CEAS-Sahara reclama "todas las garantías procesales" para el grupo de saharauis que permanecen en Barajas

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La Coordinadora Estatal De Asociaciones Solidarias Con El Sáhara (CEAS-Sahara) ha reclamado este jueves 31 de agosto "todas las garantías procesales" para la resolución de la solicitud de asilo político del grupo de saharauis solicitantes de amparo que siguen una huelga de hambre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Según ha defendido la organización en un comunicado, se trata de un grupo de jóvenes saharauis que "quieren mirar hacia adelante y labrarse un futuro más prometedor e ilusionante". "Como tantas personas en todo el mundo, jóvenes que dejan atrás sus lugares de origen para emigrar a otros que les puedan ofrecer nuevas oportunidades, sueños e ilusiones", ha remachado.

En este sentido, CEAS-Sahara ha insistido en que los saharauis, "como el resto de personas del mundo, tienen derecho a migrar y a desarrollar sus vidas en el lugar que mejor les parezca", y ha apuntado que, desde hace más de 40 años, las personas refugiadas saharauis "sobreviven 'almacenadas' en unos campamentos marcados por la desesperación y la impotencia, altamente dependientes de la ayuda exterior, y en condiciones muy inestables, lo que les convierte en población extremadamente vulnerable".

Asimismo, la organización ha insistido en que estos jóvenes saharauis en huelga de hambre en el aeropuerto de Madrid "han vivido condenados al exilio, desde que sus padres y madres y abuelos y abuelas vieron arrebatados sus derechos, y son conscientes de los relatos y sufrimientos por las torturas, bombardeos, asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y tantas otras atrocidades desde la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, el 14 de noviembre de 1975".

"La responsabilidad del Estado español con el pueblo saharaui ha brillado por su ausencia desde esa fecha y el comportamiento de sus responsables políticos no puede continuar alejándose de la realidad histórica y jurídica. Tienen que variar de rumbo", ha subrayado CEAS-Sahara, para después exigir a Estado español que asuma "las responsabilidades que, como Potencia Administradora, sigue ostentando".