Afers Socials investiga los contratos a las fundaciones que gestionan centros de menores

La polémica por los contratos de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a fundaciones que gestionan los centros de menores tutelados ha llegado este miércoles al Parlament. La 'consellera' de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha comparecido en comisión a raiz de las denuncias realizadas por la Confederació General del Treball (CGT) contra el director de la DGAIA, Ricard Calvo, por "adjudicar y favorecer" a la fundación Plataforma Educativa "en la que había tenido cargos", contratos por valor de 98 millones. Bassa ha reconocido que se ha abierto un expediente informativo "para saber cuál es el destino de los recursos públicos" y ha asegurado que, si se demuestran irregularidades, "será contundente".

La mayoría de los grupos políticos han reclamado "transparencia" al departamento y también la comparecencia en el Parlament de Ricard Calvo. Diversos organismos están investigando los contratos a las fundaciones tras la denuncia del sindicato y las quejas tanto de organizaciones sindicales como de trabajadores y de entidades que protegen al menor tutelado aumentan de volumen.

PRECIOS ABUSIVOS

La polvareda levantada por las acusaciones de la CGT ha provocado que la CUP haya llevado 'el caso Calvo' a la Oficina Antifraude y también que algunas fundaciones, como Fasi, vinculada al entramado de empresas de Plataforma Educativa, pagan alquileres que "quintuplican el precio de mercado a inmobiliares en las que tienen participacion las propias empresas. Por dar solo un dato ilustrativo. por una casa en Viladrau se paga un alquiler de 11.000 euros mensuales. Estas acciones las está investigando el Protectorado de Fundaciones.

Calvo, que no ha comparecido en la comisión (y lo hará en septiembre), está "en excedencia en una fundación que él supervisa", ha recordado y cuestionado la diputada de Ciutadans Laura Vilches. La parlamentaria ha reconocido que, aunque "no sea ilegal, es muy feo" y Raül Moreno, representante del PSC, ha insistido: "Desde el punto de vista ético es discutible". Ambos, y Gemma Lienas diputada de Catalunya Sí que es Pot, han pedido la comparecencia del director general en el Parlament y han coincidido con los argumentos expuestos en su día por la CGT, que denunció que, aunque la actuación de Calvo no es ilegal, "sí carece de ética". Moreno ha sugerido: "Hay que blindar la relacion entre las empresas y las personas que dirigen organismos que puedan contratarlas", como es el caso de Calvo.

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Lienas ha interrogado a Bassa en distintas cuestiones: si ha habido contrataciones a dedo y trato preferencial con algunas fundaciones a la hora de adjudicar la gestión. "Usted no puede cerrar los ojos" ante estos hechos, ha argumentado la parlamentaria. Gabriela Serra, de la CUP, ha mencionado que un mes antes de la denuncia formulada por la CGT, ella le había remitido una información sobre el tema "sin recibir ninguna respuesta". "Ustedes no quieren ver las prácticas, los hechos y las cosas que suceden", ha concluido.