El fraude del padrón llega a la preinscripción de alumnos de la ESO

El Consorci d'Educació de Barcelona, el organismo que regula la preinscripción y matrícula de alumnos en la capital catalana, ha estado investigando a 119 familias de la ciudad sospechosas de haber falseado los datos de su padrón municipal para poder tener así más puntuación a la hora de inscribir a sus hijos en colegios de alta demanda este curso 2016-2017. El consorcio certificó que 42 de los casos investigados efectivamente habían realizado un cambio de padrón pocos meses antes de que se iniciara la preinscripción escolar. El proceso ha terminado con sanciones a ocho infractores, aunque todavía hay cuatro expedientes abiertos pendientes de resolución, han confirmado fuentes de la entidad. Una de las particularidades de esta irregularidad, que hasta ahora prácticamente siempre se había detectado entre alumnos de P-3, es que son diversos los casos que corresponden a estudiantes de primero de ESO.

Pese a que "se trata de una práctica fraudulenta que no está relacionada con una única tipología de centros educativos", según señalan fuentes del Síndic de Greuges -que este jueves ha denunciado los hechos-, lo cierto es que varios de los casos detectados se registraron en centros educativos de los denominados innovadores. La oficina del defensor del pueblo catalán cita como ejemplos el instituto-escuela Costa i Llobera, de titularidad pública, y los colegios concertados Súnion y Montserrat, todos ellos con una gran reputación pedagógica en Barcelona.

En el Costa i Llobera y en Súnion, el Síndic asegura que se localizaron 33 familias (15 en el primero y 18 en el segundo) que "habían realizado movimientos padronales justo antes del proceso de preinscripción escolar". "Si bien estos movimientos no son necesariamente evidencia de fraude -aclara-, conviene destacar la elevada proporción de alumnado preinscrito en el centro que modifica su residencia justo antes de la preinscripción, lo que sí podría ser indicativo de la posible existencia de irregularidades", apunta. Según sus investigaciones, en al menos 17 de los casos "había indicios fundamentados de irregularidad". "Y solo en uno -en el colegio Súnion- ha habido sanción", lamenta el Síndic, que carga duramente contra la gestión que ha hecho el consorcio.

Según su versión, durante los periodos de presentación de alegaciones, las familias argumentan "separaciones temporales con posteriores reconciliaciones, o también obras temporales en casa, sin aportar pruebas que acrediten que efectivamente residían en el domicilio alegado en el proceso de admisión de alumnado (como recibos domiciliados)". Como mucho, asegura el Síndic, "suelen aportar documentos como copia de supuestos acuerdos privados entre partes de separación" o "fotos de casas con obras", pero muchos no aportan documentación que acredite que residían en el domicilio que alegaron durante el proceso de admisión de alumnado.

LOS OCHO INFRACTORES

De las ocho familias sancionadas por el consorcio, cinco han presentado recursos de alzada contra la sanción, de la que finalmente se han librado después de acreditar con nueva documentación su lugar de residencia. Un sexto expediente sí ha terminado en penalización, pero la familia ha interpuesto un contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia. Los dos casos restantes han culminado con la pérdida de la plaza escolar, ha detallado el consorcio, que insiste en que ha adoptado todas las medidas a su alcance para garantizar la igualdad de oportunidades entre alumnos durante el periodo de preinscripción.

Para el Síndic, en cambio, en la acción del organismo regulador, que está participado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, "ha habido mala praxis". Igual que la ha habido por parte de algunos de los centros educativos implicados y de varias familias. La institutición que dirige Rafael Ribó recomienda que se abra "un expediente informativo a la presidencia de la Comisión de Garantías de Admisión en Barcelona por haber autorizado, sin justificación, ampliaciones de ratio en dos de los centros investigados sin respetar en la inscripción de alumnado el orden de la lista de espera". Este hecho, afirma, "es una clara vulneración del derecho a garantizar el acceso al sistema en condiciones de igualdad" y origen de segregación escolar.

A este respecto, el consorcio argumenta que la ratio (o número máximo de alumnos por aula) se amplió este curso en 130 centros educativos de Barcelona (bastantes más que los investigados), tanto en P-3 como en primer curso de la ESO. Tras la preinscripción del 2017-2018, prosigue el organismo, "no se ha autorizado ningún aumento de ratio, pese a que algunos centros lo han solicitado, a fin de poder realizar una distribución equitativa de la matrícula viva, es decir de los estudiantes que vayan llegando a lo largo del próximo curso escolar.

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