Entidades exigen que no se multe a los pasajeros que se opusieron a una deportación

Más de 55 entidades sociales han exigido este lunes a Vueling y a las autoridades que controlan el tráfico aéreo que no se abra expediente a los 11 pasajeros que el pasado sábado impidieron que despegara del aeropuerto de El Prat un avión rumbo a Dakar donde viajaba un senegalés en proceso de expulsión.

El abogado del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos (Iridia) Andrés García Berrio, que asesora legalmente a los pasajeros, ha pedido "que no se abra causa de ningún tipo contra estas personas" y ha solicitado explicaciones a la compañía aérea de los motivos por los que impidieron volar a estas 11 personas.

García Berrio ha explicado que a uno de los pasajeros se le informó verbalmente de que se podría aplicar, para este caso, la Ley de seguridad aérea, que prevé multas de 45.000 a 90.000 euros por infracciones graves; aunque aún no se ha hecho ninguna denuncia de forma oficial.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

El grupo de pasajeros que se opusieron al despeguee aseguran que el emigrante viajaba en condiciones que "vulneraban claramente los derechos humanos". El pasajero iba esposado y escoltado por dos policías.

El hombre era obligado a regresar a su país de origen después de haber intentado entrar en España sin permisos de residencia o de trabajo. La situación irregular se detectó en el aeropuerto y no se le llegó a permitir la entrada de este simpapeles en territorio español.

Laura Arau, una pasajera del vuelo afectado, explicó a este diario que el hombre empezó a gritar cuando el pasaje estaba entrando en el avión y que, de forma "totalmente instintiva y espontánea", unos 50 viajeros se solidarizaron con él y se negaron a ocupar sus asientos hasta que se anulara su expulsión.

MANIATADO

En una rueda de prensa, uno de estos pasajeros, Mikel Basarte, ha explicado que cuando estaban dentro del avión escucharon los gritos de la persona deportada, que estaba "maniatada en los últimos asientos del avión", por lo que muchas de las personas presentes se levantaron para preguntar qué pasaba.

También han asegurado que la tripulación de Vueling en ningún momento comunicó a los pasajeros qué estaba ocurriendo y alegaron el retraso del despegue a un problema en el equipaje.

El abogado que los está asesorando y miembro de la campaña a favor del cierre de los CIE, Andrés García, ha sostenido que es "absolutamente desproporcionado" que se desalojara a todo el avión, y ha añadido que este tipo de deportaciones son habituales y que se producen en condiciones delicadas.