Situación de las VPO: ¿cuántas hay? ¿quién puede acceder a una?

Las viviendas de protección oficial (VPO) registraron un auge en los años previos a la crisis y en los primeros compases de esta. Los jóvenes que se querían independizar acudían a las promociones de VPO con la esperanza de que “tocase” una, ya que eran tantos los que optaban a una vivienda que había que sortear. Durante ese tiempo, se llegaron a entregar 70.000 viviendas al año de VPO.

De hecho, el récord se registró en 2008 (inicio de la crisis) con la entrega de 68.587 viviendas de protección oficial, según datos del Ministerio de Fomento. Casi diez años después se tocó el mínimo con 4.938 VPO entregadas en 2017, una caída del 92%. Sin embargo, en 2018 ha vuelto a subir después de todo este tiempo con caídas: el año pasado se entregaron un total de 5.167 unidades, una subida del 4,6%.

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“La inversión que se ha hecho en los últimos años en vivienda pública ha sido muy pequeña”, asegura Ferrán Font, director de pisos.com. Y añade que las administraciones no tienen recursos para realizar inversión en vivienda pública. “Antes había ayudas para promotores, constructores, y para compradores”, explica Font y explica que durante la crisis se limitaron esas ayudas.

En 2011, esas ayudas se eliminan y a partir de ese año hay una caída en el precio de la vivienda libre muy importante, “casi salía más barato comprarse una casa libre que de VPO”, asegura. A partir de aquí, al no destinar ayudas ni inversión, los promotores se encuentran en una situación en la que hacer una inversión en vivienda pública es poco rentable “porque los baremos son poco realistas”.

El año pasado, de las 5.167 viviendas entregadas, apenas 615 fueron impulsadas por las administraciones públicas, mientras que 4.552 las desarrollaron compañías de titularidad privada. A diferencia de lo que ocurre en otros mercados europeos, la mayoría de vivienda protegida que se promueve en España se destina a la propiedad. En concreto, el año pasado se entregaron 4.181 VPO para su venta, de las cuales 2.340 se encontraban en la comunidad de Madrid. En cambio, apenas un 346 se destinaron al alquiler sin opción a compra, y unas siete fueron de alquiler con opción a compra.

APUESTA POR LAS VPO

Ferrán Font explica que las administraciones públicas hasta la fecha no han hecho una apuesta clara por la vivienda pública. Señala que los presupuestos que están destinando a vivienda son “muy escasos” si se comparan con Viena, “que es el paradigma de la vivienda pública”. De hecho, asegura que destina 600 millones de euros al año en vivienda pública. “Esto hace que la situación sea más sana y boyante”, ya que en España, el presupuesto en 2018 fue de 360 millones de euros.

“Contar con un parque de vivienda grande también modula el mercado de alquiler, si no mantiene esa parte social pierde su razón de ser y estamos en la situación actual”, explica. Hasta la fecha las apuestas que se hacían para vivienda protegida era mínima, pero “estas últimas elecciones están poniendo encima de la mesa la falta de vivienda pública, la necesidad de construir más vivienda pública y la importancia que tiene como modulador de los precios de mercado libre” puntualiza el director de pisos.com.

Nuria Lambea Llop, investigadora predoctoral de la Cátedra UNESCO de Vivienda, señala que las últimas políticas de vivienda no se enfocan a la construcción de nueva vivienda protegida, "sino en la captación de viviendas vacías del mercado privado, tanto de particulares como de entidades financieras". Y añade que la poca vivienda social existente se ha focalizado en cubrir las necesidades de las familias más vulnerables. "La falta de inversión y recortes en ayudas a la promoción (sobre todo para vivienda en compraventa) hacen que los promotores privados pierdan interés  en este sector", explica Lambea.

Para la investigadora es necesario aumentar el número de viviendas protegidas y de vivienda social en general. "La tendencia española a construir vivienda protegida de propiedad más sus plazos temporales de calificación ha imposibilitado la creación de un parque relevante de vivienda protegida que permita responder de manera permanente a la necesidad de vivienda de la sociedad", asegura. No obstante, señala que también es necesario diversificar las formas de acceso a la vivienda, para que cada familia pueda escoger en función de sus necesidades y recursos, "hace falta fomentar la vivienda en alquiler social". 

De esta manera, considera que hay que enfocarse hacia un modelo de gestión que consista en una colaboración público-privada. Así, hacen falta recursos económicos, y aclara que "la inversión inicial para la promoción de vivienda protegida en alquiler es muy grande y su recuperación muy lenta", una gestión eficiente y unos conocimientos sociales para tratar con ciertos colectivos y ciertas problemáticas; "para conseguir esa combinación, entidades públicas, tercer sector y sector privado (entidades de crédito y otros inversores privados) deberían estar dispuestos a trabajar conjuntamente".

¿Quién puede acceder a las VPO?

El problema llega cuando en España hay 1,5 millones de demandantes de Vivienda de Protección Oficial, pero el parque de protección oficial español solo supone un 2% del total. Así, Font resume que el problema que se plantea actualmente no son los criterios por los cuales se pueden acceder a la vivienda pública: “El problema es que ahora no hay vivienda pública a la que acceder, al final por muchos criterios que pongamos o por muy bajo que sea el baremo, sino existe oferta o una voluntad por parte de las administraciones de que exista esa vivienda pública es imposible”.

Los requisitos para poder acceder a una Vivienda de Protección Oficial son determinados por la promotora de la misma. Además de los requisitos planteados, desde las comunidades autónomas, también se pueden establecer una serie de peticiones adicionales, pero por lo general son:

• No haber sido beneficiario de otra vivienda protegida con anterioridad en España
• No tener una vivienda en propiedad y que esta esté libre o deshabitada
• Que la vivienda cuente con un precio máximo de venta o alquiler máximo de referencia
• Estar inscrito en el registro público de demandantes: este se encuentra y se gestiona en cada comunidad autónoma.
• Disponer de unos ingresos familiares mínimos: fijados por cada una de las comunidades autónomas.
• No haber obtenido en los 10 años anteriores ayudas financieras procedentes de planes autonómicos o estatales de vivienda.