El Congreso aprueba el decreto 'antiVTC' pero abre la puerta a su modificación

El Gobierno ha logrado que el pleno del Congreso convalide el real decreto (los vehículos que usan las plataformas de Uber  y Cabify). No ha conseguido evitar, sin embargo, que puedan introducirse cambios en el futuro. Las intensas negociaciones mantenidas con PDECat y ERC hasta unos minutos antes del debate han fracasadoo. Ambos grupos han votado a favor de la nueva norma, pero luego se han aliado con sus principales detractores, el PP y Ciudadanos, para imponer que se tramite como proyecto de ley.

La decisión no afecta a la entrada en vigor de la nueva regulación. Como todos los decretos, su efectividad es inmediata una vez se publica en el BOE pero las administraciones suelen esperar para desplegarlos a que el Congreso los convalide para evitar rectificaciones. La convalidación ya se ha producido y, por tanto, hay vía libre para su aplicación. Otra cuestión es que algunas autonomías y municipios decidan esperar hasta comprobar qué cambios de introducen durante el trámite parlamentario. Esta decisión queda en sus manos.

El decreto habilita a los ayuntamientos y a las comunidades para que impongan de inmediato a los Uber y Cabify horarios, tarifas y otras restricciones similares a las que están sujetos los taxis. En el plazo de cuatro años ampliables a seis caducarán todas las licencias para los viajes urbanos de los VTC (el 95% de los que hacen) y quedará en manos de la administración autonómica y local expedir una nueva o acabar con la actividad.

Temor de los taxistas

El Gobierno está convencido de que, dada su escaso peso parlamentario (84 diputados), la tramitación como proyecto de ley entraña el riesgo de que la norma “se desvirtúe”.  "Vamos a pudrir este asunto manteniendo la incertidumbre", ha lamentado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que se mostró muy disgustado pese a haber visto aprobado su decreto. El temor de los socialistas es que las crecientes presiones de las grandes empresas con intereses en los VTC logren acaben teniendo efecto.

Los exconvegentes han cimentado su postura en la necesidad de garantizar que las comunidades autónomas no tengan que hacer frente a las hipotéticas indemnizaciones que podrían obtener los VTC en las reclamaciones judiciales que a buen seguro presentarán. También en la necesidad de blindar la competencias de la Generalitat en este campo. Su diputado Ferran Bel ha anunciado que aprovecharán el nuevo trámite para presentar dos enmiendas en este sentido y ninguna más.

"Si hubieran dialogado antes de redactar el decreto ahora no sería necesario ir al proyecto de ley", le ha advertido el diputado independentista al ministro. Un reproche que han repetido prácticamente todos los grupos, entre ellos ERC que ha expuesto los mismos argumento que el PDECat en una sintonía poco habitual en los últimos tiempos.

Los socialistas creen que si se introduce una cláusula de salvaguardia que atribuya al Estado el pago de las hipotéticas indemnizaciones producirse es como dar armas a quienes a buen seguro las reclamarán. "La indemnización ya se establece en el decreto , son los cuatro años transitorios prorrogables a seis", han explicado fuentes de este grupo.  

Compromiso del 'conseller'

Para calmar al sector del taxi en Catalunya, el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha prometido a los sindicatos deplegará inmediatamente la nueva regulación, sin esperar más. Quizás por esta razón el sindicato de taxistas Élite, ampliamente mayoritario en Barcelona, ha reaccionado con optimismo. "Sabemos que las comunidades autónomas pueden aplicar desde hoy mismo el decreto y hemos visto que disponemos de una mayoría parlamentaria para revalidarlo", ha señalado su portavoz, Tito Álvavez,  que ha aplaudido la votación desde la tribuna del público. 

El debate, muy tenso y que requirió la intervención en tres ocasiones del ministro, algo muy poco habitual, ha tenido momentos chocantes, como cuando el diputado de ERC a reprochado al Gobierno de "desviar al córner el conflicto". Ábalos le ha preguntado si las comunidades autónomas son el córner. "Sorprende ver como partidos que quieren irse del Estado critican que se les traspasen una competencias", ha añadido con sorna.

Quienes sí han sido coherentes con su discurso centralizador y mimético de los últimos tiempos, son el PP y Ciudadanos, que han coincidido casi en todo. Han asegurado que se trata de una expropiación en toda regla, inconstitucional, y que el Ejecutivo "pasa el marrón a las autonomías", sin resolver nada. ¿Lograrán apoyo de idependentistas y nacionalistas para revertir aspectos clave del decreto? Veremos. Decir que la situación política cambia cada poco en Madrid es quedarse cortos.