Chile investigará a los Maristas por tapar abusos sexuales, a diferencia de España

La fiscalía chilena ha agrupado en un solo procedimiento todas las denuncias que se registren contra profesores de los Hermanos Maristas en este país de América del Sur. El fiscal Guillermo Adasme, responsable de delitos sexuales y violencia doméstica, ha sido el designado para estudiar todos los relatos de exalumnos que sufrieron abusos sexuales en colegios de esta orden religiosa.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL PERIÓDICO, todas estas acusaciones, con independencia de si atañen o no a delitos ya prescritos por el código penal chileno, formarán parte de un "expediente único" que servirá también a un segundo propósito: indagar en el posible delito de encubrimiento por parte de la orden marista.

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El muro de la prescripción

La prescripción de los delitos de abusos sexuales, en demasiadas ocasiones, ha terminado protegiendo más a los pederastas que a sus víctimas. El 'caso Maristas' de los colegios catalanes, en el que 12 docentes de esta orden educativa fueron denunciados por delitos ocurridos entre las décadas de 1970 y 2010, lo demostró con claridad: solo uno de los acusados, el profesor de educación física Joaquim Benítez, se sentará próximamente en el banquillo de los acusados. Pero lo hará únicamente para responder por las agresiones que cometió durante los últimos años. No por todas. Y la inmensa mayoría de la cuarentena de exalumnos que denunciaron a sus antiguos profesores no han recibido ningún tipo de justicia. 

Poco tiempo para denunciar

La ley chilena, como la española, deja una ventana de tiempo muy limitada para denunciar el maltrato sexual infantil. Los expertos señalan que, a menudo, las víctimas de pederastas, por las características propias de estos delitos que sufren cuando son todavía menores de edad, no llegan a ser conscientes de qué les ha ocurrido hasta muchos años después. En este sentido el partido político Esquerra Republicana de Catalunya presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados, a raíz de la investigación de EL PERIÓDICO sobre el 'caso Maristas' de Catalunya, para debatir una ampliación de la fecha de caducidad de los abusos a menores. Una iniciativa que no prosperó.

En ambos países, el periodo de prescripción se activa a partir de la mayoría de edad de la víctima, es decir, cuando cumple los 18 años de edad. En Chile se dejan 5 años de margen. Esto significa que si una persona no ha denunciado a su agresor antes de los 23 años ya no puede hacerlo. En España, el tiempo va en función de la gravedad de la agresión. Los tocamientos más leves caducan cuando la víctima tiene 21 años y las agresiones más graves poco después de que haya superado la treintena.

Dos maneras de proceder distintas

La justicia española recogió y archivó todas las denuncias del 'caso Maristas'. Una a una, las demandas que exalumnos se atrevían a presentar ante los Mossos después de haber estado callados durante años o décadas, se fueron quedando en papel mojado. La policía catalana trasladaba cada denuncia al juzgado y, por reparto, caía en cada ocasión en un distinto. El juez de instrucción que la recibía, informaba a la fiscalía y esta, tras constatar que los hechos denunciados habían ocurrido fuera del plazo de persecución judicial, respondía que eran episodios caducados.

De este modo, las víctimas fueron recibiendo cartas de jueces distintos que notificaban que su causa judicial había sido sobreseída. 

España, quieta

Las denuncias de las víctimas catalanas, que hacían referencia a delitos cometidos en dos colegios maristas de la capital catalana (Sants-Les Corts y la Immaculada), nunca se juntaron en una causa única. Todas se trataron como si se tratara de episodios aislados sin conexión con la institución propietaria de ambos centros. Así había ocurrido también en el 2011, cuando las seis denuncias presentadas por alumnos del colegio Champagnat de Badalona contra el hermano Lucio Zudaire no motivaron tampoco ninguna investigación. 

El encubrimiento se recoge en el artículo 451 del Código Penal español. Este apartado subraya que se da cuando alguien, "conociendo la comisión de un delito", ayuda al sospechoso "a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura". La fiscalía chilena, a pesar de que la inmensa mayoría de las denuncias están prescritas, ha creado este "expediente único" con la finalidad de investigar la hipotética comisión de un delito de "encubrimiento" por parte de los Maristas. Pero esto no ocurrió en Catalunya.

Ni el Congreso de los Diputados se planteó ampliar la prescripción de los delitos de maltrato sexual infantil, ni la Generalitat -los colegios maristas son concertados y reciben dinero público- abrió una inspección interna, ni los jueces ni la Fiscalía de Barcelona ordenaron investigar nada a los Mossos d'Esquadra ni tratar de saber qué había ocurrido en estos colegios cuando, finalmente, los exalumnos habían reunido el valor para contarlo.

Ninguna de estas autoridades hizo nada irregular al no escarbar más, señalan fuentes jurídicas. No obstante, las mismas fuentes indican que podrían haber hecho lo mismo que la fiscalía chilena.