Varapalo judicial a la Generalitat por la retirada de dos menores a su madre

Un juzgado de Barcelona ha ordenado al Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción (ICAA) que devuelva “de inmediato” a su familia a los hermanos T. y P. que fueron retirados el 8 de septiembre del 2015 y desde entonces llevan 18 meses ingresados en un centro de menores. T., una niña que ahora tiene 14 años, ha pasado más tiempo fugada que en el centro. “Algunas escapadas han durado seis meses”, afirma O. B., madre de los pequeños. Y añade que la niña lleva meses sin aparecer por el recinto y vive en una localidad del área metropolitana de Barcelona.

La Administración, para sacar a estos menores del hogar familiar, se basó en diferentes informes, que alegaban que los pequeños se encontraban “en una grave situación de desprotección”. Sin embargo, el magistrado rebate las resoluciones de los profesionales afirmando que “estaban basadas en unos presupuestos falsos que llevaron a una errónea estimación de la concurrencia de los factores de riesgo y desamparo de los menores”.

Por ello, el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Barcelona califica de “negligente la actuación de los profesionales” que han elaborado los informes y critica su “falta de objetividad y autocrítica y la parcialidad”. Y añade que "las negativas conclusiones sobre la demandante que llevaron al cese del acogimiento, deben de ser rechazadas por carecer de base científica, siendo meras opiniones de empleados que no estaban cualificados para emitirlas".

El juez solicita que los trabajadores R. M., C. M., R. S., C. L. y R. M. sean “excluidos de cualquier decisión, consulta o intervención y control” de los menores. El fallo del pasado 6 de marzo requiere al Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción y a la dirección general de Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), ambos dependientes del departamento de Treball, Afers Socials y Famílies de la Generalitat, que “designe a profesionales debidamente cualificados”.

ECHAR DE MENOS A LA MADRE

Pese a la contundente argumentación de la sentencia, la DGAIA no ha entregado a los menores a O. B.,  madre acogedora que en el momento de la retirada estaba en fase de preadopción de los pequeños. Los tres han formado una familia monoparental durante siete años. La Generalitat argumenta para no retornar al niño a su hogar (la niña está fugada) que la sentencia puede ser recurrida. O. B. quiere que el regreso a casa del pequeño P. sea lo más dulce posible: "Ha sufrido una gran tensión durante estos 18 meses y no quiero que vea que reclamo por él y no salga", señala la mujer. El niño ya manifestó en el juicio que "echaba de menos a su madre y hermana y que cuando vivía con ellas estaba muy bien". 

El caso de B. O. guarda algunas semejanzas con el de J. M. P. que solamente consiguió sacar a la niña del centro de menores, previa orden judicial, cuando se personó en el recinto a finales del pasado año exigiendo el cumplimiento del fallo judicial porque “si no recurriría a los Mossos d’Esquadra" para que le ayudaran a conseguirlo, recuerda el afectado, y puntualiza: “Tienen mal perder”.

La resolución judicial sobre los pequeños T. y P. viene a respaldar las reivindicaciones de las asociaciones y profesionales que trabajan en la defensa del menor, que vienen reclamando insistentemente que el desamparo de niños no sea mediante una “resolución administrativa”, que intervenga desde el principio un juez.

COSTE DEL PROCESO

La abogada Sílvia Giménez-Salinas es tajante: “¿Cómo puede ser que la retirada de un hijo, que es el bien más preciado para unos padres, la decidan psicólogos o asistentes y no un juez?”. Los tribunales tan solo intervienen para recuperar a los niños siempre y cuando los afectados tengan paciencia y suficientes recursos económicos. O. B. lleva gastados más de 6.000 euros en el proceso judicial y todavía no tiene a los niños en casa. Normalmente se tarda hasta tres años en recuperar a los menores retirados por la Administración.

Cuando se dicta un desamparo, las familias biológicas, acogedoras o adoptivas tienen que cumplir un plan individualizado para demostrar a la DGAIA que son buenos progenitores. Este 'plannig' lo elaboran “los mismos profesionales que han decidido retirarte a tu hijo”, critica Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme). La familia tiene que cumplir esos objetivos y mientras tanto puede ver a los pequeños una vez al mes o cada 15 días en el Espai de Visites d'Infants i Adolescents, pero siempre vigilados por un técnico que les llama la atención si el niño conversa con los padres en voz baja. "Yo tardé más de un año en poder verlos", apunta O. B. Hay otros casos, como el de T. C. que,  pese a su oposición, su hijo reside con una familia de acogida tras declararlo en desamparo.