El Congreso acepta tramitar la ley LGTBI de Podemos

Día marcado en rojo en el calendario del colectivo LGTBI (que engloba a las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales). El Congreso ha admitido este martes a trámite la primera ley integral contra la discriminación de las personas por razón de su sexo, que ha promovido Podemos, recabando las principales demandas de la federación que representa al colectivo afectado. El proyecto legal ha contado con los votos a favor de todos los grupos, salvo el PP, que se ha abstenido en bloque con la excepción del exministro Jorge Fernández Díaz, que ha votado en contra, y llega 12 años después de la aprobación de la ley de matrimonio homosexual y 10 años después de la ley de igualdad. El PP ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. 

La norma recoge el espíritu de leyes autonómicas como la catalana, la madrileña o la extremeña, y va más allá, al contemplar medidas para todo el territorio nacional, entre ellas, la "despatologización" de la transexualidad o la creación de un centro de memoria histórica LGTBI.

Se trata de una ley integral que contempla medidas en el ámbito educativo, laboral, administrativo y familiar que "ayudarán a un colectivo de más de cuatro millones de personas a ser más felices en su día a día", según el presidente de la federación, Jesús Generelo. Entre las medidas, se recoge el derecho "a la autodeterminación de la identidad de género", que significa que ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad sexual.   

En este contexto, se contempla el derecho de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida en los centros hospitalarios públicos, independientemente de su condición sexual, así como una atención sanitaria sin discriminación.

Trámites y documentos adecuados

Además, se adoptarán los mecanismos necesarios para que la documentación administrativa y los formularios médicos se adecuen a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI y, evidentemente, se prohíbe por ley cualquier tipo de discriminación laboral, en cualquiera de los ámbitos. Asimismo, el derecho de admisión no puede contemplar, bajo ningún concepto, la condición sexual.

Para que la norma sea efectiva contempla sanciones que van desde los 3.000 a los 20.000 euros, y se incluyen multas por publicar en internet o las redes sociales contenidos ofensivos y vejatorios, lo que ha recibido numerosas críticas por parte de plataformas en defensa de la libertad de información. En la tramitación, por tanto, se podrían introducir cambios.

En la norma estatal, al igual que en la catalana, figura la inversión de la carga de la prueba, que en determinados supuestos obliga al denunciado a demostrar que no ha discriminado al denunciante.

Un Consejo Estatal para garantizar el cumplimiento

Para garantizar su cumplimiento efectivo, se constituyen varios órganos, entre ellos un Consejo Estatal independiente del Gobierno, que debe remitir al Ejecutivo y las autonomías un informe sobre la implantación de la norma. Con este mecanismo se intenta evitar lo sucedido en Catalunya, donde los colectivos gais denuncian que, más de dos años y medio después de la aprobación de la norma autonómica, aún no se han desplegado aspectos clave de la misma.

Además se crea una comisión interministerial que coordinará "la ejecución en el ámbito de políticas LGTBI con distintos órganos públicos".

El PP ha considerado que la norma es "intervencionista y delirante" porque "pretende estigmatizar a la sociedad en función de su orientación sexual" y ha anunciado que, pese a no "bloquear" su tramitación, sí promoverá un texto alternativo.