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Rigau, sobre el dinero de las guarderías a la concertada: "Lo que hicimos no fue desviar, sino administrar de diferente manera"

"La prioridad era pagar las nóminas del profesorado", defiende la 'exconsellera' de Ensenyament

RECORTES Protesta contra los recortes, en el 2012, en Barcelona.

RECORTES Protesta contra los recortes, en el 2012, en Barcelona. / FERRAN NADEU

Un día después de que EL PERIÓDICO haya denunciado que Ensenyament derivó a colegios concertados casi la totalidad presupuestada en el 2012 y el 2014 para la red de parvularios municipales, o sea, 81 millones de euros, la entonces 'consellera' Irene Rigau ha asegurado este martes con vehemencia: "Lo que hicimos no fue desviar, sino administrar de diferente manera el dinero que había". Lo ha dicho en declaraciones a RAC-1, donde ha defendido que "la prioridad era pagar las nóminas del profesorado. Me extraña que alguien ponga en duda que se tuvieran que pagar las nóminas de los trabajadores".

Respecto a lo que ocurrió con las guarderías, Rigau ha asegurado: "Lo que pagaba la Generalitat lo pagaron las diputaciones, con un acuerdo marco, porque eran de titularidad municipal, porque el Estado había disminuido el presupuesto de la Generalitat y había aumentado el de las diputaciones".

En la misma línea se ha pronunciado la 'consellera' de Presidència, Neus Munté: “Creo que el término desviar recursos públicos es totalmente desafortunado, es falso, si contextualizamos en el momento presupuestario al que se hace referencia -la legislatura 2012-2014- con enormes dificultades presupuestarias, el objetivo fue priorizar las nóminas del profesorado público y concertado", ha asegurado.

"Hubo un acuerdo con las cuatro diputaciones para sostener el tramo 0-3, que no es obligatorio, y para mantener el tramo obligatorio de 3 a 6 años y la garantía de pago de nóminas del profesorado", ha insistido.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, en total se desviaron 81,7 millones que estaban reservadas por la Conselleria d’Ensenyament para financiar el servicio de guardería que prestan los ayuntamientos catalanes a los conciertos educativos, es decir a las escuelas privadas que reciben fondos de la Administración para escolarizar a sus alumnos. Así lo reconocía la misma ‘conselleria’ (entonces dirigida por la convergente Irene Rigau) en una carta registrada el pasado 11 de octubre y enviada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En concreto, fueron más de 42,7 millones en el 2012 y 39 millones más en el 2014.

Una treintena de municipios han puesto una demanda colectiva a la Generalitat por el impago.

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