Los ayuntamientos abren comedores en los institutos ante la inacción de Ensenyament

Una marabunta de jóvenes sale del instituto a toda velocidad. Son las tres menos cuarto de la tarde y, después de toda una mañana de clases, hay hambre, mucha hambre. En la cantina del Puig Castellar, un centro de secundaria con casi un millar de alumnos matriculados, situado en el barrio de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, un grupito de estudiantes van tomando asiento en las mesas preparadas para la comida. A ellos se sumarán, durante el próximo cuarto de hora, alumnos que llegarán de otros centros cercanos. "Vienen de hasta seis institutos distintos", precisa Raúl García, director del Centre Obert Rialles, la entidad social que gestiona el servicio. 

Si la treintena de chavales que desde este curso 2017-2018 comen a diario en el Puig Castellar no van a casa como el resto de sus compañeros es, entre otras cosas, porque los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Coloma así lo han aconsejado. "Se trata de un servicio nuevo, que garantiza una comida saludable a estos alumnos más vulnerables, menores que cuando estudiaban primaria tenían derecho a una beca de comedor, pero que la han perdido al pasar a secundaria, solo porque se han encontrado con que en su nuevo instituto no había comedor", lamenta la alcaldesa de la ciudad, Núria Parlon.

"Queremos evitar que los niños pierdan su derecho por pasar de primaria a secundaria", afirma Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

Como el de Santa Coloma, donde en el 2012 el consistorio detectó que el 20% de su población infantil tenía necesidades sociales urgentes, también el Ayuntamiento de Cornellà y el Consell Comarcal del Vallès Occidental han decidido este curso organizar comedores escolares en institutos de secundaria, a través de la fundación Probitas (vinculada a la farmacéutica Grífols) y con la colaboración de distintas oenegés locales o de barrio. 

Doble mandato del Parlament

Los consistorios se han puesto manos a la obra después de comprobar que la Generalitat no tiene intención de asumir el servicio, a pesar de que tiene el mandato, por partida doble, del Parlament. En mayo pasado, una moción de la diputada socialista Esther Niubó aprobada por el pleno le instó a cubrir esta demanda. En septiembre, lo hizo de nuevo, a propuesta de Jèssica Albiach, de Catalunya Sí Que es Pot.

"Pero como en tantas otras cuestiones relativas a la educación, como en la etapa de cero a tres años o como en el ocio educativo, la Generalitat se está desentendiendo de los comedores para alumnos de la ESO con necesidades alimentarias", lamenta Niubó. En su moción, la diputada del PSC reclamaba que la Conselleria d’Ensenyament abriera servicios como el que funciona en Santa Coloma en todos los centros de secundaria catalanes donde sean necesarios por razones sociales.

En lugar de eso, denuncia, "las administraciones locales, cansadas de esperar, han tenido que tomar otra vez la iniciativa". De hecho fueron organizaciones privadas, como Probitas que trabaja en ello desde hace cuatro años, las que tomaron la iniciativa en vista de que la necesidad no estaba cubierta, recuerda Marta Segú, directora de la fundación.

"Es ilógico que una ayuda social como la beca de comedor desaparezca cuando un niño pasa de primaria a secundaria, aunque las condiciones de su familia no hayan mejorado", protesta Ignasi Giménez, presidente del Consell Comarcal del Vallès Occidental. El próximo enero, nueve institutos de esta comarca abrirán también sus propios servicios de alimentación, "y ofrecerán a los usuarios actividades educativas complementarias, porque no se trata de una iniciativa asistencial, sino formativa", subraya Giménez, también alcalde de Castellar del Vallès.

"Es un programa que va más allá de lo alimentario, también es educativo", dice Ignasi Giménez, presidente del Consell del Vallès Occidental

El proyecto de la fundación Probitas, bautizado como RAI-ESO (refuerzo de la alimentación infantil en la ESO), mantiene abiertos este curso 2017-2018 comedores en 30 institutos de una quincena de municipios catalanes. En total, son 850 los jóvenes beneficiarios del RAI-ESO, el doble del año pasado.

Efectos de la jornada intensiva

La situación de necesidad alimentaria de los adolescentes que están detectando tanto ayuntamientos como entidades sociales es consecuencia de la decisión, adoptada en el 2012-2013 por la entonces consellera de Ensenyament Irene Rigau, de autorizar que los institutos se acogieran a la jornada intensiva, es decir, que empezaran la jornada a las ocho de la mañana y la terminaran a las tres de la tarde, sin clases por la tarde.

A la medida, que en principio se planteó por razones de ahorro económico, se han acogido 488 de los 563 institutos públicos que hay en Catalunya, un 86,7%, según datos facilitados la semana pasada por el Síndic de Greuges y correspondientes al curso 2016-2017. De ellos, solo 48 centros tienen servicio de comedor escolar (9,8%), y 130 más tienen cantina (26,6%). Esto significa que 310 institutos (63,5% de los que tienen jornada intensiva y 55,1% del total) no ofrecen ningún servicio alimentario para sus alumnos.

Preguntada al respecto hace tres meses -coincidiendo con el inicio del curso escolar-, la ahora exconsellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, admitió que la Generalitat no tenía previsto que el servicio de comedor fuera obligatorio en secundaria. De hecho, el borrador del decreto que debía regular la gestión y el funcionamiento de los comedores escolares en Catalunya, ahora paralizado, solo preveía que este fuera opcional "cuando concurran circunstancias que aconsejen la prestación".