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Vivienda pública en manos de fondos privados

Inquilinos en el nido del buitre

Las familias viven con inquietud las maniobras para cobrarles más

Regesa vendió 700 pisos sociales a Goldman Sachs en Barcelona

MANUEL VILASERÓ / MADRID

Elvira Juncosa, en la finca en la que vive, en el 77 de la calle de Gran de Sagrera.

Elvira Juncosa, en la finca en la que vive, en el 77 de la calle de Gran de Sagrera. / RICARD CUGAT

La compra de viviendas públicas por los denominados fondos buitre estadounidenses, que en Madrid ha derivado en un alud de desahucios, no es un fenómeno exclusivo de la capital de España. Barcelona también se apuntó a la moda en lo peor de la crisis. El Consell Comarcal del Barcelonès vendió a Azora Goldman Sachs entre el 2010 y el 2013 siete promociones repartidas por diversos barrios de la capital catalana que suman 683 pisos. Los afectados viven desde entonces en la zozobra. Aunque la normativa autonómica y los contratos suscritos les impiden cometer abusos como los de Madrid, las familias se quejan porque periódicamente tienen que hacer frente a los intentos de la compañía de aumentar su recaudación con todo tipo de triquiñuelas.

Se trata de casas de alquiler cuyo contrato hay que renovar cada tres años. Si el inquilino sigue con los bajos ingresos que le permitieron acceder al piso, los propietarios deben renovárselo. Con Regesa, la empresa de vivienda pública del consejo comarcal que promovió los bloques, no había ningún problema con las renovaciones, explican los vecinos de la calle Gran de la Sagrera, 77. Cuando llegó Colón Viviendas (así se llama la filial del fondo que administra los pisos) empezaron los dolores de cabeza pese a que Regesa garantizó que no habría cambios.

PÁRKING Y COMUNIDAD

"Primero intentaron subir los alquileres como en Madrid, pero la normativa catalana no permite aumentar más que el doble del IPC", recuerda Elvira Juncosa, una joven de 35 años que accedió al piso de la Sagrera hace cuatro años. Como no lo lograron, intentaron subir los gastos de comunidad hasta un 50% más, pero como no consiguieron justificarlo con los gastos reales la subida se quedó en tan solo tres euros.

Siguiente artimaña: obligar a los vecinos a contratar la plaza del párking a precios muy superiores a los de mercado aunque, como Elvira, no tengan coche ni carnet. "Con los que ya estábamos no lo han logrado pero con los que nuevos sí lo hacen", apostilla.

Comparado con lo que ocurre en Madrid, los caseros de Barcelona pueden parecer angelitos, pero más de una familia ha contado noches en blanco por miedo a no poder renovar. Daniel Sardà, un educador de 36 años que vive en pareja también en Sagrera 77, recuerda que cuando le llamaron para negociar pasó dos meses "muy críticos". "Fue angustioso. Te la intentan colar por todas partes. Creía que acabarían echándome», relata. Además de alquilar la plaza de párking, le exigían suscribir un seguro del hogar y depositar un aval de 1.100 euros que "no sabía de dónde sacar". Con movilizaciones, abogados y reclamaciones han logrado frenar las intentonas, pero no saben aún lo que pasará en el futuro, sobre todo cuando dentro de 13 años venza el periodo en el que las casas están sujetas a protección.

¿Por qué una vivienda pública tiene que pasar a manos privadas? Una portavoz de Regesa argumenta que «fue una cuestión de liquidez». Cuando el mercado inmobiliario se desplomó, las viviendas no tenían salida y había que devolver los créditos. Todos los partidos apoyaron una venta que, además, tiene otras características especiales. A diferencia de lo que ocurre en Madrid, el suelo sigue siendo público y el contrato no es formalmente una venta sino un derecho de explotación y gestión de los inmuebles que vence a los 75 años. "Todo está regulado y el Consorci de l'Habitatge de Barcelona se encarga de controlar que la empresa se ajuste a la ley", asegura la portavoz.

Sobre el papel, Goldman inyecta dinero, manteniendo la gestión inalterada, pero el resultado está siendo distinto. Parece que los fondos especulativos tarde o temprano acaban desvirtuando en mayor o menor medida el objetivo social.

SELECCIÓN DE INQUILINOS

Otro detalle más. Los nuevos inquilinos son seleccionados por el casero. Este admite solo quiere a quienes tienen mayor solvencia e ingresos más altos dentro del baremo, según Juncosa. La existencia de un registro único de solicitantes de vivienda pública no cuenta para Goldman Sachs. "Se lo saltan con la excusa de que cuando adquirieron los pisos aún no estaba en vigor", apunta la vecina, que también opina que la venta se hizo, como en Madrid, a precio de saldo: 38.000 euros por viviendas de casi 50 metros cuadrados en la Sagrera.

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