DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL

El fiscal reclama hasta 21 años de prisión para el grupo 'pilla pilla' por vejar a homosexuales

La pandilla se hacían pasar por menores, lograban una cita con sus víctimas, la grababan y humillaban y colgaban los vídeos en internet

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J. G. Albalat

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El fiscal de delito de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, solicita en su escrito de acusación hasta 21 años de cárcel para los integrantes del autodenominado "proyecto pilla-pilla", que preparaban emboscadas a homosexuales en Granollers y Les Franqueses para humillarles y vejarles. Les sometían a un interrogatorio y luego colgaban el vídeo en internet. El ministerio público reclama la mayor pena para Mykola, el impulsor de este grupo, y para su principal colaborador, así como seis años y dos años de prisión para los otros cuatro acusados.

Mykola, de nacionalidad ucraniana, creó en noviembre de 2013 el grupo que denominó "proyecto pilla-pilla", que era una imitación del colectivo ruso "Occupy Pedofilya", de clara ideología neonazi, que, con el pretexto aparente de identificar y neutralizar a pederastas, buscaba perseguir y vejar a homosexuales. Con los mismos objetivos, el grupuscolo español actuó al menos contra tres víctimas, a las que, mediante un engaño previo, humillaron con un interrogatorio vejatorio, que grabaron en vídeo y difundieron por las redes sociales.

Para conseguir sus propósitos, los miembros de este grupo se hacían pasar menores de edad y entablaban una conversación en chats de contactos íntimos con homosexuales, con los que concertaban una cita. El día del encuentro, cuando aparecía la víctima, entre diez y veinte miembros abordaban a las víctimas, aprovechando la "notable desproporción de su fuerza numérica", según el fiscal. Después le rodeaban para que no huyera, le retenían y le filmaban mientras le interrogaban. La acusación sostiene que los investigados actuaron con el fin de "atemorizar, humillar y represaliar" a los homosexuales.

En el interrogatorio, los acusados obligaban a responder a las víctimas preguntas vejatorias sobre su condición sexual y familiar, dar su nombre completo y su DNI, proclamar públicamente su homosexualidad y reconocer, bajo coacción, que eran unos "pederastas abusadores de niños".

Estado de alarma

La fiscalía sostiene que estos hechos, de los que únicamente se ha podido identificar a tres víctimas, causaron en esa época y en los meses sucesivos un "estado de alarma social" entre el colectivo homosexual, que temió por su seguridad y por su integridad y se vio gravemente afectado en su dignidad colectiva.

Los vídeos llegaron al entorno de las víctimas, que de esta forma pudieron descubrir su orientación sexual, conocer sus fantasías sexuales y la falsa acusación de que eran abusadores de niños, generando todo ello un daño "irreparable" en su honor y en su dignidad, debido al "escarnio público" que suponía que, sin haber cometido ninguna ilegalidad, se les asociara con la pederastia.

Por todo ello, el fiscal acusa al creador del grupo y a su principal colaborador, que era quien llevaba el peso de los interrogatorios, de tres delitos contra la integridad moral y tres contra la intimidad, por los que les reclama 21 años de cárcel. A los otros cuatro acusados, el fiscal les pide condenas de seis años de prisión a dos de ellos y dos años a los otros dos. También reclama una indemnización conjuntamente a cada una de las tres víctimas con 31.000 euros.