La víctima de la presunta violación de Dani Alves rechaza ser indemnizada

Dani Alves se encuentra en prisión provisional sin fianza después de ser acusado de una presunta violación a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. Una medida que pidió la fiscalía después de las contundentes declaraciones de la víctima y los indicios recopilados por los Mossos d’Esquadra. Ahora, se han conocido más detalles sobre los deseos e intenciones de la afectada.

La joven de 23 años ha renunciado a ser indemnizada por el jugador, según han detallado fuentes de la investigación a El País. La jueza le recordó que, en caso de condena, tiene derecho a obtener una compensación económica por las lesiones y daños morales sufridos. Sin embargo, la mujer ha decidido renunciar a ese derecho.

La presunta víctima ha justificado esa renuncia diciendo que su objetivo no es recibir una indemnización, sino que se haga justicia y que el futbolista brasileño pague con cárcel por lo sucedido.

Mientras la declaración de la víctima fue contundente y sin contradicciones, según fuentes judiciales, el futbolista ofreció hasta tres versiones diferentes de lo ocurrido. Ante la jueza, dijo que se encontraba en el baño de la zona VIP de la discoteca, donde presuntamente ocurrió la agresión sexual, cuando la joven entró y que no hubo ningún tipo de contacto. Después, frente a la fiscal, matizó que, cuando ella entró en el baño, él se quedo quieto sin saber qué hacer. Y, por último, a preguntas de la acusación particular, atribuyó la conducta sexual a la víctima, diciendo que fue ella quien se le echó encima mientras él estaba haciendo sus necesidades y que esta le practicó una felación. Además, justificó no haber dicho nada antes para proteger a la joven.

El auto de prisión da plena credibilidad a la mujer, quien, además, presentó un parte médico. Por el momento, y a la espera del juicio, Dani Alves permanece en prisión provisional por riesgo de fuga. Según ha valorado la magistrada, al futbolista podría enfrentarse a una pena de entre 4 y 12 años de cárcel.