126.000 dependientes han muerto sin prestación por el hachazo de Rajoy

Los recortes sociales siguen pasando una macabra factura. El número de dependientes reconocidos que han fallecido desde diciembre del 2011 sin haber podido disfrutar de su prestación asciende ya a 126.000, según el balance de legislatura presentado este viernes por el Observatorio Estatal para la Dependencia. El documento cifra en 2.865 millones de euros el hachazo que Mariano Rajoy ha asetado a sistema de ayudas instaurado por su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los datos de la lista de espera son también preocupantes. 1,1 millones de personas tienen reconocida su situación de dependencia pero de ellas, nada menos que 384.326 siguen en lista de espera, sin haber podido acceder a ayuda alguna. Y de esa cantidad, más de una cuarta parte, 106.000, son grandes o graves dependientes.

EL MOMENTO DE DECIDIR

Cuántos de esos casi 400.000 morirán antes de poder disfrutar de su prestación, depende de las decisiones que se tomen a partir de ahora. José Manuel Ramírez Navarro, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que ha creado el observatorio, segura que ha llegado el momento de “tomar una decisión”. “O se invierte de manera decidida e inteligente o se asume que no se puede garantizar el derecho a la dependencia reconocido por la ley”, ha advertido a los integrantes del futuro Gobierno, sea este cual sea.

La decisión a tomar es muy simple, para Ramírez. “Con los 2.800 millones recortados se podría empezar a atender a todos los incluidos en la lista de espera”, certifica. No sería una decisión frívola ni ruinosa por el retorno en impuestos, empleo y cotizaciones sociales que generaría, según los datos del informe.

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Si efectivamente se atendiera a esas 384.000 personas en espera, se generarían más de 90.000 nuevos empleos directos y el incremento de gasto público real sería de solo unos 1.600 millones de euros porque los más de mil restantes se recuperarían con los mencionados retornos de impuestos y cotizaciones. “Sino tienen ni alma ni corazón que saquen la calculadora”, ha retado Ramírez a los gobernantes. Por cada millón de euro gastado se genera una media de 35 empleos que en el caso de alguna autonomía, como en Castilla y León, llegan a ser 50. 

DESERCIÓN DEL ESTADO 

La ley de la Dependencia establecía que el Estado y la comunidades debían financiar a partes iguales el coste del sistema, pero eso nunca llegó a cumplirse. En un momento inicial, la Administración Central asumió el 40% pero el porcentaje han ido bajando hasta situarse en un raquítico 22,6% que ha situado a las autonomías “en tesitura imposible”.

La asociación propone que, además de revertir los recortes, es necesario incluir la dependencia en el sistema de financiación autonómica, que no depende de las decisiones que tome el minsitro de Sanidad. “Ya no nos fiamos del ministro, sea quien sea. Hemos tenido seis en nueve años, a razón de uno cada año y medio”, ha lamentado Ramírez. 

En el anterior informe del Observatorio, correspondiente al primer semestre del 2015, se cifraban en 117.000 los dependientes fallecidos sin prestación y en 2.000 millones de euros el monto total de los recortes. En este informe se señalaba que para contrarestar los recortes el Gobierno aprobó para los presupuestos del 2016 un aumento de… 76 millones.

Una de las vías por las que se han aplicado los recortes es la introducción de nuevos baremos. Estos han supuesto que actualmente haya 64.211 grandes dependientes menos, 16.974 severos menos y 24.000 moderados menos, mientras que han aumentado el 5% el número de personas que quedan fuera del sistema al no obtener grado en la valoración que se les practica.

El observatorio destacaba también que hay 83.302 cuidadores familiares menos y a los que quedan se les ha recortado la prestación al menos un 15% (de 320 euros al mes a 270 de media). También se ha expulsado del convenio especial de cuidadores no profesionales de la Seguridad Social a más de 165.000 personas y ya solo quedan 11.527 cuidadores cotizantes que no tienen apoyos de servicios profesionalizados, ni periodos de descanso ni formación.