El Gobierno condiciona el pago del FLA de Catalunya al cumplimiento de la ley

En medio de la negociación agónica entre CDC y la CUP para la formación de Gobierno en Catalunya, en la que Artur Mas se juega el ser o no ser, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aprovechado hoy para dar una vuelta de tuerca al avance independentista. La Generalitat no recibirá un solo euro más del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si no existen garantías sobre el respeto a la Constitución y el cumplimiento de la ley.

El objetivo es "que ni un euro vaya a un destino diferente del previsto" (proveedores, farmacias y servicios sociales, entre otros), ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Puedo garantizar que (hasta ahora) no ha ido ni un solo euro a ningún gasto independentista ni a financiar ninguna veleidad independentista. Que quede claro", ha enfatizado el ministro, que ya había amenazado con ello a primeros de noviembre. "No le hemos dado ninguna facilidad a Catalunya ni para ese objetivo político ni para otros".

El 'conseller' de Economia i Coneixement en funciones, Andreu Mas-Colell, ha afirmado que de confirmarse que entre las nuevas condiciones que el Gobierno pone a la Generalitat pone para acceder al FLA está la posición política del Govern sobre el proceso soberanista se estará "traspasando una línea que no se tendrá que traspasar". Mas-Colell ha anunciado que "si la condicionalidad incluye criterios políticos lo denunciaríamos a todas las instancias donde podamos denunciarlo", informa Fidel Masreal. Según el 'conseller', en la práctica ya "Catalunya está intervenida" y si se añaden exigencias se podría "colapsar" la Generalitat. "

DESCONFIANZA

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside Mariano Rajoy, ha aprobado este viernes el reparto entre comunidades autónomas de un excedente de 7.889 millones del FLA del 2015, destinado al pago de servicios públicos esenciales, como farmacias y servicios sanitarios. De este total se han asignado a Catalunya 3.334 millones de euros, siempre que cumpla unas condiciones específicas. 

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los "elementos de control específicos y adicionales" a los que será sometida la comunidad de Catalunya están motivados, en parte, por la desconfianza que generan "ciertas declaraciones de responsables de instituciones catalanas" que ponen en duda el pago de la deudas de la comunidad autónoma, incluidas las contraídas con las farmacias.

La vicepresidenta también se ha referido a las recientes rebaja de calificación de la deuda pública de Catalunya por parte de las agencias de rating  y al reciente "afloramiento" de 1.300 millones de gasto en el 2015 que se había imputado a ejercicios anteriores.

REPARTO CONDICIONADO

Según el ministro de Hacienda esta "condicionalidad específica" para Catalunya viene determinada porque la comunidad se encuentra "en una situación especial" que pone un "riesgo para el interés general". Se pretende que "ni siquiera se abra margen en los presupuestos de la Generalitat para avanzar en planteamientos que son contrarios a la Constitución". Es decir, que la mayor holgura presupuestaria que permite el acceso al FLA no permita al Govern destinar sus recursos propios a financiar sus planes soberanistas.

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Para poder acceder a la financiación a tipo de interés cero que proporciona el Tesoro, la Intervención de la Generalitat deberá remitir al Estado un informe mensual garantizando que ningún gasto contraviene la legalidad. Además, se establecerá un mayor control del pago de las facturas a través del Punto General de Entrada de Facturación Electrónica del Ministerio de Hacienda.

Las condiciones especiales para Catalunya establecen también que el nuevo endeudamiento de la comunidad deberán ser autorizadas por el Ministerio de Hacienda "operación por operación". Y para evitar que los funcionarios autonómicos puedan recibir instrucciones contradictorias por parte de sus superiores, "el Estado prestará amparo a los empleados públicos para que no se sientan forzados por una situación política determinada", según Montoro.