MOVILIDAD URBANA

València y L'Hospitalet frenan los patinetes eléctricos de alquiler en las aceras

Nacho Herrero

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En algunas ciudades la vuelta al cole no parece que finalmente vaya a ser en patinete eléctrico 'compartido'. Siguiendo la estela de Barcelona, que ordenó retirar hace unos días los que había dejado en la ciudad la empresa Bike Mobility, València y L'Hospitalet han frenado el desembarco en sus aceras de los de la empresa norteamericana Lime, que de momento sigue operando en Madrid.

Los patinetes eléctricos de alquiler, que no tienen una oficina física en la que recogerlos o dejarlos, aparecieron en València el pasado 28 de agosto y pillaron desprevenido al ayuntamiento, que aseguró que se habían aprovechado de un "limbo legal". Pero en estos días, el consistorio ya ha encontrado normativa a la que acogerse para frenar el desembarco, tanto en sus propias normas como en las de la Dirección General de Tráfico.

Desde el ayuntamiento recuerdan a Lime que la DGT, en su instrucción sobre vehículos de movilidad personal destinados a una actividad económica "de tipo turístico o de ocio", requiere que tengan "una autorización de la autoridad municipal" en l que debe figurar por ejemplo el recorrido que van a realizar o el horario.

Ordenanzas municipales

El consistorio también ha apuntado que las propias ordenanzas municipales habilitan a la Policía Local o a los funcionarios habilitados a denunciar y requerir la retirada voluntaria "de los elementos o instalaciones que ocupen indebidamente" el dominio público. El documento recuerda que hace falta una "autorización o concesión" para ocuparlo que Lime no ha solicitado y permite a los agentes retirar ellos mismos esos elementos si no lo hacen sus propietarios.

"La problemática no es el patinete eléctrico", señaló la concejala Anaïs Menguzzato, quien señaló que no suponen un problema en tanto que que son "un transporte ecológico". "Sí tenemos un problema con esa empresa que se ha implantado en nuestra ciudad sin tener una autorización municipal, una licencia para ejercer esa actividad económica en nuestras aceras. Lo que vamos a hacer es recordarle que es necesario contar con esa autorización, como cualquier otra empresa, y si no está en disposición de la misma, que retire los patinetes de la vía pública", apuntó.

Multas de hasta 750 euros

"Si la empresa no retira los patinetes en un plazo que entendemos que puede ser de un día tendrá que ser la propia Policía Local la que los retire", anunció. Fuentes del ayuntamiento explicaron que las multas pueden ser de 750 euros por ocupación del espacio, a los que habría que añadir 122 por la retirada y 1'05 euros por cada día que estén en el depósito.

El ayuntamiento gana así tiempo ante la previsión de poder presentar dentro de dos o tres semanas una nueva ordenanza de movilidad que incluirá limitaciones para la circulación de estos patinentes y para que Hacienda pueda crear una tasa para este tipo de empresas. En este caso, también se incluiría a las empresas que operan en la ciudad desde hace meses con motos eléctricas.

En el caso de Lime, entre cuyos inversores están Uber y Google, los patinentes, se desbloquean mediante una apliación y un código QR al precio de 1 euro, al que se le suman 0'15 centímos por minuto. Además de adaptarse a las ordenanzas municipales de cada ciudad, falta por ver si la Inspección de Trabajo considera 'falsos autónomos' a aquellos ciudadanos a los que Lime paga por recargar los patinetes.

Ante su éxito en Estados Unidos, la empresa ha desembarcado este verano en Europa y sus patinetes ya se pueden ver en capitales como París y Zúrich.

Barcelona retiró los patinetes de Wind, la marca de Bike Mobility, porque sus ordenanzas municipales determinan que patinetes de alquiler sólo pueden usarse con casco "y obligatoriamente acompañados de un guía".

Lime retira los de L'Hospitalet

En el caso de L'Hospitalet del Llobregat, la empresa ya no ofrece el servicio para poder desbloquear los patinentes en la ciudad catalana y ha procedido a retirar los 100 que había distribuido tras el requerimiento que le había realizado el ayuntamiento, al que tampoco había informado del inicio de su actividad.