AYUDAS POR LA COVID-19

Si los ICO al alquiler no han funcionado: ¿qué puede hacerlo?

El miedo a endeudarse, la falta de comunicación o la larga lista de requisitos son algunas de las razones por las que las líneas ICO al alquiler no han funcionado. Pero la morosidad está aumentando, se ha triplicado en los meses de confinamiento, por lo que hay que actuar. ¿Qué medidas hay que adoptar?

La morosidad está aumentando, se ha triplicado en los meses de confinamiento, por lo que hay que actuar.

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Marta Gracia

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Cuando comenzó la cuarentena por el coronavirus, el Gobierno central sacó una serie de medidas para ayudar a los colectivos más vulnerables. Para ello aprobó líneas de crédito ICO con aval de la administración central para pymes y autónomos y otra línea de hasta 1.200 millones de euros para el pago del alquiler. La primera línea ha tenido mucho éxito, pero la del alquiler no ha ido como se esperaba. Las entidades bancarias señalan que no ha tenido mucho interés, aunque todavía hay de plazo hasta el 30 de septiembre.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, ASVAL, señala que solo un 1,3% de los inquilinos de viviendas que ha mostrado interés en solicitar estos préstamos con garantía pública como medida para hacer frente a la imposibilidad de pago de las rentas de sus alquileres, según el análisis de la asociación realizado entre los inquilinos de más de 30.000 viviendas.

Ante esta situación, ASVAL prevé que los impagos se incrementen en los próximos meses si no se toman las medidas para hacer frente a los mismo. De hecho, durante los meses de confinamiento, la morosidad del alquiler se ha triplicado del 5 al 15%. 

Medidas que pueden ser efectivas

Por ello, la asociación reclama un paquete de medidas de apoyo directo para los inquilinos en situación de vulnerabilidad a través de la creación de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias en situación de vulnerabilidad social a reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la renta del 48 al 30% de sus ingresos, mediante una ayuda pública de 2.000 euros anuales por unidad familiar. 

Ferrán Font, director de Estudios de pisos.com, explica que el BCE está llevando a cabo una política de ayudas económicas sin precedentes a causa de la COVID-19. Por ello, considera que las administraciones públicas deberían hacer llegar ese dinero al ciudadano aumentando las dotaciones presupuestarias con ese fin, “principalmente aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad demostrable”.

“La situación no es sencilla porque requiere medidas que impacten tanto en el corto plazo como en el medio/largo plazo”, puntualiza Font. E insiste en que a corto plazo es necesario que las ayudas del BCE lleguen a las familias en situación de vulnerabilidad para evitar que aumente la morosidad y su coste social que tiene forma de desahucios.

A medio/largo plazo, las instituciones “deben hacer una apuesta para aumentar el parque de vivienda de alquiler tanto en el mercado protegido como en el libre, a través de la colaboración público-privada”, explica. Para el directivo de pisos.com: Aumentar esa oferta impactaría en los precios a la baja “mejorando el problema de accesibilidad a la vivienda, en un momento en que mejorar la capacidad económica de las familias es más complicado por la actual coyuntura”.

Para Alfredo Díaz-Araque, presidente de IE Real Estate Club, sería necesario, al igual que se habla de Educación, afrontar un gran pacto de vivienda y con una visión general y, a la vez, teniendo en cuenta las especificidades de cada ciudad, "pues la problemática no es la misma en Madrid o Barcelona que en Zamora o Albacete”.

Ricardo Sousa, CEO de Century 21 España, cree que una de las soluciones puede ser llegar a un acuerdo con el propietario para prorratear las cuantías no pagadas. “También podrían ayudar aquellos Ayuntamientos que tienen superávit en sus cuentas y destinar parte de esta cuantía a ayudar a ciudadanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad habitacional”, explica Sousa.

Asimismo, considera necesario que la Administración reduzca la burocracia y que destinen más recursos a la resolución de los expedientes de solicitud. “Hoy en día este es el verdadero cuello de botella porque no hay suficiente gente para atender todos los expedientes, lo que retrasa la concesión de las ayudas” . Lamenta que desde que se solicita la ayuda hasta que se concede la financiación no deberían pasar más de 30 días. 

Otro gran hándicap para el CEO de Century 21, es la dificultad que hay en saber a quién se deben dirigir los solicitantes de estas ayudas, algo que es “bastante confuso” para el ciudadano debido al exceso de administraciones que hay en el país. “Creo que las campañas informativas que se están llevando a cabo no son lo suficientemente efectivas”, apostilla.

¿Por qué no funcionan las líneas ICO?

Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, explica que “los créditos ICO no están funcionando porque los inquilinos en dificultades económicas no quieren endeudarse para el pago del alquiler y acuden directamente al impago, una situación perjudicial tanto para el propietario como para el inquilino porque genera una situación de incertidumbre jurídica". Además, las ayudas directas de las CCAA, que cuentan con una alta demanda, "no están siendo efectivas porque están infradotadas presupuestariamente”.

Una afirmación que comparte Ferran Font: “los créditos ICO les obligan a endeudarse de un modo que ante la incertidumbre que ha generado la COVID-19, prefieren no comprometerse o directamente su situación no se lo permite”.

Ricardo Sousa enumera tres razones. La primera es que no todos los bancos se han unido a esta alternativa de financiación; la segunda es que no se ha realizado una campaña de comunicación lo suficientemente informativa a pesar de que era a un 0% de interés y, por último, “haría referencia a la larga lista de requisitos que se han de cumplir para que se conceda esta ayuda, lo que ha provocado que muy poca gente pueda cumplirla en su totalidad”, explica. De hecho, resalta que el que haya sido creada para unidades familiares “deja fuera a muchos ciudadanos que viven de alquiler de forma independiente”.

Alfredo Díaz-Araque, presidente del IE Real Estate Club, explica que hubo gran demora tanto en su aprobación inicial como en la firma de los convenios con las entidades financieras. “Es posible que esto haya provocado una falta de conocimiento por parte de los beneficiarios porque coincidió con el inicio de la desescalada, que claramente inundaba las noticias”, puntualiza.