El Govern afianza el modelo de residencias concertadas a dos días de las elecciones

En Catalunya, menos del 2% de residencias para ancianos son de gestión y titularidad pública. De hecho, el Govern financia cerca del 57% de las plazas en residencias privadas para que las personas dependientes puedan costear un geriátrico con las ayudas de la ley de dependencia. Precisamente este modelo es el que va a reforzar el último decreto que está previsto que firme Chakir el Homrani como 'conseller' d'Afers Socials antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo, 14 de febrero. En pocos días se prevé incrementar un 4% los fondos públicos que perciben las residencias privadas financiadas por el Govern. La mejora de fondos, implorada desde hace décadas por parte de las patronales, está condicionada a que los geriátricos suban un 12% el sueldo a sus trabajadores. De fondo queda una herencia política que podría comprometer la obra de gobierno del ejecutivo entrante.

Solo 17 residencias catalanas para la tercera edad (de 1.631 plazas) son de gestión pública al 100%. En residencias públicas gestionadas por entes privados que han ganado un concurso público hay 8.667 plazas (el 14% del total). Aunque el grueso de la atención a los dependientes en Catalunya, según datos de este otoño, recae en las casi 19.500 plazas de residencias privadas que se financian con fondos públicos con conciertos o convenios de colaboración (el 33% del total) y las 9.126 plazas de la privada que los residentes se pagan con una ayuda económica pública (el 15%). Solo el 35% de las plazas de residencias son exclusivamente privadas. Este es el resultado de unas políticas iniciadas antes de la época de los recortes que han preferido delegar en la concertación privada la atención a los dependientes en vez de apostar porque la atención sea a través de la gestión pública.

La dependencia en manos privadas

Las críticas a este modelo han crecido especialmente con las miles de muertes registradas con la pandemia del coronavirus en los geriátricos. A dos días de las elecciones, la Generalitat ha prometido una subida del 4% de la tarifa de cada cama de los geriátricos que le ceden plazas, que supone un aumento de 50 millones de euros respecto al presupuesto del año anterior.

La reclamación de patronales y sindicatos por una mejora de las aportaciones públicas, congeladas desde hace una década, viene de lejos. En 2019 ya se aprobó una ligera mejora de 14 millones de euros, y ahora llega una segunda mucho más relevante. El primer aumento de subvenciones no impactó en los sueldos de los trabajadores, un sector precarizado y con algunos sueldos que no llegan al salario mínimo interprofesional, según denuncian los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

Cuando la principal patronal del sector geriátrico catalán, ACRA, pidió de nuevo una subida de las tarifas públicas para este 2021, la 'conselleria' exigió que se mejorasen los sueldos a través de un convenio de la dependencia. "Hace meses que estábamos informando a la Generalitat de que los sueldos de los cuidadores en los geriátricos seguían siendo más que precarios, a pesar de las mejoras de las tarifas", señala el responsable de acción social de la UGT, Jaume Adrover. En cuestión de dos semanas, UGT y Comisiones Obreras han negociado un principio de acuerdo con ACRA, que también acabaron firmando la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Subida de sueldos

Este documento plantea que por primera vez en Catalunya haya un convenio colectivo que regule los sueldos de los trabajadores de la dependencia mejorando los sueldos del convenio estatal. El problema es que solo va a afectar los centros de día o geriátricos donde la aportación de la Generalitat supere el 60%. En estos centros, los trabajadores van a percibir un aumento del 6% del sueldo este 2021, y del 12% para 2023. Para poner un ejemplo, los profesionales de limpieza de los geriátricos que han estado en la primera línea de la pandemia pasarán de cobrar 903 euros al mes a percibir 957,18 euros en 2021, y 1.111 al cabo de dos años. "Es un primer gran paso muy importante para dignificar la tarea de estos trabajadores, y garantizar la sostenibilidad del sector", celebra la presidenta de ACRA, Cinta Pascual. "Claro que no es nuestro modelo, pero este es un avance muy importante para los trabajadores de la dependencia que estaban en una situación laboral lamentable", añade Adrover.

Patronales críticas

Sin embargo, a otras patronales de geriátricos no les gusta este acuerdo. Primero, por cómo se ha gestado. Y segundo, porque vaticinan que esto creará una escala salarial que hará imposible encontrar empleados en los geriátricos que no puedan aplicar estas mejoras. Entre estas patronales se cuentan la Unió de Petites i Mitjanes Residències, La Confederació d'Entitats del Tercer Sector, la asociacón ACAD y la asociación de centros católicos. Todos se han unido bajo el paraguas de PIMEC, que está estudiando impugnar este principio de acuerdo catalán de subida de salarios.

"El Govern ha cerrado este pacto de mejora de las tarifas con ACRA y nosotros aún hoy no sabemos ni como se va a concretar. Además, el acuerdo de mejoras salariales solo va a beneficiar a los macrocentros que tengan una gran aportación pública, pero hay centros muy pequeños que no van a ser representados, que no podrán subir los sueldos de sus trabajadores, y que tendrán graves problemas para encontrar personal". Quien pronuncia estas palabras es Josep Ginesta, exnúmero dos del 'conseller' y hoy responsable del área de trabajo de la patronal PIMEC. Estas patronales críticas tienen prevista una reunión con el 'conseller' el próximo martes, cuando ya esté gobernando en funciones.

De fondo, queda la moralidad de aplicar una substancial mejora en la aportación pública en la dependencia en plena campaña electoral. Para unos es una oportunidad única que permitido desencajar importantes mejoras laborales. Para otros, un 'sprint' final de una larga maratón. Quizás el nuevo Gobierno que salga de las urnas quiera recortar la aportación a la privada y construir más geriátricos de gestión pública. El debate ocurre en un país donde las tasas de envejecimiento, en los próximos 10 y 20 años, pueden llegar a duplicarse.

Suscríbete para seguir leyendo