Tranquilo, tu conexión a internet y el suministro de luz y gas están garantizados

El Plan de Choque Económico aprobado por el Consejo de Ministros incluye medidas como la protección de los suministros de luz, energía y gas, así como los servicios de telecomunicaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio ayer a conocer las medidas del Plan de Choque Económico aprobadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Entre ellas, y además de moratoria en el pago de las hipotecas a los trabajadores afectados, se ha establecido la protección de suministros de energía, gas, agua y electricidad durante un mes, aunque se podrá prorrogar más tiempo, garantizando los servicios públicos esenciales y destinado a los colectivos más vulnerables. Es decir, con este Plan se prohíbe el corte de los anteriores suministros y también se incluye la garantía de los servicios de telecomunicaciones, clave en el estado de alarma que vivimos.

“El servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio esencial que debe quedar garantizado, especialmente, en las actuales circunstancias”, se especifica en el BOE.

Pero entonces, ¿puedo dejar de pagar las facturas? No, cuidado, porque esto puede dar lugar a equivocaciones. Esta medida no se aplica a todos los consumidores, sino que se dirige a aquellos “con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social”.

Una medida que viene después de que grandes eléctricas hubieran anunciado facilidades como la posibilidad de aplazar o fraccionar pagos con el fin de aliviar a las familias por el impacto en el empleo durante la crisis del coronavirus. En palabras de Emilio Bravo, CEO de Lucera, “son medidas necesarias, ya que esta crisis afecta en mayor medida a los consumidores que el Gobierno llama vulnerables”, al tiempo que añade que “no cambia mucho lo que ya había antes de la crisis, porque a estos consumidores tampoco se les podía cortar la luz así como así”.

Además de esto, dicho Decreto-ley prorroga el bono social a quienes tenían que renovarlo, y podrán hacerlo hasta el próximo 15 de septiembre.

“Es una medida de sentido común por la que durante la época que dure esta crisis no sea necesario que realicen los trámites anteriores para que no se les corte la luz y se les proteja”, añade Bravo. 

Esta norma también suspende “la revisión de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como las bombonas de butano, y de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, para evitar que suban”, explica el Ministerio para la Transición Ecológica en una nota. “Se mantendrán los precios actuales durante los próximos seis meses”, añade.

Tal y como informan, la revisión de los precios de GLP se realiza cada dos meses y se suspende para los siguientes tres bimestres, mientras que la revisión de la Tarifa de Último Recurso de gas natural es trimestral y su suspensión se aprueba por dos trimestres.

Con estas medidas el Gobierno pretende garantizar estos suministros a todos los hogares, sobre todo a aquellos que se encuentran en situación vulnerable, y a quienes puedan tener problemas derivados de la crisis causada por el COVID-19. Para ello, tal y como recuerda Emilio Bravo, “lo primero que hay que hacer es estar en las comercializadoras de referencia”. 

LA CONEXIÓN A INTERNET, TAMBIÉN GARANTIZADA

A la prohibición de cortar el agua, la luz y el gas se suma la garantía de los servicios de telecomunicaciones, esencial durante la crisis provocada por el coronavirus.

Reuniones online, llamadas de voz, videoconferencias… Dada la situación y con el objetivo de favorecer el teletrabajo, se establecen medidas que protejan la conexión a Internet, ya que las telecomunicaciones presentan “un indudable carácter transversal para la realización de un número creciente de actividades económicas, sociales y ciudadanas”, tal y como se especifica en el BOE.

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De ahí que se haya optado, por su carácter imprescindible para muchos sectores, por la prohibición de suspender o interrumpir los servicios de comunicaciones electrónicas para que se puedan cumplir las medidas de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus y realizar trabajos no presenciales, aún cuando en los contratos de estos servicios entre los operadores y los consumidores sí lo permitiera.