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El sistema de protección de menores, en el banquillo

La entidad Aprodeme, que representa a 800 afectados, presenta tres denuncias para que se reforme el modelo

Las familias denuncian "retiradas arbitrarias" sin mediar un juez y sin saber las causas por las que las separan de sus hijos

Teresa Pérez / Barcelona

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Toni Civis, padre de un niño de 8 años, retirado por la Generalitat y dado en régimen de acogida, el viernes en Barcelona.  / JOAN CORTADELLAS

La Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), que representa a más de 800 familias a las que la Administración ha retirado a sus hijos, presentará este martes en Barcelona una denuncia colectiva para exigir la reforma total del sistema de protección de menores en España. La iniciativa se tramitará simultáneamente en tres instituciones y organismos: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Síndic de Greuges y en la sede del Parlamento Europeo en Barcelona.

La denuncia, que también se presentará en Madrid, documenta casos de cientos de niños "separados de sus familias de forma abusiva y brutal, una decisión que toman funcionarios sin que en ella intervenga ningún juez", señala Francisco Cárdenas, presidente de Aprodeme y padre afectado por la decisión de la dirección general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Cárdenas vio por última vez, físicamente, a su hija el 12 de marzo del 2009 porque, mentalmente, su recuerdo lo tiene presente cada día.

La demanda reclama que se cumplan varios puntos esenciales. El primero, definir claramente las causas de desamparo (los motivos por los que la Administración quita los niños a las familias) para evitar que se produzcan "retiradas arbitrarias". También, que sea un juez "especialista, imparcial y experto" el que decida el desamparo del niño y no funcionarios de Bienestar Social como sucede actualmente. En Francia, Italia y Canadá da luz un magistrado. Los denunciantes también reclaman la creación de juzgados especializados, similares a los de violencia machista, para que las vistas orales sean rápidas y, por último, solicitan a la Fiscalía que inste a la Administración "a cumplir las leyes que protegen al menor".

Desgarros familiares

Enrique Vila, abogado que  presenta la denuncia en nombre de Aprodeme y también uno de los letrados encargados del caso de los niños robados en el franquismo, cuestiona el actual sistema de protección que se ha convertido "en un monstruo que se retroalimenta a sí mismo con cientos de funcionarios,  cuya cifra no se corresponde con el número de menores desamparados". Vila tiene claro que las retiradas de los menores de su hogar "deben ser la última opción y solo en casos extremos de peligro físico o psíquico".

La elaboración de esta macrodenuncia se ha realizado paralelamente a una campaña en Change.org que han firmado 1.363 personas. Sus testimonios, muchos de los cuales se incluyen en la demanda, muestran "sufrimiento, dolorosos desgarros familiares y con frecuencia la ruptura de los lazos paternofiliales de  forma irreversible”, señala Andreu Cruz, un padre al que la DGAIA intentó retirarle a los niños y solo cejó cuando el afectado emprendió una insistente campaña en las redes sociales denunciando la situación y «un alto cargo de la Generalitat me llamó para que la frenara», afirma. 

Lluís P.,  otro padre afectado, reivindica que "el opaco sistema de protección con fundaciones y redes clientelares se sustituya por otro transparente y protector de familias". La solución no pasa por sacar al niño de su familia sino ayudarla a mejorar la situación, aseguran.

Delante de sus compañeros

La retirada del menor se produce cuando la Administración dictamina que el pequeño está en situación de desamparo por diversas causas como divorcios complicados o alertas que observan colegios y hospitales. Las retiradas de los menores suceden en la calle, ya que en los hogares se necesita una orden judicial, y, mayoritariamente en los colegios, como le sucedió a la hija de Manuela G. F., que con 10 años, la sacaron de clase delante de sus compañeros, mientras gritaba y lloraba que quería ver a sus padres. A la nieta de Josep Maria Puigdengoles se la llevaron cuando estaba de colonias con otros de niños. 

Tras este trámite, los pequeños ingresan generalmente en centros de menores o pasan a vivir con algún familiar o con padres de acogida. Y empieza el calvario padres, madres y parientes cercanos para recuperar a los niños. Este proceso se prolonga tanto tiempo que "los menores pierden los vínculos con los familiares biológicos y el equipo psicosocial acaba diciendo que el regreso a su antiguo hogar será negativo para el menor", apunta Vila. Cárdenas añade: "Existe un riesgo grave de que el niño nunca vuelva con sus padres". Vila cita el caso de un menor al que sus abuelos han tardado cinco años en verlo.

Protagonistas mudos

Sara G. M., fue una de estas niñas. Con 13 años estuvo tutelada por la DGAIA durante un año y recuerda que después de esa experiencia "mi vida cambió para siempre porque vi cosas que no me tocaba". La hija de Rocío R. no tuvo mejor suerte "y sigue arrastrando problemas psicológicos por aquellos años". En todo este proceso, los niños son protagonistas mudos: "Nadie habla con ellos, nadie les pregunta qué sienten o qué prefieren", señala una madre afectada.

Mientras dura este largo periodo de separación son los técnicos los que deciden cuándo, dónde y cómo se ven niños y adultos. Las visitas se suelen dar con cuentagotas. Yolanda C. solo ve a su hijo "una hora cada 15 días y con vigilancia. Y nadie se imagina cómo llora porque quiere volver a su casa”. A Toni Civis, padre del pequeño Toni de casi 8 años, los separó la DGAIA, "al día siguiente de cumplir 3 años ya lleva 5 fuera de casa. Ahora vive en acogida con una señora", dice Civis. La familia pidió en marzo a la Generalitat que le concedieran más visitas con el niño. Les han respondido en noviembre "diciendo que no nos dan más porque cuando acaba la visita el niño se queda agobiado", critica Civis.  

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