales necesarios, o todavía no se ha regulado en la mesa de negociación del personal docente la regulación del teletrabajo de los y las docentes.

Muchas administraciones han optado por iniciar el curso con un escenario de semipresencialidad más como forma de ahorrar recursos que como necesidad"

Sorprende también que a pesar de la experiencia previa no se haya dado una solución en forma de permiso a las madres y los padres que tienen a sus hijos e hijas confinadas o que al profesorado se le siga considerando con un nivel de riesgo de contagio 1, lo que es como decir que el profesorado tiene el mínimo riesgo posible de ser contagiado….

Precisamente, otra de las necesidades más acuciantes es la de reducir la brecha digital. ¿Qué se está haciendo al respecto?

Aquí quisiera hacer una consideración previa. Existe un porcentaje no desdeñable de familias que no tiene ni siquiera internet en casa. Esto lo recogen estadísticas oficiales. Y obviamente, estas personas tienen una situación de vulnerabilidad que es mucho más amplia que la falta de internet o un ordenador en casa, y que se refiere también a brecha cultural, a situaciones sociales y laborales e incluso habitacionales que complican y amplían mucho lo que ha venido llamándose la brecha digital.

Dicho esto, la Conferencia Sectorial de Educación ya reconoció en el acuerdo para el inicio de curso la importancia de luchar contra la brecha digital. De hecho, el punto 12 del acuerdo instaba a las administraciones autonómicas a dotar a los centros educativos de recursos para luchar contra la brecha digital. Es un poco pronto para tener datos exactos de la inversión en brecha digital, pero algunas de las organizaciones que forman parte de esta plataforma han estimado la necesidad de invertir 145 millones para un plan renove de equipos informáticos. Si a esto le sumamos la inversión en formación del profesorado, la cifra asciende a 281 millones de euros.