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COMUNIDAD DE MADRID

Los pisos turísticos en Madrid necesitarán un certificado de idoneidad

El borrador publicado por la Comunidad define las plataformas digitales como "empresas turísticas"

Sanciones de hasta 300.000 si se publicitan viviendas no dadas de alta en el registro

El Periódico / Efe

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Fachada de un edificio en la calle Altamiro de Madrid en proceso de rehabilitación. / DAVID CASTRO

Las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid tendrán que tener un certificado de idoneidad, un documento técnico con el que se pretende garantizar que tienen los parámetros necesarios para ser ofertadas, según un borrador de decreto del Gobierno regional.

El Ejecutivo madrileño ha publicado en el Portal de Transparencia el borrador decreto que debe regular las viviendas de uso turístico y que sustituirá a otro de 2014. El texto, al que durante 15 día hábiles se pueden presentar alegaciones, crea el Certificado de Idoneidad para las viviendas de Uso Turístico (CIVUT), que podrá ser expedido por un arquitecto o ingeniero y permitirá a los propietarios de inmuebles dar de alta sus viviendas en el Registro de la Comunidad de Madrid.

Sanciones de hasta 300.000 euros

"Se trata de un documento que certificará que el inmueble en cuestión cumple con todos los requisitos fijados por la normativa. De este modo, se ofrece seguridad no sólo a los consumidores, sino también a los propietarios y al vecindario en el que se ubique la vivienda", explica el Gobierno regional en un comunicado.

El borrador del decreto también define a las plataformas digitales que ofrecen el alquiler de estas viviendas como "empresas turísticas", por lo que estarán obligadas a cumplir la legislación y tendrán tanto derechos como obligaciones.

Deberán responsabilizarse de publicitar en sus webs sólo aquellas viviendas que estén dadas de alta en el Registro de la Comunidad de Madrid y si no cumplen con esa obligación, la administración autonómica podría abrir expedientes disciplinarios, que, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Turismo, podría suponer la imposición de sanciones de hasta 300.000 euros.

Los propietarios de las viviendas turísticas estarán obligados a garantizar la seguridad de la actividad, por lo que deberán remitir a la Dirección General de Policía la información relativa a la identidad de las personas que se alojan en ellos.

También tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil; poseer hojas de reclamación a disposición de los usuarios; disponer de calefacción en funcionamiento, suministro de agua fría y caliente y fuentes de energía suficientes, y respetar el ratio de capacidad de personas alojables en función de las dimensiones de la vivienda.

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