Sociedad en el 2018: 'Solo "sí" es sí'

El juicio a cinco miembros del grupo de machotes llamado la Manada por la presunta violación de una joven en los Sanfermines del 2016 ha hecho fosfatina el lema consensuado contra las agresiones sexuales. El proceso ha revelado la inutilidad del "no" es no. E incluso su nocividad. La chica no dijo "no". En este punto han coincidido ante el tribunal ella y ellos. Y como no dijo "no", los salidos gañanes actuaron como si hubiera dicho "sí". Les importó un pimiento que la mujer pareciera un autómata, según el testimonio de policías que han visto las imágenes grabadas por la cuadrilla, a la que imaginamos eufórica en ese momento de triunfo depredador. Ni se les pasó por la cabeza que estuviera paralizada por el miedo, como declaró la denunciante. Al fin y al cabo no tienen por qué tener conocimientos de lenguaje corporal y la empatía no se enseña en la escuela. Con la consigna solo "sí" es sí no tendrían excusa los acusados y de paso futuras denunciantes de agresiones sexuales se ahorrarían tener que demostrar que no son unas guarras.

La violencia machista ha asesinado en el 2017 a 48 mujeres (a las que podrían sumarse hasta cuatro más de otros tantos casos en estudio) y ocho niños. Cinco de las mujeres asesinadas tenían medidas de protección en vigor, a una se le habían retirado y también a una se le habían negado. En el 14,6% de los casos de mujeres asesinadas por su pareja o expareja, pues, falló el sistema policial o judicial. Está muy bien el pacto de Estado contra la violencia de género alcanzado en el 2017 pero estaría todavía mejor una mayor eficacia del abecé de la protección de las víctimas. 

Año 8 'd. R. M.'

Comienza el octavo año d. R. M. esto es después de los recortes de Mas, merecedores de esta abreviatura porque inauguraron una era. Especialmente siniestra en la sanidad pública, que en el 2017 todavía tuvo 900 millones de presupuesto menos que en el 2010. Por no hablar de 6.500 profesionales menos, que han visto su salario reducido entre el 25% y el 35%.

1.985.000 catalanes tenían un seguro médico privado en el 2011. En el 2015, en lo más profundo de la crisis, ya eran 2.075.000. El que puede, vaya, suelta una pasta para ahorrarse esperas eternas en las citas con especialistas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas.

Un negocio principal de la mafia siciliana era el inmobiliario. Fomentaba la degradación de barrios enteros mientras construía viviendas en el extrarradio. Cuando el barrio era una ruina, a los residentes no les quedaba otra que comprar el piso al que estaban predestinados. Se parece mucho este episodio a lo que está sucediendo en Catalunya con la sanidad pública y la sanidad privada, si bien aquí no obedece a una estrategia, son cosas que pasan, eso cabe suponer al menos. Aunque no está de más recordar que la (fracasada) solución Mas para paliar los efectos de los recortes sanitarios fue derivar actividad a la privada. El exconseller de Salut Antoni Comín ha manifestado con vehemencia su intención de revertir la privatización de servicios, entre otros motivos porque cuestan un ojo de la cara, y también ha elaborado ingeniosos planes de choque contra esto y contra aquello. Pero sin dotación económica el sistema seguirá igual que hace ya demasiados años: fiado al esfuerzo de sus profesionales. Y a tocar madera.

Desigualdad flagrante

La desigualdad es flagrante en la educación catalana, mira por dónde el primer mecanismo para corregirla. Si es grave que el abandono escolar prematuro esté en el 18,9% (el 20% en el conjunto de España), solo por delante de Malta en la Eurozona, más grave es que este indicador se cebe con los pobres. El 34% de los alumnos con nivel socioeconómico bajo repiten curso, por el 8% de los estudiantes con nivel socioeconómico alto. Los problemas están identificados: la concentración de los primeros en escuelas gueto y una ESO que pide a gritos una renovación, empezando por la formación de los docentes.

No es obligatoria la educación de cero a tres años. Hay sin embargo quórum en que es conveniente. Máxime para los niños pobres, una vez más para limar su desventaja en el inicio de la vida. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Generalitat? Desentenderse por completo de la educación infantil y cargar su coste sobre las espaldas de los ayuntamientos. Que han comenzado a ganar demandas. He aquí una decisión crucial y además simbólica que deberá tomar el nuevo Govern: ¿Nos creemos que la educación es una herramienta de equidad y por tanto subvencionamos de nuevo las guarderías? Todo rima.  

Tras los incendios de Galicia ("terrorismo incendiario", dijo Feijóo: jua) y con España en una grave sequía, el Gobierno ha prometido para este año una ley contra el cambio climático. No se hagan grandes esperanzas: España  es uno de los pocos países europeos que no se han comprometido a renunciar al carbón y sus ayudas a la compra de vehículos eléctricos son insuficientes.