CRISIS EN LA ATENCIÓN SOCIAL

La mitad de los dependientes catalanes son cuidados por familiares

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Elisenda Colell

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Catalunya es la comunidad con más dependientes en el limbo. El 31 de diciembre del 2018 había 75.141 personas que tenían reconocido el derecho a la prestación, pero aún están esperando por ello. Y la práctica mayoría, el 72%, son personas mayores. Paralelamente, la comunidad catalana figura entre las que tienen menos plazas públicas de geriatría y, además, las privadas son de las más caras del Estado. A la práctica, quien no tiene dinero para pagar la residencia se queda en casa, y opta por las ayudas a los familiares que cuidan. En Catalunya, suponen ya la mitad del total. Según los profesionales del sector, los mayores pasan los últimos años de su vida sin ayuda profesional y desatendidos. 

Estos datos, disponibles en el Portal de la Dependencia, los ha hecho público este martes la patronal de las residencias, la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), que ha pedido aumentar el gasto social en este ámbito. Su presidenta, Cinta Pascual, ha recordado que existe una prestación social, de hasta 700 euros, que permite que las personas en lista de espera puedan pagarse algún servicio, aunque difícilmente puedan costearse una residencia en Catalunya. "Si aumentan esta paga solucionaríamos gran parte del problema", ha reclamado. 

"No se está tomando en serio"

Un estudio, que se ha presentado en toda España sobre el Caos de la Dependencia, apunta directamente a Catalunya. La presidenta de la ACRA ha demandado a la Generalitat que tome cartas en el asunto, de forma urgente. "No se están tomando en serio el tema, deberían crear una 'conselleria' de Gente Mayor, porque cada vez habrá más personas dependientes", ha asegurado Pascual, que ha confirmado que los recursos están saturados. De hecho, cada día mueren seis catalanes esperando una plaza en un geriátrico. 

Pocas residencias públicas y privadas muy caras

Después de Cantabria y la Comunitat Valenciana, Catalunya es la tercera comunidad con menos plazas de residencias públicas. Representan tan solo el 20% del total. Y además, el 80% de plazas privadas para el cuidado de mayores son de las más caras del Estado. Con IVA, una residencia de media cuesta 2.013,94 euros por persona. Es la quinta con el precio más alto. Destaca el País Vasco, con un coste de casi 2.500 euros por persona, aunque en esta comunidad el 32% de las plazas en geriátricos son de titularidad pública. 

Hay una paga que sirve para suplir, al menos, la lista de espera para las personas dependientes. Es la conocida como la PEVS (Prestación Económica Vinculada al Servicio), que se gestiona con mucha rapidez y que sirve para pagar un servicio privado a los que están en lista de espera. Ya sean ayudas a residencia, atención profesional en casa, o centros de día.

El problema es que el dinero de esta prestación es muy bajo. Las personas con mayor grado de dependencia cobran 700 euros; los que menos, están alrededor de los 300. "Con este dinero es imposible entrar en una residencia o pagar a alguien para hacerse cargo de la persona", ha explicado Pascual, que ha pedido que este ingreso debe aumentarse de "forma urgente". "Nos ayudaría a resolver esta crisis", ha remachado. 

La mitad de los dependientes es cuidado por un familiar

Tras este panorama, un gran grueso de las personas con esta situación optan por la prestación de Cuidados No Profesionales, que está en los 400 euros por persona a cargo. Es decir, son familiares que dejan sus empleos para, mayoritariamente, cuidar a sus mayores. En España, el 38% de los dependientes que recibe alguna ayuda opta por un cuidador familiar. En Catalunya este porcentaje sube al 52% del total de dependientes, 80.0000 personas. En cambio, las prestaciones para pagar residencias "de urgencia" solo la asumen el 9% de los catalanes que cobran alguna prestación de dependencia.

Hay otras comunidades con mayores índices de ayudas a cuidadores no profesionales que Catalunya. En Navarra son el 72% del total, en Baleares el 67% y en Murcia suponen el 65%. La patronal reivindica la profesionalización de este servicio. "Los familiares no tienen la formación ni los medios suficientes", ha insistido Pascual. 

Supliendo la desinversión estatal

Este informe también pone en evidencia que las comunidades autónomas están supliendo el desinterés, al menos económico, que muestra el Estado. Según la ley, la dependencia se debe financiar al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. En Catalunya, por cada euro que invierte el Gobierno central, la Generalitat pone cinco. En porcentaje, es la que recibe un peor trato: el Estado solo pone el 16% del total del gasto. Se sitúa al mismo nivel que Castilla-La Mancha, porcentualmente, aunque allí solo un 10% de los dependientes esperan recibir las ayudas demandadas. 

Las comunidades que salen más bien paradas en la inversión estatal son Galicia y Ceuta y Melilla. Sin embargo, allí la inversión de la comunidad autónoma sigue siendo excesivamente alta, del 75%. Así pues, la mediana estatal, según este estudio, revela que el Estado incumple la ley de la dependencia en todas las comunidades. Un 19% de inversión, contra un 80% de las autonomías. Por cada millón que se deja el Gobierno Central en dependencia, las autonomías ponen cinco.

Resolver la burocracia

La patronal del sector también lamenta la situación de las listas de espera por la valoración de los futuros dependientes. Aunque la ley dicta que no se debería sobrepasar los seis meses des de la detección hasta que se recibe la prestación, la realidad es muy distinta. Según los cáculos de ACRA, este trámite se puede alargar hasta los dos años. "Hay que agilizar esta gestión, la burocracia es excesiva", ha lamentado Pascual, que ha apuntado que este es de los pocos trámites que realiza el departament que aún no está digitalizado. De hecho, la valoración de la dependencia depende, en parte de los Servicios Sociales Municipales, que están saturados. 

En el 2018, según reconoció la Conselleria d'Afers Socials, había 52.865 personas esperando esta valoración. Si tenemos en cuenta los últimos cinco años, cada dos días murieron tres catalanes esperando ser atendidos