Carmena exigirá licencia al alquiler turístico superior a 3 meses al año
Manuela Carmena / El Periódico
Por qué confiar en El Periódico El Ayuntamiento de Madrid ultima la regulación de los pisos turísticos: los permite, pero bajo control. A partir del 1 de enero del 2018 quienes alquilen su vivienda en la capital por más de 90 días al año necesitarán pagar una licencia puesto que se considerará alojamiento profesional. Según los cálculos del consistorio, en torno a 1.000 inmuebles deberán abonar esta tasa, que todavía no ha sido fijada. Los propietarios que pongan a disposición su piso por menos de tres meses no necesitarán abonar este canon ya que el Ayuntamiento encuadra su activida en el marco de economía colaborativa. La medida, anunciada por la alcaldesa, Manuela Carmena, deberá estar sancionada antes de fin de año.
Carmena ha explicado que todavía no se han establecido las sanciones para quien infrinja la normativa, aspecto que deberá abordarse en los próximos días. "Creemos que esto va a generar consenso. Sanciones tendremos, pero de momento no vamos a hablar de sanciones", ha señalado la alcaldesa.
El Ayuntamiento de Madrid realizará un censo de este tipo de pisos para que la capital desarrolle un turismo más sostenible y detecte las áreas que puedan estar saturadas. Ese mapa se analizará junto a otros aspectos, como la sobreoferta de hoteles y otros servicios turísticos en un plan especial para abordar el crecimiento de la ciudad.
Según Carmena, el consistorio tiene plena potestad para hacer la regulación al "interpretar" la ley de la Comunidad de Madrid de 1997.
Este martes esa interpretación se presentará ante la comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento. En los próximos días la propuesta deberá concretarse para entrar en vigor a principio del próximo año.
Distinto de Barcelona
La regulación en Madrid llega después de la de Barcelona, aprobada por el consistorio en julio del 2016, que obliga a todos los propietarios que alquilen su piso a turistas a pagar una tasa, sin fijar días mínimos. En un año, el Ayuntamiento dictó 2.332 órdenes de cese de actividad.
Carmena no ha asumido el modelo barcelonés y ha explicado que su regulación está inspirada en la que han llevado a cabo varias ciudades europeas.
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