Pederastas en el limbo

El caso del profesor de Informática de la escuela Vedruna del barrio de Gràcia de Barcelona, detenido el pasado diciembre después de casi dos años de investigación policial por lo que inicialmente era un delito de tocamientos a menores, pero que acabó convirtiéndose en una agresión sexual en toda regla, ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, una grave laguna legal en la protección de menores. ¿Cómo es posible que ese sospechoso, al que luego encontraron en el móvil cientos de fotografías explícitas de niños desnudos, siguiera trabajando en contacto directo con menores durante más de un año y medio? ¿Por qué no dictan los jueces, como ocurre a menudo en la violencia machista, órdenes de alejamiento mientras este tipo de casos están bajo investigación?

"Es cierto que, tal y como está actualmente previsto en la ley, estos sospechosos pueden seguir manteniendo sus empleos aunque estos estén relacionados con el trato con menores, porque es necesario que un juez dicte una medida cautelar diciendo de forma explícita que ese señor no puede volver a dar clases", constata Ujala Joshi, profesora de Derecho Penal en la Universitat de Barcelona (UB). "Ahora -agrega esta especialista en delitos contra la libertad sexual y en violencia contra mujeres-, si yo hubiera asesorado a ese colegio, le habría dicho que era mejor mantenerlo alejado de los niños".

Todo se solucionaría, señalan los juristas consultados por este diario y entidades que trabajan en la protección de la infancia como Save the Children, con una reforma legislativa que impidiera que la situación siga reproduciéndose. "Un buen referente sería, por ejemplo, la ley de violencia de género del 2004, en la que, además de incluirse medidas asistenciales para las víctimas, se modificaron cuestiones procesales y hubo formación para jueces y fiscales, hasta el punto de crearse juzgados específicos para este asunto", sugiere Joshi.

"Un buen referente sería la ley de violencia de género del 2004, que incluyó formación a jueces y fiscales"

Ujala Joshi

— Profesora de Derecho Penal en la UB, especialista en delitos contra la libertad sexual

Los responsables del Vedruna de Gràcia, una escuela gestionada por la orden religiosa de las Hermanas Carmelitas, con sede en Vic, alegan que nadie les comunicó oficialmente en el 2015, cuando fue detenido por primera vez, que el docente Jesús B. V. era sospechoso de pederastia. Le habían denunciado dos menores de un ‘esplai’ del distrito de Horta-Guinardó, en el que había sido monitor hasta el 2012, pero en aquel momento nada les indujo a pensar, aseguran, que también hubiera podido actuar en la escuela, donde impartía clases de Informática y de Cultura Religiosa desde el 2011.

No estaba en el registro central

El nombre del profesor, de 32 años, tampoco figuraba en el registro central de delincuentes sexuales, en vigor desde marzo del 2016, según ha informado este viernes la Conselleria d’Ensenyament. Por todo ello, agrega un portavoz de la dirección del centro, optaron por mantenerlo bajo vigilancia, pero respetando el principio de presunción de inocencia que en ese momento le amparaba.

La contradicción en que se encuentran quienes contratan a estas personas mientras no existe una sentencia firme llega al extremo en el caso de los funcionarios. En estos momentos, el estrecho margen de maniobra que tiene la Administración para apartar de su puesto a un empleado público que está siendo investigado es mediante la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, que prevé una suspensión de empleo y sueldo durante tres meses. "Aunque el departamento ya ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Catalunya para que esta pida a los jueces, de forma automática cuando se trate de un delito de este género, que adopten medidas cautelares", ha anunciado una portavoz de Ensenyament.