La mitad de lo que se dice en los juicios que necesitan interpretación no se traduce

Más de la mitad (54%) de lo que se dice en juicios con acusados o testigos que necesitan interpretación no se traduce. Así lo demuestran datos sobre 55 vistas hechas en Barcelona en el 2015, que se han presentado en la mañana de este viernes en Barcelona, en el marco de la 7ª Jornada sobre Interpretación en los Servicios Públicos en Catalunya.

Además, los intérpretes hacen una media de 21 errores graves de traducción por hora e intervienen con comentarios ajenos a la traducción (como opiniones y consejos) 45,5 veces por hora. Los operadores judiciales (jueces, fiscales y abogados), por su parte, hablan demasiado rápido: en un 72% de los casos exceden las 180 palabras por minuto (el máximo para que un intérprete pueda traducir correctamente) alcanzando hasta 240 palabras por minuto.

Interpretación libre

“Se vulneran los derechos del acusado porque no se le traduce parte de su juicio y en la parte traducida hay errores demasiado graves”, dice Mariana Orozco, una de las autoras del trabajo, miembro del grupo de investigación MIRAS (Mediació i Interpretació en l’Àmbit Social) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). “Es un gravísima falta del sistema”, coincide Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, que ha participado en la jornada.

LAS VÍCTIMAS, INNMIGRANTES

Las víctimas de estas prácticas generalizadas son en su mayoría inmigrantes sin recursos, según las investigadoras. “Si tuvieran medios, tendrían abogados que harían recurso por vulneración de sus derechos. El drama es que los acusados no se están beneficiando de garantías porque no son conscientes de ello”, afirma Orozco. En el 2015, se llevaron a cabo 25.000 interpretaciones judiciales en Catalunya.

Según los datos presentados, en cada minuto de juicio hay en promedio 2,7 intervenciones de algunos de las personas presentes que nadie traduce al acusado. Las investigadoras han analizado interpretaciones en inglés, francés y rumano: en este último idioma, el número de intervenciones no traducidas alcanza casi 4, debido quizás a una menor formación de los intérpretes en esta lengua. Además, al 54% que no se traduce hay que sumarle un 16% más que se traduce susurrando a la oreja del acusado, de tal manera que no queda rastro de las palabras en la grabación.

“Los operadores judiciales parecen tener un desconocimiento total del papel del intérprete”, opina Orozco. A menudo se solapan al hablar o leen textos a toda velocidad. “Hay una evidente falta de sensibilidad. Además, los jueces tienen una enorme carga de trabajo y la irrupción del elemento extranjero en el juicio penal es reciente”, observa Hernández García.

LA EXTERNALIZACÓN

Josep Peñarroja, presidente de la Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Catalunya, cree que “el gran problema es la externalización del servicio de interpretación sin control. La Generalitat externaliza y no fiscaliza a las empresas”.

Desde el 2005 hasta hoy, la adjudicataria del servicio ha sido la empresa SeproTec. La Generalitat gasta unos 4 millones al año para el servicio, según fuentes de la Conselleria de Justícia. En el 2015, SeproTec recibió entre 30 y 54 euros por hora de interpretación (respectivamente, en el “lote” de las Terres de l’Ebre y en el de Barcelona), según fuentes de la empresa, mientras los intérpretes recibieron en promedio 14 euros brutos por hora.

Orozco y Peñarroja coinciden en que el margen de la empresa es demasiado elevado. “La investigación corrobora lo que llevamos denunciando desde hace más de 10 años: las condiciones en que se prestan este servicio no propician la calidad”, añade Juan Miguel Ortega, presidente Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados. La asociación ha detectado casos en los cuales las empresas emplean intérpretes menos calificados de los incluidos en los listados presentados a los concursos.

“SeproTec solo ha recibido felicitaciones por parte la Generalitat con respecto al servicio que presta”, replican fuentes de la empresa, que afirman que en el 2015 sólo se le notificaron 20 incidencias (el 0,08% de sus servicios), ninguna de ellas relacionadas con la calidad de la interpretación. También justifican su margen con los gastos de seguridad social, indemnizaciones, vacaciones, gestión de certificados y otros gastos.

EL MODELO CANARIO

El sistema catalán no es el único posible. En Canarias, los juzgados contratan directamente a los intérpretes, que cobran el 100% del honorario. También existe un cuerpo oficial de traductores del Estado, por el cual no se convocan oposiciones desde hace años.

“La externalización no ha hecho el servicio más eficiente”, afirma Ortega, que considera que se deberían llevar a cabo controles aleatorios sobre las empresas y establecer un honorario mínimo para los intérpretes.

“Jueces, fiscales y abogados tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos de los procesados. El departamento sólo proporciona a los traductores”, se defienden fuentes de Justícia. A final de julio se presentarán las conclusiones de una comisión para el desarrollo de un registro de intérpretes, según esas fuentes.