El bloque resistente

Cuando dentro de dos meses -semana arriba, semana abajo- nazca Leire, la vida de sus padres, sus hermanos mayores y su abuela seguramente será bastante menos compleja de lo que ha sido hasta ahora. Leire llega con algo más que un pan bajo el brazo: traerá, si todo va según lo esperado, las llaves de un piso. «Será la primera niña no okupa de todo el edificio», dice Laura Galindo, la futura mamá, mientras sonríe con una media sonrisa.

Escoba en ristre, a pequeños pasos, eso sí, Galindo acompaña a una decena de vecinos en las tareas de limpieza del edificio, un moderno bloque de cuatro plantas, calificado de alto 'standing' por su constructor y situado en el número 109 de la calle de Sant Ferran de Sabadell. La familia de la joven -la abuela, otros tres niños y su pareja, Miguel- fue una de las primeras en instalarse en el inmueble, gestionado desde hace año y medio por la Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En estos meses, el edificio y sus inquilinos se han hecho famosos por haber plantado cara a los bancos y por haber resistido, indemnes, a los repetidos intentos de desahucio de los Mossos d'Esquadra. La semana pasada, además, el bloque de Sant Ferran se convirtió en un emblema.

«PRIMERA GRAN VICTORIA»

 «Conseguimos que, por fin, la Generalitat reconozca que estos pisos son viviendas sociales. Es nuestra primera gran victoria», proclama Glòria Santín, otra de las inquilinas. El pasado 9 de septiembre, los vecinos recibieron la confirmación de que el inmueble, en el que residen 40 familias, pasará a ser gestionado por la Agència de l'Habitatge de Catalunya y que esta les autorizará a seguir en sus casas, hasta ahora ocupadas, a cambio de un alquiler. «Esto ha sido mejor que un premio de lotería», exclama Arturo Rosero, otro de los residentes del bloque resistente.

«Es lógico que haya cierta euforia, y mucho alivio también, pero ahora toca organizar todo esto. Ya tenemos cita con la Generalitat para antes de finales de mes para determinar cuánto tendrá que pagar finalmente cada familia en concepto de alquiler», avisa Albert Jiménez, uno de los portavoces de la PAH de Sabadell. En su opinión, lo que ha pasado en la capital vallesana «ratifica algo que la plataforma lleva años reclamando: es posible hacer efectivo un derecho, el de la vivienda, que hasta ahora no estaba garantizado».

«Lo más importante es que este caso puede convertirse en ejemplo para los otros muchos edificios y pisos ocupados que la obra social de la PAH tiene en toda España», subraya el activista. Son varias decenas -solo en Sabadell hay otros dos inmuebles- y están repartidos por distintas comunidades autónomas. Entre todos ellos, en estos momentos se está dando alojamiento, según datos de la PAH, a más de mil personas.

HASTA 400 EUROS / Los 40 pisos del inmueble de la calle de Sant Ferran de Sabadell, donde viven 146 vecinos (de los que 58 son niños), son los primeros del paquete de 600 viviendas que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), o el 'banco malo', entregará durante los próximos meses a la Agència de l'Habitatge para que, a su vez, las destine a alquiler social, de acuerdo con el convenio firmado el pasado julio entre las dos instituciones.

Es por ese convenio, que prevé unos alquileres de entre 150 y 400 euros, por lo que el portavoz de la PAH trata de rebajar la euforia de los vecinos. No está claro todavía, advierte, «cuánto se tendrá que pagar y es posible que algunas personas no puedan asumir siquiera los importes propuestos». Por eso, la plataforma intentará que, «como mucho, cada familia pague por su vivienda un tercio de sus ingresos», defiende.

Esta nueva fase de las negociaciones con Habitatge, apunta Jiménez, «no debería demorarse mucho tiempo, ya que, en los últimos meses, mientras se resolvía el litigio, la PAH fue poniendo al día la documentación de todas las personas instaladas en el bloque, de forma que todas ellas pueden ya demostrar que su riesgo de exclusión es elevado», indica el portavoz.

Para llegar aquí han sido necesarios meses y meses de negociaciones y trámites judiciales contra la Sareb, propietaria del edificio después de que la Caixa Penedès se lo traspasara. Cuando los vecinos actuales (y, previsiblemente, por un tiempo ya definitivos) entraron en el bloque, en abril del 2013, llevaba cuatro años vacío.