Nueva condena contra la Generalitat por desentenderse de las guarderías

Una condena más a la Generalitat por desentenderse de las guarderías durante los años de la crisis. Tras las sentencias que han dado la razón a los ayuntamientos de Cornellà, L'Hospitalet y Sant Joan Despí en sus denuncias contra la Conselleria d'Ensenyament por desvincularse unilateralmente de la financiación de las escuelas infantiles, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado ahora a la Generalitat a pagar más de un millón de euros al consistorio de Esplugues de Llobregat por el mismo motivo. En lugar de traspasar el dinero comprometido a los ayuntamientos catalanes para ayudarles a financiar la educación de entre cero y tres años, la Generalitat derivó ese dinero a las escuelas concertadas, con el fin de que estas pudieran pagar las nóminas de sus profesores. 

Exactamente, según ha hecho público el gobierno muncipal de Esplugues, el tribunal ha condenado a la Generalitat a abonarle 1.066.000 euros en concepto de indemnización por haber incumplido la financiación de las guarderías entre los cursos 2012-2013 y 2014-2015.

La cascada de condenas millonarias contra la Generalitat por haber desatendido sus obligaciones con las guarderías (antes de traspasar esa partida presupuestaria, de unos 45 millones de euros anuales, a las diputaciones provinciales) podría incrementar su caudal en breve ya que están pendientes de resolución las denuncias presentadas por Sabadell y una colectiva que agrupa a una treintena de municipios, entre ellos Tarragona y Lleida.

Barcelona, a punto de presentar su demanda

En total, los consistorios demandantes reclaman algo más de 11 millones de euros (a razón de 845 euros por plaza de guardería). A ellos se podría sumar en breve el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene intención de presentar por el mismo motivo una demanda en la que podría reclamar hasta 22 millones de euros. Al menos, así lo anunció el pasado diciembre, la teniente de alcalde de Servicios Sociales y Educación, Laia Ortiz, que aseguró que la denuncia se tramitaría durante la primera quincena de enero.

De esta manera, Barcelona, que es la ciudad que tiene la mayor red de escuelas infantiles públicas de Catalunya y que se rige por un sistema de financiación que quedó al margen del acordado con las diputaciones, se uniría, con casi tres años de retraso, a un frente en que se encuentran las principales ciudades catalanas, salvo Girona. 

En total, entre los años 2012 y 2014, la Conselleria d'Ensenyament dejó de pagar a los ayuntamientos subvenciones por valor de 81 millones de euros. Cuando se conoció el desvío, el departamento alegó que aquellos años Catalunya dejó de recibir en torno a 70 millones de euros, procedentes de las arcas del Estado, para financiar la educación de cero a tres años, que no es una etapa escolar obligatoria.