El juez vuelve a citar a la activista Helena Maleno el 31 de enero para estudiar las nuevas pruebas

La activista y defensora de los derechos humanos en la frontera sur, Helena Maleno, tendrá que volver al juzgado de Tánger el próximo 31 de enero para continuar su declaración en relación a un supuesto delito de favorecer la inmigración irregular. El juez ha decidido continuar ese día su declaración tras estudiar las nuevas pruebas aportadas por la defensa de Maleno, entre ellas el archivo de la causa en España, antes de seguir el interrogatorio. De momento, confirman desde su defensa, no se le han impuesto medidas cautelares de ningún tipo ni se le imputa aún formalmente delito alguno.

Maleno fue citada a declarar el pasado 27 de diciembre pero la vista se aplazó a petición de su abogada, que necesitaba más tiempo para preparar la causa. Ahora, esta nueva cita para continuar la declaración era uno de los escenarios contemplados por la defensa de la activista, y lo consideran una “buena noticia” porque supone que el juez del Tribunal de Apelación de Tánger va a estudiar con detenimiento su caso y las pruebas aportadas, y no se aborda por tanto con ideas preconcebidas. El juez les ha indicado además que no cuentan con pruebas o información sobre la supuesta actividad delictiva que se atribuye a Maleno.

Fuentes cercanas a la activista y portavoz de Caminando Fronteras han indicado que el interrogatorio se ha prolongado durante más de dos horas y que Maleno se siente “muy cansada” física y mentalmente. “Sigue con miedo a saber cómo acaba todo, porque tiene una familia, y porque sigue sin entender muy bien como se ha visto metida en esto”, señalan las fuentes desde Women's Link, la oenegé con la que la activista trabaja y que colabora con su asistencia jurídica.

Caso archivado en España

Periodista de formación, investigadora y escritora, Maleno está siendo investigada por la justicia marroquí por las llamadas de alerta que realiza a Salvamento Marítimo cada vez que los inmigrantes le avisan de que están en el mar con intención de llegar a las costas españolas. En muchos casos, cuando simplemente están desorientados y a la deriva. En los menos, pero los más trágicos, cuando la patera hace aguas y sus esperanzas de sobrevivir se agotan.

Desde su entorno más cercano insisten en atribuir su procesamiento por promoción de la inmigración irregular a la “estrategia de hostigamiento” que se emplea con los defensores de derechos humanos. Su acusación se basa en un informe elaborado por la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía española, pero el caso fue archivado en abril del pasado año al no hallar la Fiscalía indicios de esa supuesta actividad delictiva. El expediente no llegó siquiera a ser instruido por la Audiencia Nacional, pero la UCRIF remitió el expediente a Marruecos, donde ahora se investiga. Maleno cuestiona el contenido del mismo, ya que, por ejemplo, no se plantea por ejemplo que haya un ánimo de lucro detrás de esa supuesta ayuda a las mafias de trata de personas. “¿Cuál sería entonces mi lógica motivación?”, se pregunta.

Amenazas en redes sociales

Helena Maleno se instaló en 2001 en Tánger (Marruecos) para denunciar las vulneraciones de derechos humanos en la frontera sur, y desde entonces se esfuerza por poner nombre y visibilizar a quienes se juegan la vida en el mar intentando llegar a España. Su trabajo al frente de la oenegé Caminando Fronteras le ha valido el reconocimiento de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, y especialmente el de la comunidad de migrantes, aquellos a quienes ayuda y que, como muestra de respeto, le han otorgado el sobrenombre de “mamá”.  Decenas de ellos se reunieron precisamente este martes en la Catedral de Tánger para expresarle su solidaridad antes de acudir a los juzgados.

Asimismo, más de 200 personalidades de la cultura en España han realizado un escrito de apoyo al que se han ido sumando ciudadanos anónimos que han expresado su apoyo en redes sociales, oenegés y entidades en defensa de los Derechos Humanos. No falta tampoco el apoyo de la Iglesia Católica, que considera que en este caso se está cometiendo una "injusticia total".

Sin embargo también ha recibido amenazas por sus denuncias contra las “devoluciones en caliente”, práctica que le ha merecido a España una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras actuaciones de las fuerzas de seguridad. Fue el caso de los policías que se lesionaron al intentar parar a patadas a un grupo de migrantes a la carrera en la frontera de Ceuta, o las siete mujeres muertas tras ser bloqueada su lancha por una embarcación de la Guardia Civil para facilitar que la Marina marroquí se hiciera cargo de ellas. Caminando fronteras fue además una de las organizaciones que más se involucró en que se depuraran responsabilidades tras la muerte de 15 subsaharianos a causa de los pelotazos de goma disparados por la Guardia Civil desde la playa del Tarajal en Ceuta.