PEDERASTIA EN LA ESCUELA
El Parlamento Europeo investiga el caso de abusos sexuales en los Maristas
El primer padre que denunció los hechos considera que la Administración catalana y la estatal han vulnerado los derechos del menor
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
El Parlamento Europeo ha abierto una investigación ante la denuncia presentada en mayo ante esta institución por Manuel Barbero, el primer padre que denunció los abusos sexuales padecidos por su hijo abusos sexualesen un colegio de los Maristas de Barcelona, por la ocultación de los hechos por parte de la orden religiosa, la inacción del Gobierno catalán y estatal y la vulneración de los derechos del menor recogidos en las directivas europeas. Esta legislación establece que la Administración tiene la obligación de velar y salvaguardar a los menores.
A principios del 2016, EL PERIÓDICO publicó los abusos sexuales sufridos por el hijo de Manuel Barbero en el colegio de los Maristas de Sants-Les Corts, que fueron cometidos por el que fue su profesor de gimnasia, Joaquim Benítez, que, a la postre, los confesó a una redactora de este diario. En días posteriores, las denuncias de exalumnos de los colegios de Sants-Les Corts y de la Inmaculada, en el Eixample, se fueron acumulando.colegios de Sants-Les Corts y de la Inmaculada Los antiguos estudiantes de los centros presentaron hasta 43 denuncias contra 12 docentes, incluyendo las seis del año 2011 contra el hermano Lucio Zudaire, y un monitor de comedor, Terenci G. Z, de la primera escuela. Los delitos se cometieron entre 1970 y el 2011.
La mayoría de los casos han sido archivados por prescripción, debido a los muchos años que han pasado desde que se perpetraron los abusos. Continúan abierto el del exprofesor de gimnasia Joaquim Benítez por delitos sexuales contra cuatro exalumnos y el del monitor, para quien la fiscalía reclama 16 años de cárcel. Los dos procesos están pendientes de juicio. No ha sido hasta este mes de diciembre cuando el máximo responsable mundial de los Hermanos Maristas ha pedido perdón a las víctimas.
LOS DEPREDADORES
En su denuncia ante el Parlamento Europeo, Barbero relata no solo el caso de su hijo, sino también el de las otras víctimas. El texto detalla que se han contabilizado hasta 21 “depredadores” sexuales entre denunciados y no, con unas 50 víctimas abusadas y 35 “maltratadas y vejadas”.
El padre destaca la “opacidad” de los centros de la orden religiosa, pero también hace hincapié en que el Gobierno de Catalunya “no se ha puesto a disposición de las víctimas, no se está investigando” lo sucedido y parece ser que los colegios no serán sancionados. “Podemos decir lo mismo del Gobierno de España”, incide, que ha olvidado que “estamos ante el caso de pederastia más grande visto en España y posiblemente de la Unión Europea”, y “no se está actuando con contundencia y las víctima no se han sentido apoyadas”.
REGISTRO DE PEDERASTAS
En su opinión, ni la Administración catalana (La Generalitat se personó como acusación en el proceso contra Benítez este mes de diciembre, cuando la investigación está acabada) ni la Estatal “han estado a la altura” y considera que desde Europa se deben pedir explicaciones. En el mismo escrito, reclama un registro de pederastas para toda Europa.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo comunicó el pasado 15 de diciembre a Babero que sus planteamientos cumplen los requisitos de admisión a trámite, ya que se tratan de asuntos que inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea. La citada comisión ha iniciado su examen y ha solicitado a la Comisión Europea “que lleve a cabo una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema”. También ha sido trasladado el caso a la comisión de libertades públicas para su información.
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