El año en el que las víctimas de violencia machista perdieron el miedo

El asesinato de Ana Orantes hace ya 20 años supuso “un antes y un después” en la concienciación y en la lucha contra la violencia machista, como coinciden en señalar asociaciones feministas, jueces e instituciones políticas. La sociedad se dio cuenta de la ineficacia de las instituciones para proteger a las mujeres de una lacra que seguía viéndose como un asunto privado de pareja, y comenzó un proceso de reflexión de la sociedad que culminó en 2004 con la Ley integral de violencia de género y la toma en consideración de la violencia machista como un asunto público y un atentado a los derechos humanos.

“Las características de su caso, con denuncias previas desatendidas,  y con la valentía de contar en la tele una historia que sufrían en silencio muchas mujeres, sirvió de espoleta para que muchas perdieran el miedo”, señala Inmaculada Montalbán, jueza especializada en violencia machista. “Era un problema silenciado, incluso normalizado y se convirtió en algo a combatir desde el poder público”, reitera Ángeles Carmona presidenta del Observatorio de Violencia de Género.

La sociedad reprochó a los poderes públicos que tenía que ayudar a las víctimas a salir de la espiral de violencia. “Se tomó conciencia de que era un fenómeno criminal específico que necesitaba formación y tratamiento propio”, indica Montalbán, “y que la respuesta penal era inadecuada”. El grueso de las denuncias terminaba en faltas, y el resto quedaban impunes. “La sanción era una multa económica o arresto domiciliario”, se escandaliza al recordarlo, “hubo mujeres que pagaron la multa a su agresor por riesgo a que le embargaran a él y ellas perdieran una casa que era de ambos”.

La ley del 2004

En 1999 un duro informe de Defensor del Pueblo puso el acento en que la justicia se había desinteresado de la violencia que sufría la mujer. Ese año cambió el paradigma, y las amenazas y coacciones empezaron a perseguirse de oficio, sin necesidad de denuncia previa. Las reformas legales continuaron hasta concluir en 2004 con la Ley Integral de Violencia de Género, norma pionera y revolucionaria al abordaba el problema de forma global. Se creó el 016 y un amplio tejido institucional especializado, que con la crisis se ha visto considerablemente mermado, lamenta Montalbán. La parte preventiva, sin embargo, se desarrolló menos, y además dio pasos atrás con la retirada de asignaturas como Educación para la Ciudadanía, “que ayudaba a no transmitir roles de género”.

Con el tiempo, se han endurecido las penas, y visibilizado otras formas de violencia sobre la mujer. El último paso ha sido el Pacto de Estado suscrito este pasado verano, con un horizonte de aplicación de cinco años. Pero “aún queda mucho por hacer”, insisten Montalbán y Carmona, porque el 80% de las víctimas no denuncia. La primera destaca la importancia de medidas que sirvan para desvincular las ayudas a las víctimas de la denuncia. “El paraguas asistencia se pone en marcha hasta que la mujer no denuncia, y muchas no lo hacen por distintos motivos, o luego la retiran”, explica. “Lo importante es que la mujer salga de ese círculo de terror y, que se sienta protegida para dar el paso de denunciar”.