Alfredo Arrién, abogado penalista: "En el caso de Julio Iglesias, en principio debería ser juzgado en República Dominicana y no en España"

La investigación abierta a Julio Iglesias, tras la denuncia el pasado 5 de enero de dos ex empleadas del cantante por presunta agresión sexual y supuesta "trata con fines de trabajo forzoso y servidumbre", no ha hecho más que empezar. La teniente fiscal de la Audiencia Nacional rechaza que la defensa se persone en la investigación, ya que por el momento se evalúa si el órgano jurisdiccional en España tiene la competencia. En CUORE hemos hablado con el abogado penalista Alfredo Arrién para que nos explique las claves en lo relativo a esta cuestión.

Lo que dice la Ley

Julio Iglesias encaja un nuevo varapalo judicial después de que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, haya rechazado que se persone en la investigación y que tenga acceso a las diligencias. Lo hace, explica en su decreto, porque estamos "en un momento inicial" y todavía se está determinando si el tribunal especial tiene las competencias para que se abra aquí una causa contra el cantante.

El abogado penalista Alfredo Arrién explica a CUORE que "la regla que prevé el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es que el tribunal competente estará en el lugar en el que se hayan producido los supuestos hechos". En este sentido, prosigue, "en principio debería ser juzgado en República Dominicana y no en España".

No obstante, existe la "excepción procesal" prevista en el 23.2, donde se alude a "delitos presuntamente cometidos fuera de España por ciudadanos españoles". "Para que siga siendo competente la Audiencia Nacional tendrá que explicar por qué aplica dicha excepción y no prima el principio de territorialidad", añade el letrado.

El ejemplo de Daniel Sancho

Para entenderlo con un ejemplo sobre la mesa, Alfredo Arrién recuerda lo que ha ocurrido con el proceso judicial de Daniel Sancho en Tailandia. Fue juzgado y sentenciado en el país asiático, a pesar de ser un ciudadano español, ya que el crimen se cometió en la isla tailandesa de Ko Pha Ngan.

"En el caso de Julio Iglesias son presuntos delitos perseguidos de oficio por el Ministerio Público", insiste el abogado, que hace un análisis con cautela, a la espera de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decida si se da o no esa excepción justificada para tener atribuida la competencia en la apertura de la causa.

El organismo jurisdiccional y las acusaciones, concluye, "tendrán que explicar por qué se procede de esa forma". Además, aclara, "el lugar de residencia de las presuntas víctimas es República Dominicana y no España y esa es otra de las reglas para aplicar el artículo 23.1".