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GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Terrassa encarrila la municipalización del servicio del agua

El pleno da luz verde a la creación de la empresa que se encargará de la gestión a partir del próximo año

Es la primera gran ciudad catalana que decide devolver al ámbito público un servicio esencial

Albert Segura / Terrassa

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Depósitos de agua en Terrassa. / ROBERT RAMOS

La ciudad de Terrassa ha puesto rumbo, y parece que sin retorno, a la municipalización del agua. De este modo, pasará de encontrarse bajo el control del actual gestor, la empresa privada Mina d’Aigües, y que ha asumido el servicio desde hace 75 años, a estar bajo el paraguas del ayuntamiento a través de una empresa pública. El pleno aprobó este jueves poner fin a esta historia en pro, según aseguran sus promotores, de una gestión más transparente y eficiente. Se trata de la primera gran ciudad catalana (215.000 habitantes) que aprueba la remunicipalización de este servicio básico en las últimos décadas.

La cocapital vallesana da carpetazo a un tema que se ha vuelto incómodo en la localidad, que nació a partir de la petición de parte de la ciudadana y que traspasó al ámbito político a través de los partidos de izquierdas. Finalmente, el alcalde Jordi Ballart (PSC) asumió tal petición como tema de ciudad, y tomó el mando de un proceso que lo ha llevado a recibir amenazas anónimas en su propio domicilio. Aun así, no se ha movido ni un milímetro del compromiso tomado, por lo que el proceso ha seguido su curso.

El dictamen ha obtenido el voto favorable de PSC, Tec, ERC-MES y CUP, que suman 20 de los 27 concejales, la abstención del PDECat, con 3, y el voto en contra de Ciudadanos y PP, que suman otros 4.

El servicio del suministro del agua en Terrassa expiraba en diciembre del pasado año, por lo que el consistorio optó por aplicar una prórroga de un año que ahora se deberá repetir a finales de 2017. De hecho, el próximo mes de octubre se realizará una inspección a Mina con el fin de acabar de revertir los bienes vinculados a la gestión de la actividad para determinar qué deberá traspasarse a la nueva empresa municipal.

Las relaciones han ido de mal en peor entre Ayuntamiento y Mina, que tiene un 35% de su capital en manos de Agbar y un 10% en las de BBVA. El consistorio tomó la iniciativa de iniciar un debate ciudadano, al considerar que se trata de uno de los temas más importantes y estratégicos que la ciudad tiene entre manos en los 40 años de gobierno democrático.

Por todo ello, el proceso debería garantizar costes más justos. "Terrassa está abriendo un nuevo camino, somos una ciudad pionera", ha señalado en el pleno Ballart. Entre las novedades que incorpora el nuevo planteamiento destaca que la cuota dejará de ser una tarifa y se convertirá en una tasa aprobada en forma de ordenanza municipal.

Así, el informe que el consistorio ha encargado a la consultora PWACS SL establece que el tipo de servicio más sostenible y eficiente del agua en Terrassa es de gestión directa, con una mayor flexibilidad a través de una Entidad Pública Empresarial Local (EPEL). El ayuntamiento, además, se compromete a subrogar a todos los trabajadores de Mina, con el fin de que se incorporen y pasen a formar parte de la nueva empresa pública.

El reglamento de la nueva empresa se basará en la transparencia económica y financiera de su gestión y en la participación ciudadana, de modo que las políticas y decisiones estratégicas que la dirijan se tomarán teniendo en cuenta a la opinión pública. A la vez, se incluirá un apartado de medidas sociales con el fin de garantizar el acceso básico al agua de todas las personas y familias en riesgo de exclusión.

Por su parte, Mina ha evitado hacer un pronunciamiento en firme hasta que no analice el informe, por lo que se ha limitado a asegurar a través de un comunicado que mantiene la voluntad de diálogo con el consistorio vallesano. Más allá de la intención manifiesta de conservar la gestión del servicio, la empresa reclama hasta 60 millones de euros para finiquitar las relaciones, una cifra que el consistorio reduce a dos millones, con coste cero de asunción de las nuevas tareas.

La marea de Terrassa

"Después del paso que está dando Terrassa vendrán otros, y todos en la misma dirección: garantizar y preservar la titularidad pública y municipal del agua e impedir que sea tratada como si fuera un negocio", señalaba Ballart. Y es así, dado que otras localidades ya han puesto el foco en posibles cambios en el sistema de gestión del agua. Es el caso de Sabadell, donde el agua está gestionada por la empresa Aigües Sabadell, participada en un 10% por el consistorio, una concesión que se rubricó en 1948 y que tiene vigencia hasta 2048. 

Agua pública, agua privada

El cambio de gobierno que se produjo en muchos municipios en el 2015, sobre todo del entorno metropolitano, propició que se pusiese la lupa sobre aspectos vinculados con los servicios externalizados. Por lo que al agua refiere, una decisión judicial encendió la mecha.

En el 2012 se creó una empresa mixta con participación pública, con un 15% del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y mayoría de capital privado (70% de Agbar y 15% de La Caixa), que obtuvo la concesión del abastecimiento del servicio integral del agua para 23 municipios de la AMB. Pero fue impugnada por otras empresas del sector que consideraron que la constitución de la empresa mixta no había seguido un procedimiento de libre concurrencia.

Por ello, en el 2016, una sentencia judicial anuló este proceso, que ahora está pendiente de un recurso de casación de Aigües de Barcelona presentado ante el Tribunal Supremo. Ante la posibilidad de que se anule, parte de los municipios afectados están estudiando modelos públicos alternativos de gestión directa como el que se ha materializado en Terrassa.

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