El expresidente del Consell Comarcal del Vallès Occidental se desentiende de las acusaciones de enchufismo en Mercavallès

El expresidente del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Antoni Rebolleda, se ha desentendido de las culpas en el presunto enchufismo del exconcejal sabadellense José Manuel Piedrafita como director de Mercavallès en 2007. Rebolleda asegura que él tenía responsabilidades institucionales y no competencias para decidir a quien se contrataba en la institución. Lo ha asegurado durante el juicio que se celebra en el Juzgado Penal número 3 de Terrassa y donde también está acusado el exgerente de la entidad Américo Ologaray.

Este último ha revelado que cuando expresó sus dudas alrededor del polémico proceso de contratación, Rebolleda lo amenazó con echarlo del Consejo. Por su parte, Piedrafita ha dicho que “desconocía” que hubiera irregularidades con su lugar de trabajo o que no dispusiera de la categoría administrativa que se requería para el trabajo.

Aunque la investigación de los Mossos d’Esquadra señala que Rebolleda y Ologaray llevaron a cabo varias actuaciones para colocar José Manuel Piedrafita delante de Mercavallès, los tres han negado este extremo durante el juicio en Terrassa. Rebolleda asegura que no tiene nada que ver y que él no era quien decidía o hacía contratos en el Consell Comarcal, tan solo quien firmaba los documentos. Así, en palabras del Fiscal, ha dicho que “seguía órdenes de arriba” y de la “federación del PSC”.

Por su parte, Ologaray asegura que cuando lo nombraron gerente del Consell Comarcal en verano de 2007, se encontró que el contrato del hasta entonces gerente de Mercavallès se había prorrogado con data de finalizaión del 31 de agosto, justo cuando asumió el cargo Piedrafita. Ologaray asegura que una empleada de Recursos Humanos lo informó que la plaza debía ser de funcionario de carrera y no eventual y explica que transmitió sus dudas a Rebolleda. Así mismo, apunta que este le dijo que la decisión estaba tomada y le invitó a abandonar su lugar de trabajo si no acataba las órdenes. Al mismo tiempo, recuerda que dejó su trabajo en este ente en 2009 y que Piedrafita siguió en Mercavallès hasta 2014.

En esta misma línea se expresan Olga Garcés, empleada de Recursos Humanos del Consell Comarcal, y Juli Boadella, secretario entre 1991 y 2015. Boadella explica que envió un correo electrónico a Garcés alertándola que la plaza de director de Mercavallès “no se podía cubrir con un cargo de confianza”. Aún así, explica que se fue de vacaciones y que cuando volvió vio que ya se había hecho un decreto y que Piedrafita ya estaba al frente del mercado vallesano.

CONTRATACIÓN DE URGENCIA

"Era una contratación de urgencia porque había acabado el contrato de Jaume Buscallà y se debía cubrir la vacante y pensé que más adelante se haría el concurso y firmé”, asegura. También recuerda que el ente da cuenta de todos los decretos en el Pleno y que “las decisiones las tomaba el Presidente y el día a día lo asumía el gestor”. El secretario añade que hasta que no se inició la investigación por los Mossos d’Esquadra no tuvo acceso al expediente y que no redactó ningún informe jurídico porque nadie se lo pidió.

José Manuel Piedrafita asegura que no tiene buena relación con Rebolleda y que no conocía a Ologaray hasta que entró a trabajar en Mercavallès. Así mismo explica que se enteró que había una vacante y que “por voluntad propia” decidió optar al cargo. “El verano de 2007 llevé un currículum al Consell Comarcal en un sobre y al cabo de un tiempo una persona que no se identificó me llamó y me dijo que me ofrecían la dirección de Mercavallès con una plaza temporal y de substitución”.

Olga Garcés reconoce que redactó el contrato de Piedrafita cuando Ologaray se lo pidió y advierte que el expediente estaba incompleto y que no figuraba el curriculum. “Una de las cosas que más me sorprendió fue que no tenía la categoría necesaria para el trabajo, pregunté a Ologaray que hacíamos y me dijo que pusiéramos sus estudios que eran de escala administrativa dos”, asegura.

Posteriormente, en 2009 se volvió a convocar la misma plaza para Piedrafita a pesar que la titular del cargo, que estaba de baja, volvió y se la reasignó a otro departamento. Además, se recalificó la categoría profesional para el cargo a una escala administrativa dos, de manera que encajaba para Piedrafita. “Desconozco los temas laborales”, apunta el exconcejal socialista que afirma que cuando le bajaron la categoría no le rebajaron el sueldo y que no le extrañó nada.

El fiscal pide que se condene a Rebolleda y Ologaray por nombramiento ilegal o prevaricación con una multa de 7.200 euros más suspensión de sueldo y trabajo durante dos años o que se los inhabilite durante diez años. En el caso de Piedrafita, exige que se le atribuya un delito de prevaricación o aceptación de nombramiento ilegal para cargo público y una multa de 7.200 euros o una inhabilitación de seis años.

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