Atento a estos cinco impuestos que podrían llegar en 2020

La imposibilidad de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 debido a la incertidumbre política, con un Gobierno en funciones desde el pasado mes de abril, ha llevado al Ministerio de Hacienda a enviar a la Comisión Europea un borrador presupuestario marcado por la ausencia de nuevas medidas impositivas.

De esta manera, el ejercicio de 2020 no incorporará por el lado de los ingresos el paquete tributario que acompañaba al proyecto de PGE 2019 ni la creación de nuevos impuestos, que sí se incluyeron en el Programa de Estabilidad al considerar en ese momento que se retomarían en el nuevo presupuesto para 2020.

Ante este escenario sin medidas se prevé que los ingresos totales de las Administraciones Públicas supongan el 39,6% del PIB, alcanzando los 512.032 millones de euros, un 0,3% más que el año anterior, un ejercicio también marcado por la ausencia de medidas tributarias debido a la prórroga presupuestaria. En este caso, el aumento responde a la subida de los salarios (4,6%), que ha favorecido a la recaudación del IRPF y al aumento del gasto en consumo final.

En cualquier caso, la intención del Ejecutivo es presentar cuanto antes un plan presupuestario actualizado con los objetivos de estabilidad y las medidas impositivas marcadas en anteriores documentos. 

El impacto esperado de estas medidas tributarias es de 5.654 millones de euros de ingresos adicionales, sin embargo, deberán obtener el respaldo del Congreso de los Diputados para salir adelante. He aquí las más destacadas:

Diésel

El impuesto de ‘Fiscalidad verde’, también conocido como impuesto a los carburantes, tiene como objetivo equiparar el coste del litro del diésel con el de la gasolina de manera progresiva. En concreto, el tributo supondrá una subida de 38 euros por cada mil litros de gasóleo, lo que se traduce en un ingreso a las arcas públicas de 670 millones de euros durante el próximo año.

Según el Gobierno, no tiene un afán recaudatorio sino medioambiental y no afectará a transportistas ni agricultores pues la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufrirá variación alguna.

Transacciones Financiera

Otro de los impuestos que pretende implantar el Gobierno es la conocida como ‘Tasa Tobin’, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de los implicados o del lugar en que se negocien, asegura el Ejecutivo. Con la medida se esperan recaudar hasta 850 millones de euros, si bien los bancos podrían acabar repercutiendo este impuesto en el consumidor.

Impuesto de Sociedades

El Plan de Estabilidad también recoge un tipo mínimo efectivo para las grandes empresas del 15% y del 18% para las entidades financieras. Además, se aplicará un gravamen para los dividendos en el extranjero del 5%, frente a la exención del 100% que existe en la actualidad. 

El Gobierno también se prevé introducir una rebaja del tipo nominal del Impuesto de Sociedades para empresas que facturen menos de un millón de euros, y que pasará del 25% al 23%. En total, con estas medidas se podrían conseguir hasta 1.776 millones de euros, calculan.

IRPF

El Gobierno prevé recaudar un total de 328 millones de euros durante el próximo año debido a la subida del IRPF a las rentas más altas. En concreto, el Plan de Estabilidad recoge una subida de dos puntos para las rentas superiores a 130.000 euros y de otros dos puntos adicionales, en total cuatro, para las que superen los 300.000 euros. En este caso el tipo marginal aplicable se elevaría del 22,5% al 24,5 y 26,5%, respectivamente.

Según los cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), este aumento afectaría a 121.550 personas y, de ellas, los 8.400 contribuyentes con mayores rentas del país tendrían que pagar de IRPF unos 28.000 euros más de los que abonan en la actualidad.

Patrimonio

Por último, el documento recoge una subida del 1% en el tipo aplicable a patrimonios superiores a 10 millones de euros, con el objetivo de que “aporten en mayor medida los ciudadanos que dispongan de mayor patrimonio”, aseguran.

El Ejecutivo prevé recaudar un total 339 millones de euros con la misma, si bien es un tributo cedido a las comunidades autónomas, que pueden aplicar distintas bonificaciones o reducciones, por lo que este objetivo podría no conseguirse.