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La comisión que debe revisar el modelo de protección al menor, estancada

El Parlament instó en febrero al Govern para que se constituyera en dos meses

TERESA PÉREZ / BARCELONA

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Menores en un centro de Badalona. / JULIO CARBO

El sistema de protección de la infancia, la retirada de niños a sus familias y las condiciones de los centros donde van a parar, está en el punto de mira. El Parlament de Catalunya aprobó el pasado mes de febrero instar al Govern a crear, en el plazo de dos meses, una comisión mixta integrada por colectivos implicados para revisar a fondo el polémico modelo protección al menor. El plazo de constitución se ha rebasado, pero este organismo todavía no ha echado a andar, y debe presentar las primeras conclusiones en seis meses. El objetivo es crear un sistema de prevención que sustituya al actual.

La dirección general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) tiene cerca de  7.000 (6.956) chavales, retirados a sus familias y cuya tutela ha asumido para protegerlos de situaciones de riesgo y desamparo, según los datos reflejados en su último informe del mes de marzo. El 54,4% están en acogida y el resto en espacios residenciales: un total de 1.870 en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) y 116 en Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI). 

PROBLEMAS DE CONDUCTA

Las familias afectadas por la retirada de menores han reclamado insistentemente que este trámite se realice con la intervención de un juez y no mediante una resolución administrativa, como sucede actualmente. Cuatro entidades, encabezadas por la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), presentarán una denuncia colectiva, en principio antes del verano y respaldada por un centenar de familias, ante la Fiscalía General del Estado y el Parlamento Europeo contra el actual modelo de prevención.

No solo el sistema de retirada de los menores, también la situación de estos centros ha sido criticada por sindicatos, familias, afectados y también en los informes elaborados por el Síndic de Greuges. Las deficientes instalaciones, la falta de personal, la saturación, precaridad laboral, la convivencia de menores con diversas patologías y las múltiples agresiones registradas que, según los sindicatos, “dejan muy cortas las cifras que maneja la Generalitat”. A su juicio, “el problema es que en casi todos los centros hay algún menor con problemas de conducta o salud mental, ya que no existen suficientes recursos para atender las situaciones individuales”.

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