Las ordenanzas y la ley de carreteras no erradican la prostitución del Empordà

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FERRAN COSCULLUELA / BARCELONA

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La guerra contra la prostitución en las carreteras y las calles del Alt Empordà a golpe de normativa se ha demostrado insuficiente. Desde que se aprobaron las primeras ordenanzas municipales (La Jonquera lo hizo en el 2009) y entró en vigor la modificación de la ley catalana de carreteras, que permite multar a clientes y meretrices desde mediados del 2012, se han impuesto centenares de sanciones con resultados exiguos. Las multas apenas se han podido cobrar y, aunque el número total de prostitutas ha disminuido, numerosas profesionales del sexo siguen apostadas en la vía pública y en la red viaria a pesar de las denuncias.

Un magro balance que contrasta con otros más exitosos, como el conseguido por el Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat), que ha logrado reducir considerablemente el número de prostitutas apostadas en la autovía de Castelldefels. Fuentes municipales explican que solo persiste un reducido grupo de mujeres que llevan muchos años en ese enclave.

A 50 METROS DE LAS MULTAS

En el Empordà, en cambio, el principal logro ha sido puramente estético. Muchas prostitutas establecen ahora sus puestos en vías municipales, a 50 metros de las principales carreteras, para esquivar las multas de los Mossos. Ante estos escasos frutos, los alcaldes se han ratificado en su convencimiento de que esta práctica solo se erradicará con una modificación del Código Penal. Un cambio legislativo para el que los municipios y la Generalitat carecen de competencias.

{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"Lleida se plantea cambiar las multas por trabajos para la comunidad","text":"En Lleida la prostituci\u00f3n tambi\u00e9n sigue muy presente, principalmente en el barrio del centro hist\u00f3rico. La Associaci\u00f3 Antisida de la ciudad suministra preservativos y alg\u00fan tipo de ayuda a m\u00e1s de 500 trabajadoras del sexo, aunque se calcula que son muchas m\u00e1s. A pesar de la ordenanza\u00a0aprobada\u00a0para multar tanto a clientes omo a las propias mujeres, estas siguen en la calle. La mayor\u00eda son chicas j\u00f3venes, extranjeras y sin papeles. Los precios que ofrecen son cada vez m\u00e1s bajos y algunas de ellas cobran\u00a0solo 10 euros. Entre el 2009 y el 2014, la polic\u00eda local impuso 538 denuncias, la gran mayor\u00eda de ellas a 90 meretrices reincidentes y tan solo 42 a clientes. Desde la aprobaci\u00f3n de la normativa, la Polic\u00eda Local tiene potestad para sancionar a quienes ejercen la prostituci\u00f3n en la calle y a sus clientes, con multas\u00a0de entre 300 y 3.000 euros, aunque cinco a\u00f1os m\u00e1s tarde la Paeria opt\u00f3 por rebajar estas cuant\u00edas, estudiando cada denuncia por separado. En algunos casos, decidi\u00f3 cambiar las multas econ\u00f3micas a las trabajadoras del sexo por herramientas de reinserci\u00f3n laboral para ayudarles a salir de la calle. Tras comprobar que la mayor\u00eda de las meretrices no pod\u00edan pagar las sanciones, el consistorio se plante\u00f3 modificar de nuevo la normativa para sustituir las multas por trabajos en beneficio de la comunidad. Una modificaci\u00f3n que todav\u00eda est\u00e1 pendiente de aprobaci\u00f3n.\u00a0LAURA BIELA"}}La Jonquera perdió en el 2010 una batalla legal para impedir la apertura del macroburdel Paradise. Una sentencia del TSJC dio la razón al propietario y obligó al ayuntamiento a concederle la licencia de apertura porque el establecimiento cumplía todos los requisitos legales. Anticipándose a este fallo, el ayuntamiento aprobó una ordenanza que veta la instalación de otro prostíbulo a menos de tres kilómetros de distancia de ese local, y en la que también se prohibió ejercer la prostitución en la vía pública.

Pero tan solo un año después de su entrada en vigor, el consistorio ya reconoció que esa herramienta era insuficiente para frenar un fenómeno que se vio acrecentado por la prohibición de la prostitución en Francia. Los centenares de multas que se habían impuesto hasta mediados del 2012 quedaron en papel mojado debido a que las meretrices no las pagaban (carecen de domicilio reconocido y son insolventes) y la mayoría de clientes, tampoco. Acostumbran a ser franceses a los que, si no pagan al momento, se les abre un expediente administrativo que suele llevar a ninguna parte.

ORDENANZA TIPO

Aun así, dos años después el Consell Comarcal de l'Alt Empordà impulsó una ordenanza tipo dirigida a los municipios de la comarca con el fin de perseguir la prostitución en la calle. En esta normativa se penaliza más al cliente que a la profesional. El ofrecimiento de servicios sexuales está tipificado como falta leve (750 euros de multa), mientras que la solicitud de estos es considerada una infracción grave (hasta 3.000 euros).

La iniciativa comarcal tuvo lugar dos años después de que entrara en vigor la modificación de la ley catalana de carreteras que permite multar a meretrices y clientes (con sanciones que van de 300 a 30.000 euros) escudándose en que ponen en peligro la seguridad del tráfico. Hace seis meses, 'Diari de Girona' ofreció un balance con los últimos datos proporcionados por la Conselleria d’Interior. De las 1.507 sanciones impuestas por los Mossos a clientes y prostitutas entre junio del 2012 y septiembre del 2015, solo se habían cobrado 98.