¿Tienen que pagar impuestos los robots?

La irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral ya no es un hecho tan lejano. Actualmente en España, la densidad de robots en las fábricas supera las tasas europea y mundial: el número de robots por cada 10.000 empleados asciende a 168, lo que nos coloca como el decimoquinto mercado con mayor densidad, según el informe World Robotics de la Federación Internacional de la Robótica (IFR, por sus siglas en inglés).

Otro suceso indudable es que la cuarta revolución industrial cambiará el mundo del empleo para siempre. Según el Foro Económico Mundial, la robotización podría hacer desaparecer 75 millones de empleos en el mundo en los próximos dos años, pero también calcula que se podrían crear 133 millones nuevos. 

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“Estos puestos de trabajo se repartirán entre humanos, máquinas y algoritmos. Esto significa que nuestro propio jefe podría llegar a ser un robot, aunque siempre estará supervisado y dirigido por humanos”, asegura José Joaquín Flechoso, fundador y coordinador de Cibercotizante, un colectivo que busca abrir un debate sobre el futuro del empleo con respecto a la robotización.

Ante este escenario, y de cara a la posible sustitución de la mano de obra por mecanismos automáticos que amenazan con hundir los ingresos de la Seguridad Social, surgen cuestiones acerca del tratamiento que los robots recibirán en el ámbito fiscal y laboral durante los próximos años: ¿Tendrán derechos y obligaciones? ¿Deben cotizar? Si ellos no lo hacen, ¿quién lo hará? ¿Cómo se pagarán las pensiones?

Algunas respuestas

En España actualmente existe una gran brecha entre la forma en que la legislación tributaria grava el trabajo humano y la manera en que lo hacen los robots.  

El Pacto de Toledo -la comisión parlamentaria encargada de proponer medidas encaminadas a asegurar la sostenibilidad del sistema pensiones- abrió la puerta durante la pasada Legislatura a “encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social” en el caso de que la revolución tecnológica implique un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo.

“Poner un impuesto a la automatización es algo difícil” pues “una tasa de este tipo requiere definir, en un principio, qué es un robot”, asegura Flechoso.

El Parlamento Europeo abrió la puerta a debatir si se otorga la categoría de “persona electrónica” a un robot con inteligencia artificial, pues se le dotaría así de personalidad jurídica. Sin embargo, en febrero de 2019 la Unión Europea (UE) adoptó una resolución opuesta a gravar la automatización.

En el mundo económico también existen visiones muy divergentes respecto a esta medida. Bill Gates apuesta por mantener la misma carga fiscal del trabajador cuando sea sustituido por una máquina, mientras que la Federación Internacional de Robótica se muestra totalmente en contra ya que consideran que la creación de este impuesto socavaría la competencia y la innovación tecnológica.

Posibles soluciones

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ya está estudiando cómo hacer frente a la irrupción de los robots en el mundo laboral. Una de las posibles alternativas a la creación de un impuesto específico a la automatización sería utilizar los recursos tributarios actuales.

Según Bartolomé Borrego, vocal responsable de la División de Nuevas Tecnologías de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla, una opción sería que las empresas paguen impuestos por sus robots a través de figuras como “el IVA por su mantenimiento, el IBI, tasas por su venta, por las plusvalías que generen…”.

Desde el colectivo Cibercotizante, por su parte, proponen diez vías para que los robots contribuyan al sostenimiento del estado de bienestar. El primero de ellos sería eliminar los estímulos fiscales a la robotización, lo que igualaría la competencia entre el trabajador y la máquina, dejando de subsidiar la sustitución de mano de obra, sin embargo, también eliminaría el estímulo a la inversión en tecnologías.

La segunda propuesta, en la misma línea que Bill Gates, plantea que el robot cotice por la misma cuantía que un trabajador, mientras que la tercera propone un impuesto sobre la extra-productividad: esto implica que se grave el beneficio extra que produce la robotización respecto a la que generan los trabajadores. Otra de las medidas del colectivo es elevar el tipo nominal del impuesto de sociedades, así como aplicar una tasa a la compraventa de los robots, en la línea que sugería la Agencia Tributaria. 

Asimismo, también proponen subir el IRPF a las rentas de capital, financiar la formación o aplicar un sistema “bonus-malus”: se trataría de reducir los impuestos o las cotizaciones sociales para las empresas que originen nuevos puestos de trabajo; por el contrario, se aplicaría una penalización a las empresas que sustituyen mano de obra. 

Según Flechoso, al igual que ha habido movimientos antiglobalización, el objetivo es evitar uno contra la automatización. “Es necesario abrir un debate para evitar que sucedan cosas como estas” pues “es muy fácil vender el catastrofismo”. En este sentido, resalta que se trata de una cuestión de confianza, pues “todos tenemos nuestra opinión”, por ello “cada vez debemos estar más informados”, concluye.