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Luz verde del Parlament para revisar el cuestionado sistema de protección a la infancia

La Cámara aprueba una moción que insta a cambiar el cuestionado sistema

Una comisión controlará los centros donde van los niños retirados por la DGAIA

TERESA PÉREZ / BARCELONA

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Un grupo de trabajadores de centros de menores de la fundación FASI protestan ante la sede de la DGAIA por los recortes, el pasado diciembre. / JORDI COTRINA

El Parlament ha aprobado este jueves dos mociones presentadas por Catalunya Sí que es Pot y la CUP para revisar a fondo el cuestionado sistema de protección de la infancia en riesgo de la Generalitat y el funcionamiento de los centros donde van a parar los menores retirados por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), que depende de la Conselleria de Afers Socials. Diversos colectivos y el Síndic de Greuges han denunciado a este diario el trato, la saturación y funcionamiento de algunos centros y las precarias condiciones laborales de los trabajadores. 

La Cámara catalana ha emplazado al Govern, tal y como recogía la moción de Catalunya Sí Que es Pot presentada por Gemma Lienas, a crear en dos meses, una comisión mixta integrada por  los colectivos implicados en la protección a la infancia: Parlament, Govern, ayuntamientos, sindicatos, expertos y entidades sociales. La comisión presentará las conclusiones preliminares en seis meses y las finales, en un año.

DESGARROS FAMILIARES

Este grupo se creará en la Conselleria de Afers Socials en lugar de en el Parlament porque: "Si hay que repensar el modelo, ha de ser desde dentro del sistema", ha señalado Montserrat Vilella, diputada del grupo Junts pel Sí. Lienas ha puntualizado que el objetivo es crear un modelo de prevención a la infancia en riesgo que sustituya al actual, basado en un modelo asistencial para "proteger a las familias y evitar desgarros por la retirada de los menores". 

La titular del departamento Dolors Bassa ha restado importancia, a la salida del pleno, al hecho de todos los grupos hayan estado de acuerdo en revisar el sistema de protección de menores. Y ha introducido un matiz semántico: "No se trata de revisar sino de repensar el sistema.Ver qué funciona y qué no". 

El Parlament ha ratificado también la moción de la CUP, defendida por Gabriela Serra, para que un equipo supervise las condiciones de vida en los centros. Serra ha reclamado que el sistema de atención a la infancia "sea público" y no mixto como el actual.

Acuerdos del pleno y consejos del Síndic 

El Parlament ha aprobado que el grupo de trabajo que revise el sistema de protección tenga en cuenta las recomendaciones realizadas por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en sus informes anuales y el cumplimiento de las mociones aprobadas por la Cámara catalana sobre infancia en riesgo como, por ejemplo, que se facilite a la familia una copia del informe con los motivos de la retirada de sus hijos y que se cumplan el plazo de tiempo que como máximo (seis meses) el menor deben permanecer en el centro. El Síndic, por su parte, ha denunciado en sus informes la sobresaturación de los centros y la convivencia en un mismo espacio de menores con problemas mentales con otros con conductas violentas. También ha puesto en dedo en la llaga sobre los enfrentamientos que se producen en los recintos tanto entre los internos como, entre estos y sus cuidadores.

GARANTÍAS

La retirada de un menor de su familia se produce cuando la DGAIA dictamina que un niño está en situación de desamparo. Esta se produce en la calle, en la escuela o en hospitales. La decisión es administrativa, sin garantías judiciales, el magistrado solo interviene cuando la familia quiere recuperar a su hijo, pero el coste económico y la lentitud del proceso provoca que solo lleguen hasta los tribunales las familias con recursos. 

El funcionamiento del sistema ha provocado que la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), con sede en Barcelona, esté ultimando una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el Parlamento Europeo por el funcionamiento del sistema de protección al menor. Esta iniciativa respaldada por siete entidades y más de 80 familias la defiende el abogado Enrique Vila, el mismo que lleva la causa de los bebés robados durante el franquismo.

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