La Generalitat llevará ante el juez a los padres que ataquen a un profesor

A bolsazo limpio y al grito de "hijo de puta". La última sentencia judicial por una agresión a un maestro que se ha conocido públicamente en Catalunya data de abril del 2016 y en ella se condena a un año de cárcel a una mujer de Barcelona por golpear con su bolso al profesor de su hijo, insultarlo y amenazarlo de muerte.  Al parecer, el niño había sido castigado sin patio en el colegio por haber lanzado un estuche a otro alumno. El chaval, que entonces tenía nueve años, no quiso cumplir el castigo, perdió los nervios y tuvo que ser contenido físicamente por varios profesores en el despacho del director. Cuando la madre supo lo que había pasado, reaccionó violentamente, abordó al docente por la calle y le agredió. 

Aunque los casos graves como este, ocurrido el 2014, son afortunadamente escasos, a partir del próximo curso 2017-2018, cuando un adulto que no forme parte de la plantilla de una escuela (padre, madre, abuelo o hermano mayor de un alumno) ataque violentamente a un profesor se enfrentará a todo el peso de la Administración. Este septiembre entra en vigor el protocolo de prevención, detección y actuación ante agresiones a trabajadores de la enseñanza, en el que, entre otras cosas, "está previsto que la Abogacía de la Generalitat se persone como acusación particular en todos esos casos", ha detallado el director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Ignasi Garcia Plata. 

El Govern ejercerá de acusación particular cuando una persona externa al colegio atente contra un maestro

Si el docente -y cualquier otro trabajador de un centro educativo público- que ha sido víctima de algún ataque se siente intimidado "o por cualquier otra razón no quiere ser él quien tramite la denuncia", indica Garcia Plata, será la Conselleria d’Ensenyament la que adopte medidas judiciales contra el agresor. "Excepcionalmente, y por causas justificadas, se contempla la posibilidad de que cualquier órgano de la Administración sea el que presente la demanda si la persona afectada no quiere hacerlo, pero los hechos pueden constituir un delito público", ha precisado el director general. Son prácticas, sentencia, que hay que atajar de raíz.

El nuevo protocolo, que ha sido consensuado con los sindicatos de enseñanza en el seno de la Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales, incluye no solo las agresiones, "sino también las amenazas, coacciones, injurias y calumnias contra el personal que se produzcan dentro o fuera del centro educativo, y derivadas del ejercicio de sus funciones". 

Alumnos y compañeros

El documento no prevé, sin embargo, actuar en caso de que la violencia sea causada por un alumno del propio centro (como el ataque, en abril del 2015, cometido en el instituto Joan Fuster de Barcelona), ni el acoso psicológico laboral o sexual entre compañeros, ni los actos violentos entre dos trabajadores de la misma escuela o instituto, "ya que en esos casos por los que ya existen otras vías y protocolos de actuación", han recordado fuentes de Ensenyament. 

Según la Oficina del Defensor del Profesor puesta en marcha por la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) hace 12 años para atender estos casos, en el curso 2015-2016, el último del que hay datos disponibles, las agresiones a docentes por parte de padres van de baja. De las denuncias de profesores contra progenitores tramitadas por este organismo en toda España solo un 2% se refirieron a agresiones físicas, un 28% fueron relativas a situaciones de acoso de padres contra maestros y un 8% fueron por la presión recibida por los docentes para cambiar las notas de un estudiante.

"Son situaciones minoritarias, pero tienen un efecto fatal sobre los docentes, porque cuando a un profesor se le ataca de ese modo, se invade no solo su ámbito personal, también se le cuestiona y se le pone en duda como profesional", lamenta Jesús Niño, director de la oficina. Los datos recogidos por la entidad señalan que un 58% de los docentes españoles sufren problemas de ansiedad y depresión, fruto de los ataques sufridos durante el ejercicio de su profesión.

El Estado todavía no ha desplegado el artículo de la LOMCE que convierte al profesor en autoridad pública

Además, "la agresión de un padre contra el profesor de su hijo tiene también efectos negativos sobre el niño: ¿es la violencia lo que hay que enseñar a un hijo? ¿Realmente piensan que así están educando a sus hijos?", cuestiona Niño. Algunas comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, ya han concedido rango de autoridad pública a sus docentes, una consideración que también prevé la LOMCE, pero que el ministerio aún no ha desplegado.